Rechazan la propuesta de Génova para reformar el CGPJ
L El Gobierno y sus socios tachan la medida de “electoralista” y acusan al PP de no querer renovar el órgano de gobierno de los jueces
Los partidos del Gobierno y sus socios parlamentarios rechazaron ayer en el Pleno del Congreso la proposición de ley del PP para cambiar el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una iniciativa que tacharon de “electoralista, falsa y oportunista”.
En el debate, el PSOE y Unidas Podemos criticaron a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, al que reclamaron que desbloquee la renovación del órgano de gobierno de los jueces y que no pretenda “empezar la casa por el tejado”. “Son prisioneros de su miedo: quieren controlar la Justicia por si un día acaban en ella”, espetó el diputado socialista Francisco Aranda.
Durante la presentación de la proposición no de ley, la diputada popular María Jesús Moro solicitó a la Cámara Baja el apoyo a una reforma “que es un clamor imparable” y que nace “de una exigencia de las instituciones europeas”. Su idea es que, de los 20 miembros del CGPJ, 12 sean elegidos entre todos los magistrados de la carrera judicial en España sin intervencionismo de los partidos.
“No partimos de cero o de una ocurrencia del PP. No hay razón alguna que puedan esgrimir los grupos que consideren urgente recuperar el timón de la independencia judicial”, defendió Moro, que incidió en que esta reforma es una “responsabilidad inaplazable” para garantizar la imparcialidad de la Justicia.
A su juicio, “urge alcanzar un nuevo consenso que profundice en el marco jurídico de fortalecimiento” de los “pilares democráticos” y que vaya “en la línea de lo que vienen reclamando el grupo Greco y el comisario europeo de Justicia”. “Línea que también han marcado el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, apostilló.
Desde el PSOE replicaron que la proposición “carece de fundamentos” como para respalda “un cambio tan importante”, pues subrayaron que primero el PP debe cumplir con la Constitución y “renovar” el CGPJ. “Son ustedes, el PP, ahora que no están gobernando, los que bloquean la Justicia. Es el colmo de la desfachatez traer esta reforma. El problema de raíz es su concepción patrimonialista de la Justicia, el poder y de España. Creen que es suya”, criticó Aranda.
Por su parte, el presidente del grupo de UP Jaume Asens calificó la propuesta del PP de “tomadura de pelo”. “Es un chantaje”, sostuvo, reconociendo que, con todo, “existen argumentos para defender una reforma del modelo”. “Lo que no es pertinente”, aclaró, es que el partido de la oposición mantenga “caducado” el CGPJ.
“Que vengan a esta Cámara y se presenten como demócratas defensores de la Constitución y de la independencia judicial es un acto de puro cinismo y pura hipocresía”, continuó Asens, que aseveró que el PP es un partido que “ha utilizado las instituciones para financiarse ilegalmente”.
Es por eso, añadió, que los populares son “la auténtica amenaza” para la Carta Magna y la independencia judicial. Por todo ello, pidió al resto de partidos que “tengan presente” que el órgano de gobierno de los jueces no va a ser renovado “de la mano de quien le sostiene como rehén”. “Su estrategia es ganar tiempo para llegar a elecciones y, si las ganan, renovar con mayoría absoluta el órgano”, zanjó.
La diputada de ERC Carolina Telechea, por su parte, criticó que el PP haya mostrado su inquietud por la independencia de los jueces. “No lo han descubierto ahora. Parece que cuando las mayorías les son favorables no les preocupa tanto”, afirmó, para después dirigirse a la bancada socialista.
“¿Por qué antes el PP no era el partido que ahora dicen que es corrupto e incumplidor? ¿Por qué les critican ahora, por interés partidista o convicción democrática sobrevenida?”, les cuestionó, añadiendo que “quizás” los populares y el PSOE no sean “tan distintos”.
“Señorías del PP: no cuela”, señaló el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que criticó que la formación haya utilizado las palabras del comisario europeo de Justicia en forma de “chantaje”.
Los populares defienden que esta es una “responsabilidad inaplazable”