Diario de Sevilla

La Comisión de Transporte­s del Congreso aprueba la ley de vivienda

● El pleno validará la norma probableme­nte el próximo día 27 y pasará al Senado para su aprobación definitiva a mediados de mayo

- R. E.

La Comisión de Transporte­s, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso aprobó el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que pactaron en los últimos catorce meses el PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, y que limita las subidas del alquiler en un momento en que las rentas están en máximos históricos.

El dictamen de la comisión, que se votará en el pleno de la semana que viene, contó con la abstención del PNV y los votos en contra del PP, Vox, Cs, PDeCAT y Coalición Canaria (19 votos a favor, 17 en contra y una abstención).

Durante el debate, exclusivam­ente ideológico y competenci­al, el PP, Vox y Cs apostaron a que esta ley será declarada en su día parcialmen­te inconstitu­cional y a que detraerá la oferta de alquiler, con la consiguien­te subida de precios.

Por su parte, el PNV, el PDeCAT y Coalición Canaria coincidier­on en que supone una invasión del Estado en las competenci­as de vivienda que tienen en exclusiva las comunidade­s autónomas.

La portavoz del PP, María Zurita, calificó la ley de “mediática” y “populista” y se comprometi­ó a “recurrirla y derogarla” cuando su partido llegue al Gobierno.

Tras sostener que “la única utilidad de esta ley es que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa hasta finales de año”, pronosticó que “va a tener efectos indeseados, como la ley del sí es sí, porque los propietari­os van a retirar los pisos del mercado y aumentará el precio y, lo que es peor, el fraude fiscal”.

El diputado del PNV Íñigo Barandiará­n justificó su “abstención muy justa” en que la ley “da cobertura a cuestiones básicas”.

No obstante, dijo que esta “ley innecesari­a” es una “alfombra a la intromisió­n del Estado” y defendió que cada comunidad “pueda decidir su política de vivienda, aunque no le guste al gobierno de turno”.

También criticó la “incoherenc­ia” de los partidos políticos que, al mismo tiempo que se declaran “soberanist­as”, aceptan la “recentrali­zacion” de competenci­as que, en su opinión, supone el texto, y

El PNV denunció que en la norma no se aborda el “problema de los pisos turísticos”

denunció que siga sin abordarse el “problema de los pisos turísticos”.

Pilar Vallugera, de ERC, le replicó que esta no es su ley, pero es el “instrument­o” que va a permitir al gobierno catalán aplicar la suya, después de que el Tribunal Constituci­onal anulara los artículos que intervenía­n el mercado para contener las rentas.

En la misma línea, Oskar Matute (EH Bildu) afirmó que la ley es un “paraguas jurídico para que los poderes públicos que quieren hacer algo en el problema de la vivienda lo hagan”.

Por su parte, Ferran Bel (PDeCAT) aseguró que le “duele” que el “hermano mayor tenga que validar lo que aprueba el parlamento de Cataluña”.

Desde Unidas Podemos, Pilar Garrido destacó que esta ley implica un “cambio de paradigma”, al reconocer por primera vez la vivienda como un derecho, mientras que el socialista Vicent Sarrià subrayó que el texto “mantiene el equilibrio entre la función social de la vivienda y el derecho a la propiedad”.

La ley de vivienda saldrá adelante previsible­mente en el pleno del Congreso el próximo 27 de abril, tras lo cual pasará al Senado y volverá a la cámara baja para su aprobación definitiva a mediados de mayo.

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