El bloqueo agrava la crisis en Justicia y deja 80 vacantes
Desde ayer son ya 80 las sillas vacías en la Justicia. 22 en el Supremo, 33 en tribunales superiores, 24 en audiencias provinciales y una en la Audiencia Nacional, una situación que solo puede ir a peor habida cuenta de las nulas expectativas de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en plena vorágine electoral.
Esta cifra se alcanza con la jubilación del magistrado Miguel Colmenero de la Sala de lo Penal del Supremo, que hasta ahora era la única que permanecía indemne en el alto tribunal, donde la situación es especialmente complicada en lo Social y en lo Contencioso.
Comparada con estas salas, los efectos de la salida de Colmenero son más testimoniales que prácticos en la Sala de lo Penal, compuesta por 15 magistrados, más aun cuando es común que transcurra un tiempo cuando se produce una vacante en cualquier sala antes de que el CGPJ realice el nombramiento. Pero esto no ocurrirá ahora.
Primero porque no hay expectativa alguna de renovar el Consejo General del Poder Judicial en pleno arranque de la precampaña electoral de los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo, y menos aún después, con las generales a fin de año.
Y segundo, porque sigue en vigor la ley impulsada por el Gobierno que prohíbe al órgano de gobierno de los j ueces hacer nombramientos cuando está en funciones, en este caso desde diciembre de 2018.
“Antes el panorama era desolador, ahora uno se queda sin palabras”, afirma un magistrado a Efe que se pregunta “si la situación es digna de una película de terror o de ciencia ficción”.
Y eso que las cifras solo pueden ir a peor. “El problema no es saber que uno está mal, sino que mañana estará peor”, explica otro magistrado, consciente de que las futuras jubilaciones en la alta judicatura agravarán aun más el problema y sus consecuencias porque, como ya advirtió el Supremo, menos jueces, menos sentencias.
El Supremo estima que en 2023 solo en las dos salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social).