El peligro de un acuerdo-marco
L Pedro Sánchez desea llegar a las elecciones generales de otoño e inaugurar en julio la presidencia española de la UE con el tratado sobre la colonia firmado y en el bolsillo
DESPUÉS de trece rondas negociadoras, la primera de ellas se celebró en octubre de 2021, para la firma de un tratado internacional entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar, el primer ministro británico telefoneó al presidente del Gobierno el pasado 4 de mayo con el propósito de dar un empujón definitivo al proceso. De la conversación, dada a conocer a la prensa por Downing Street y confirmada poco después por La Moncloa, poco se sabe, salvo la voluntad de ambas partes de alcanzar “cuanto antes” un compromiso que sirva para integrar a la colonia en los 27, mediante un estatus singular y bajo condiciones muy especiales, y echar abajo la Verja que la separa de La Línea de la Concepción y del resto del continente. La meta, se insiste, es crear en ese ámbito geográfico un “área de prosperidad compartida”.
Salvo los negociadores, se desconoce hasta dónde se ha podido avanzar a lo largo del último año y medio, aunque de las declaraciones públicas de unos y otros –y de otras más reservadas– se colige que hay mucho por cerrar aún en ámbitos como el policial, el control de las fronteras en el puerto y el aeropuerto del Peñón, el uso militar de ambos enclaves, la igualación de normativas en el ámbito medioambiental –para actividades como el bunkering–, la nivelación fiscal, el blanqueo de capitales, el contrabando de tabaco o la equiparación, con las de los llanitos de las pensiones de los trabajadores transfronterizos españoles y del resto de Europa que trabajaron en la Roca.
¿Por qué ahora las prisas? La sensación generalizada es que Pedro Sánchez desea inaugurar el 1 de julio la Presidencia española de la UE con una solución, firmada y en el bolsillo, para un asunto tan enquistado durante siglos como el gibraltareño. Eso le daría un plus de autoridad internacional, máxime si sus aspiraciones políticas para el futuro se sitúan lejos. También cuentan las elecciones generales del próximo otoño, a las que el candidato socialista concurriría bajo el cartel del compromiso cumplido y con dos imágenes para la historia, la de la firma del Tratado y la de la piqueta echando abajo las cabinas de control aduanero en la Verja, quién sabe si con el propio Sánchez presente y acompañado de su colega Rishi Sunak, más Fabián Picardo y Juan Franco.
La Comisión Europea tendrá, no obstante, la última palabra, y serán sus miembros los encargados de decidir si están dispuestos a aceptar las condiciones de ese acuerdo y de abrir con él el capítulo de las excepciones en los territorios fronterizos de una UE que tiene en el Este una colección de países, territorios y circunstancias variadas.
DOS NIVELES DE NEGOCIACIÓN
La cuestión clave es cómo abrochar en solo mes y medio un acuerdo al que aún, a priori, le quedarían tantos flecos. Una posible fórmula ya la apuntaba ayer Quino López en Europa Sur, en referencia a las negociaciones que Bruselas y Londres mantienen respecto al acuerdo en materia policial. Este último pasaría por “establecer un acuerdo-marco normativo de actuación en el que se profundice en el tiempo”, es decir, que los detalles no impidan el pacto… ni la foto. Sería un acuerdo general, una patada a seguir al balón, que desplace el problema a más adelante y que a corto plazo no suponga para ninguna de las partes la renuncia a las líneas rojas establecidas de partida.
Se intuye así la existencia de dos niveles de negociación, la que desarrollan con carácter oficial los técnicos de la Comisión Europea (entre ellos, los españoles, en una posición muy destacada en las delegaciones) y una más sigilosa y política, por llamarla de alguna forma, de la que se estaría encargando el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en contacto directo con el presidente del Gobierno.
Posiblemente, pronto observaremos si con esos mimbres es posible cerrar un tratado internacional, qué plazos o períodos de transición se establecen para cada ámbito, si los compromisos que incluya el futuro acuerdo serán de obligado cumplimiento (o quedan sujetos a la voluntad política y unilateral de las partes) y, atentos, si España puede mantener viva la reclamación de soberanía sobre Gibraltar ante los organismos internacionales, ya sea la Asamblea General de la ONU o la Corte Internacional de Justicia.
El 4 de agosto de 1704 y en el contexto de la Guerra de Sucesión, una flota anglo-holandesa tomó oficialmente la plaza de Gibraltar en nombre del archiduque Carlos VI de Habsburgo, uno de los pretendientes a la corona española, aunque una vez derrotado este, el Peñón pasó a estar bajo el control de Reino Unido. Y así sigue tras más de 300 años, sin prosperidad compartida. Lección del primer día en cualquier escuela diplomática: para firmar un mal acuerdo, mejor no firmarlo, máxime cuando la otra parte cuenta con antecedentes semejantes.