Juanma Moreno convierte Doñana en un problema europeo

● Ha sido dos veces negado por la Comisión Europea en una misma semana ● El Gobierno de Rajoy adqurió en 2015 una finca de casi mil hectáreas por 50 millones de euros para librar al acuífero

UNA vez pisado el charco, caben dos opciones: salir con disimulo o embarrarte. Esto último es lo que ha decidido el Gobierno de Juanma Moreno, negado en dos ocasiones por la Comisión Europea en una misma semana. Una, para desmentir la acusación de parcialidad de un comisario europeo; la segunda, para negar la participación del hijo del ministro Luis Planas en el expediente, ya confirmado, que Bruselas ha abierto contra España por la ley andaluza de nuevos regadíos junto a Doñana. Planas hijo es empleado de la Dirección General de Medio Ambiente en la capital europea, pero se abstiene de los asuntos relacionados con España.

El Ejecutivo de Juanma Moreno ha demostrado esta semana que desconoce cómo funcionan las instituciones europeas y, en especial, la Comisión, que es el órgano ejecutivo de la UE. En San Telmo se habían hecho a la idea de que la opinión de Bruselas sobre Doñana cambiaría después de las elecciones europeas de 2024, de donde saldrá un nuevo Europarlamento y, con esto, una nueva Comisión. Pero Bruselas no funciona como esos ministerios galdosianos de cesantes, donde los empleados públicos iban a la calle cada vez que cambiaba el signo político de la institución. La UE tiene un derecho, un acervo y, en el caso de Doñana, una advertencia en forma de sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la del 24 de junio de 2021. Y eso puede ser matizado, pero es innamovible.

Explicado de otro modo: los riegos y el acuífero de Doñana obsesionan a la Comisión más allá de quién sea su comisario de Medio Ambiente. Con el siguiente ejemplo se explica. El último consejero de Medio Ambiente de los gobiernos socialistas de la Junta, José Fiscal, onubense por más señas, fue a explicar a Bruselas su oposición al depósito que Gas Natural quería instalar en Doñana. En una cita bruselense le contó la estrategia al comisario de entonces, que era el maltés Karmenu Vella, quien lo escuchó con atención, coincidió con él en este asunto, y lo solventó en unos minutos para pasar inmediatamente a lo que, realmente, le interesaba: Y el acuífero, ¿qué? Y los pozos ilegales, ¿para cuándo?

Si alguien en Andalucía desconocía que Doñana es un parque de proyección internacional y que el plan de nuevos regadíos pasaría desapercibido, esta semana habrá superado esta ignorancia doméstica. La enemistad manifiesta que el líder del Partido Popular Europeo, el bávaro

Manfred Weber, mantiene con la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula Von der Leyen, ha provocado que ésta manifieste su apoyo público al comisario europeo de Medio Ambiente, el lituano Virginjus Sinkevicius, en su oposición a la ley de regadíos que se tramita en el Parlamento de Andalucía. “La Comisión Europea está cumpliendo su papel de gestionar un expediente sobre la base de la legislación”, comentó uno de su portavoces, Eric Mamer, después de que la alemana y el lituano fuesen acusados por Weber y los populares españoles, Juan Ignacio Zoido y Dolors Monserrat, de trabajar para la campaña electoral de Pedro

Sánchez en los comicios municipales del 28 de mayo.

El error de cálculo de Juanma Moreno ha sido mayúsculo; el del PP nacional y europeo, sideral, por cuanto de un asunto onubense ha servido para revelar una crisis política entre conservadores europeos y alemanes, y es que Manfred Weber nunca le ha perdonado a su compañera Von der Leyen que ella fuese la elegida para presidir la Comisión. Weber fue el candidato de todos los partidos populares europeos para este liderazgo, pero su condición de bávaro y, por tanto, de militante de un partido hermano de la CDU alemana, pero no exactamente la CDU, le complicaron una negociación que, en cualquier caso, siempre está sometida a un consenso general con los socialdemócratas, ahora la segunda fuerza de la Eurocámara. La CSU lleva gobernando el lander de Baviera desde después de la Segunda Guerra Mundial, siempre va asociado con la CDU, de carácter federal, pero su orientación es más conservadora.

EXPEDIENTE SANCIONADOR

La visita que el consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, realizó a Bruselas el lunes pasado ha tenido, a la postre, este resultado concluyente para la futura ley de nuevos regadíos: la oposición europea es total y el riesgo de un expediente sancionador para España, más que real. Como había advertido la ministra Teresa Rivera, esa entrevista no fue una gracia protocolaria de la Comisión Europea, sino una explicación que la Junta debía de dar por la ley ante una posible sanción que se deriva de la sentencia del tribunal europeo.

Juanma Moreno ha comprendido cuál es la nueva situación, y es posible que ya esté buscando cómo reconducir un conflicto que nunca se tendría que haber producido. Una de la soluciones es la compra o permuta de los terrenos. En su plan sobre

Doñana, el Ministerio de Transición Ecológica dispone de 100 millones de euros para adquisiciones, de modo que pueda comprar suelos con derechos de riegos para ir liberando al acuífero del parque, pero éste es el problema de los agricultores afectados: tienen tierras pero no autorizaciones para extraer agua.

En el año 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy compró una finca almonteña para liberar sus permisos de extracción del acuífero. El Cortijo Los Mimbrales, de 950 hectáreas, gozaba de unos derechos de más de cinco hectómetros cúbicos anuales, y el Estado lo adquirió por 50 millones de euros a su único propietario, un empresario sevillano que residía en Nueva York. Esta semana ha vuelto a barajarse la solución de la compra de las fincas en litigio, que suman unas 850 hectáreas, pero ninguna de ellas tiene derecho de riego. Si lo hacen, y buena parte de ellas están en cultivo, es porque se extrae agua de pozos de modo ilegal.

El Ministerio de Transición Ecológica dispone en su plan de inversiones de 100 millones de euros para comprar terrenos, pero las tierras en litigio dispararán su precio si cuenta con la calificación de Suelos Actos para Regadío (SAR), de ahí que este acuerdo sea impensable en estos momentos. Tampoco lo desean sus propietarios. En cualquier caso, el dinero presupuestado por el Ministerio no está concebido para pagar por estos terrenos, sino para liberar concesiones de agua del acuífero, considerado sobreexplotado en tres de las cinco masas en las que se divide. Esta declaración, publicada en el BOE, impide aumentar las concesiones y desarrolla un plan de trabajo que pasa por sustituir el riego de pozos por el de superficie; siempre, claro está, de que su legalidad esté reconocida.

De las cinco grandes masas de agua, tres están sobreexplotadas y una contaminada