HACIA UNA NUEVA POLÍTICA DE REGADÍOS
EL cambio climático ya no lo niegan ni los negacionistas. Los aumentos de las temperaturas y la reducción de la pluviometría en Andalucía en los últimos años nos informan que el cambio climático no es una amenaza de futuro, sino que ya está aquí, y que, a pesar de las alertas, no hemos adoptado las medidas oportunas, y ahora, con el retraso habitual en las decisiones colectivas, hay que adoptar medidas urgentes, que deberían ser consistentes con las perspectivas de futuro.
Un cambio singular e importante es el que debe producirse en la política de regadíos, que han aumentado notablemente en Andalucía en los últimos años, superando ampliamente el millón de hectáreas, de las cuales más de 100.000 son ilegales, y cuya distribución y peculiaridades sigue obedeciendo a los derechos adquiridos por propietarios y comunidades de regantes a lo largo de la historia, a los que se han sumado los que han sabido aprovechar la permisividad de los responsables públicos encargados de su regulación y vigilancia.
Ahora tomamos conciencia de las limitaciones de agua para regadío y de que la sequía es un problema estructural para el que habrá que adoptar soluciones consistentes y consensuadas.
Con el ánimo de contribuir a un debate sobre la política del agua, y aún consciente de su compleja realidad, trato de ofrecer algunas sugerencias para su reforma. Una nueva política del agua debe partir de un principio obvio, pero que si se asume se habrá avanzado mucho: dado que el agua es un bien público debe utilizarse de acuerdo con los intereses generales de los españoles.
Con este principio el primer objetivo de una política del agua es asegurar el suministro para el consumo humano, lo que exige completar los embalses y redes de suministro para todos los núcleos urbanos. Asimismo, debe continuarse con las políticas de ahorro en el consumo y reducir las fugas en la red de suministros.
El segundo objetivo debería asegurar el mantenimiento de los ecosistemas y espacios naturales fundamentales y con riesgos de extinción.
Y el tercero, y objeto de este artículo, aplicar a las actividades productivas –que consumen más del 85% del agua en Andalucía– un sistema más racional de asignación, lo que equivale a más eficiente.
¿Cómo se decide lo más eficiente? Los economistas sabemos desde Adam Smith que el libre juego de la oferta y la demanda determina los precios y la asignación eficiente de “los recursos escasos susceptibles de usos alternativos” (definición de Lionel Robbins del objeto de la Economía). La asignación por el mecanismo de mercado del agua es lo más eficiente y racional porque los que podrán pagar el agua más cara serán los productores de cultivos y otras producciones (ganaderas, industriales, de ser vicios) más rentables, que les compensará su coste porque pueden imputárselo a los precios de sus producciones. De esta forma el sistema de producción se irá orientando hacia las producciones más rentables, que serán más sostenibles económicamente y, por tanto, más convenientes para los intereses generales porque generarán más rentas y más empleos.
El sistema de precios también puede impulsar la desalación del agua marina y aumentar el uso de agua reciclada si son rentables, opciones ambas con una creciente importancia en España.
Por otra parte, el funcionamiento de un sistema competitivo para el mercado del agua abocará a que su racionalidad asignativa se extienda a otros territorios sin las actuales limitaciones administrativas (cuencas hidrográficas, comunidades autónomas), pues la lógica económica irá llevando el agua a las empresas y los territorios que puedan utilizarla más eficientemente. Una dinámica que podrá beneficiar a la agricultura andaluza de cultivos más eficientes porque podrán favorecerse de la disponibilidad de agua, sumándola a factores competitivos propios (clima, suelos y capacidad empresarial), aunque significará una reestructuración de algunos cultivos a medio plazo, como ya han iniciado algunos agricultores innovadores.
Una propuesta como la expuesta será rechazada por muchos de los beneficiarios del sistema de concesiones, y también de algunos políticos y reguladores vinculados a la gestión del agua, pero la historia nos enseña que las sociedades que más prosperan son las que se adaptan con más agilidad y rapidez a los cambios.
La propuesta de una nueva política hidrológica es una orientación a medio plazo, pues exige cambios institucionales, infraestructurales, de cultivos y de actores, pero es conveniente dar pasos en esa dirección cuanto antes, singularmente para “desdemonizar” el mercado como el mecanismo más racional, eficiente y justo para la asignación del agua a las actividades productivas.