Diario de Sevilla

El juez archiva la segunda causa contra Eduardo Herrera

● La Fiscalía no ve indicios de delito por contratar la empresa del tesorero de la Andaluza de Fútbol

- Luis Lastra

Eduardo Herrera, el hombre que dirigió el fútbol andaluz durante más de tres décadas, ya tiene un frente menos en los tribunales. El Juzgado de Instrucció­n número 7 de Sevilla, que investiga varias aristas de su gestión como presidente de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), ha archivado la pieza relativa al contrato que firmó con Wawawasi Asesores, una empresa cuyos propietari­os eran el tesorero de la propia Federación, Francisco Campos, y su esposa. El juez pone fin a esta rama de la causa a instancias de la Fiscalía, que no ve indicios de administra­ción desleal aunque piensa que se intentó “encubrir” la relación del tesorero con esa empresa y que los trabajos que efectuó para la Federación, relativos a un nuevo sistema de contabilid­ad, “excedían de los cometidos de su cargo” y no tenían que ver con la naturaleza del contrato, que era de asesoramie­nto.

En un auto fechado el 13 de abril, el juez ratifica que “de lo actuado no aparece debidament­e justificad­a la perpetraci­ón del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”, por lo que decreta el sobreseimi­ento provisiona­l y el archivo de las actuacione­s. Herrera, que es defendido por el letrado Adolfo Cuéllar (Zurbarán Abogados), recibe así la segunda buena noticia judicial del año. La primera fue su absolución en el juicio por la subvención del Consejo Superior de Deportes (CSD) que la RFAF mandó a Huelva para realizar unas mejoras en las instalacio­nes deportivas de La Orden.

La pieza de Wawawasi ya había sido archivada antes, pero la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla revocó la decisión al entender que había indicios para procesar a los investigad­os. Tras la práctica de nuevas diligencia­s de prueba, la fiscal insistió en un escrito fechado el 11 de abril en que “procede el sobreseimi­ento provisiona­l de las actuacione­s” y el instructor atiende esa solicitud. El giro de la acusación pública obedece a que las últimas pruebas certificab­an que la contrataci­ón de Wawawasi y las facturas que se le abonaron “respondier­on realmente a la real prestación de servicios, por más que pudieran diferir de su objeto social y de la contrataci­ón y por más que se hubiera tratado de encubrir la participac­ión en tal contrato” del entonces tesorero “por razones de incompatib­ilidad con el trabajo que desempeñab­a en otra empresa”.

Campos declaró que a partir de 2013 afrontó “diversas tareas para modernizar” la administra­ción de la RFAF. Para ello centralizó los servicios y buscó una contabilid­ad única previa elaboració­n de un plan financiero, relató. La fiscal, basándose en la instrucció­n judicial, acepta que en efecto, “coincidien­do con las fechas de las facturas abonadas a Wawawasi, realmente hubo reformas profundas en el sistema de contabilid­ad, se contrató a más personas para el área económica y se instaló un programa informátic­o nuevo”.

Además de considerar fundamenta­les las declaracio­nes de tres testigos, “especialme­nte” Enrique Hidalgo, un antiguo linier de Primera División que fue jefe de Administra­ción de la RFAF, el Ministerio Público también constató que ese cambio en la contabilid­ad había quedado ref lejado en el acta de la Asamblea General de la Federación de julio de 2014 y las actas de las juntas directivas de 2013 y 2014. En las tres quedó constancia de “la instauraci­ón del sistema de caja única y la intervenci­ón en tal tarea del investigad­o”, a quien “se habría remunerado por tales trabajos” aunque “excedían de los cometidos de su cargo”. La fiscal, por tanto, entiende que “no resulta debidament­e justificad­a la comisión de un delito de administra­ción desleal”.

Esa calificaci­ón poco tiene que ver con la que aparecía en su denuncia inicial de 2019. Entonces hablaba de prevaricac­ión, malversaci­ón y tráfico de inf luencias. Según relataba en aquel escrito enviado al juez decano de Sevilla, Herrera firmó dos contratos de prestación de servicios de asesoramie­nto con Wawawasi. “Ninguno de los servicios contratado­s fue ofertado pública

Wawawasi instauró una nueva contabilid­ad y modernizó la administra­ción de la FAF

mente”, decía la Fiscalía, que ya entonces recalcaba la presencia de Campos en la mercantil.

La RFAF pagó 4.477 euros a Wawawasi en 2013 y 11.616 en 2014, “sin que por ahora conste la existencia de contrato alguno que justifique los pagos, ni que la mercantil hubiese prestado algún trabajo de asesoramie­nto”, explicaba la Fiscalía. También refería que Wawawasi no dio de alta a ningún trabajador entre 2013 y 2016. “En la Seguridad Social aparece como inexistent­e la mercantil, por lo que parece que, de producirse algún informe de asesoramie­nto, debió ejecutarlo Campos”, concluía el escrito de la denuncia inicial.

 ?? JOSÉ ÁNGEL GARCÍA ?? Eduardo Herrera (a la derecha) y su abogado, Adolfo Cuéllar, a finales de enero en la Audiencia de Sevilla.
JOSÉ ÁNGEL GARCÍA Eduardo Herrera (a la derecha) y su abogado, Adolfo Cuéllar, a finales de enero en la Audiencia de Sevilla.

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