El campo pide medidas urgentes ante la sequía y un pacto de Estado
● El Gobierno se compromete a estudiar más apoyos al sector y a pedir a Bruselas mayor flexibilidad para aplicar la PAC
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias pidieron ayer al Gobierno central y a las autonomías que se habiliten medidas “urgentes” de índole económica y legislativa para paliar los efectos de la sequía severa en el sector primario.
Las cuatro organizaciones participaron en la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía en Madrid, convocada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), a la que acudieron también las autonomías, la federación de regantes (Fenacore) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
La reunión fue presidida por el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati, una circunstancia que fue criticada por buena parte del sector y la propia Junta de Andalucía, que exigían la presencia del ministro, Luis Planas, dada la gravedad del asunto.
El Ministerio ya había avisado que este encuentro iba a ser de diagnóstico de la situación –que es agónica en muchos sectores agrícolas y ganaderos– pero los agricultores creen que “ya no caben más análisis”, sino pasar a la acción. Aun así, tras la reunión, el Gobierno se comprometió a estudiar más medidas de apoyo y a pedir a Bruselas f lexibilidad en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para los sectores afectados por la sequía.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo referencia a esta situación en el Congreso de los Diputados. Dijo que es necesario “reconfigurar” la manera de relacionarse “con un bien cada vez más escaso” como el agua y expresó su deseo de que la lucha contra la sequía se convierta en una “política de Estado”, ya que el “desafío” es “evidente”.
En su opinión, los principales ejes de actuación deben ser la “recuperación de los ríos y acuíferos y la protección de las inundaciones; el impulso al saneamiento, depuración y reutiliza
La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, reclamó al Estado “un nuevo decreto de sequía ampliado a las necesidades de los agricultores y ganaderos del Guadalquivir”, con aplicación, entre el uso, entre otras medidas, de "balsas y sondeos para dar agua al ganado”, informa este departamento en un comunicado. Carmen Crespo volvió a reclamar una reunión bilateral con Luis Planas para tratar cuestiones relacionadas con el impacto de la escasez de recursos hídricos en el campo andaluz. Asimismo, solicitó que el ministro Planas intermedie en defensa de los agricultores y ganaderos ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, competente en obras hidráulicas de interés del Estado pendientes en Andalucía que tienen gran peso para el campo.
ción del agua; y la digitalización de la administración” de este recurso, especialmente en el sector primario.
Según afirma, el Gobierno ha dedicado 2.082 millones de euros en los presupuestos de 2023 y otros 1.055 millones de los fondos europeos de recuperación para tratar de conseguir estos objetivos.
Mientras, los agricultores esperan como agua de mayo un nuevo decreto de sequía, que se hace de rogar. El presidente de Asaja, Pedro Barato, pidió un decreto de sequía “urgente” que recoja medidas económicas, fiscales y en el ámbito de los seguros agrarios.
Además, pidió f lexibilidad a la hora de aplicar la nueva Política Agrícola Común (PAC) en ámbitos como el cumplimiento de los ecorregímenes y que se demore la entrada en vigor del cuaderno digital de campo, prevista para septiembre.
Desde COAG, el miembro de la comisión Ejecutiva Andrés Góngora reclamó, en el mismo tono, que se pase del diagnóstico a la acción con la aprobación de un decreto de sequía y un pacto de Estado para que la sequía “no se convierta en un arma arrojadiza entre comunidades autónomas y el Gobierno central”.
Además, solicitó la constitución de una mesa interministerial con Agricultura, Economía, Hacienda y Transición Ecológica para “sacar adelante todo tipo de medidas” porque la situación “es muy grave”.
Al igual que Barato, pidió f lexibilidad tanto para aplicar la PAC como a la hora de implantar otras normativas en el ámbito del uso de los fitosanitarios.
Por su parte, el secretario ejecutivo de UPA, Ignacio Huertas, incidió en la necesidad de poner “presupuesto” comunitario, nacional y autonómico sobre la mesa para adoptar planes “urgentes” de respuesta.
El Ministerio avisó que este encuentro iba a ser de diagnóstico de la situación
Esta organización ve pertinente que se celebre un encuentro “al más alto nivel, es decir, con el ministro Luis Planas” en el plazo “más breve posible”.
UPA es partidaria de más ayudas directas al agricultor, de modificaciones legislativas para facilitar la gestión de las explotaciones y de f lexibilizar las exigencias de la PAC.
“Estamos ante una catástrofe muy amplia para el conjunto del sector ante una situación absolutamente excepcional y lo que necesitamos son medidas excepcionales y cuanto antes”, remarcó.
Desde las cooperativas agroalimentarias, su director general, Gabriel Trenzado, pidió que se aprueben exenciones y bonificaciones fiscales y tributarias, se prorrogue la ayuda de 20 céntimos y se f lexibilice la Política Agrícola Común.