La capitalidad une a los rivales
El alcalde de Málaga no cree que “haya que darle más premios” a Sevilla “al ser la capital” Muñoz y Sanz coinciden en pedir privilegios por ser la sede administrativa de la Junta
Ala campaña no le falta un perejil. Los candidatos entran al trapo sobre cualquier tema para intentar sacar tajada en el electorado aunque el asunto interese poco o nada. Hasta se traspasan los límites provinciales. La Costa del Sol es capaz de poner de acuerdo a los dos principales candidatos para ser alcalde de Sevilla hasta 2027. Impensable. ¿Se imaginan ya la trama? Sí, la Ley de Capitalidad. El primer edil popular malagueño no cree que “haya que dar más premios a ser capital”, ya que la capitalidad supone para cualquier ciudad “una enorme ventaja”. En las ocasiones que Antonio Muñoz y José Luis Sanz fueron preguntados por el asunto en los últimos días coincidieron en que debe reconocerse el rango de la ciudad como cabeza de la comunidad autónoma y que se entreguen competencias que actualmente residen en la Junta de Andalucía. Remar en la misma dirección, ¡qué cosas!
Sobre la Ley de la Capitalidad no se hablaba desde principios de año. El primer encuentro de la mesa institucional con presencia de las tres administraciones creada para abordar las singularidades de la capital andaluza sirvió para acordar una hoja de ruta y concluir que es necesario solicitar un dictamen a expertos de la Universidad de Sevilla para ver la viabilidad jurídica de la ley de pretendida por el equipo de Antonio Muñoz. Así lo acordaron el alcalde socialista, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.
Con esta iniciativa, Sevilla se suma a Madrid y Barcelona en contar con esta mesa interadministrativa cuyo objetivo es crear un “espacio de diálogo y acuerdos” entre las administraciones que evitar la confrontación en los proyectos prioritarios para la ciudad y su área metropolitana. El Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Estado acordaron también aprobar antes de que termine marzo un protocolo de funcionamiento, cuyo borrador será elaborado por el Ministerio.
Lo último tuvo lugar ayer cuando el alcalde de Málaga y candidato a la reelección, Francisco de la Torre, argumentó que premiar la capitalidad generaría “una visión no positiva en el resto de grandes ciudades de un territorio”, aunque apuntó que sí puede ser “conveniente ver una acción de coordinación metropolitana”. “Hubo un momento en el que, ante la insistencia de otros alcaldes anteriores yo decía: nosotros estamos dispuestos a pagar, en vez de cobrar”, recordó el regidor malagueño.
Sobre esto, destacó el “valor” que tiene ser capital de un territorio, “no por el título, sino por los miles de puestos de trabajo estables” que genera, “a los que “las crisis les afecta mucho menos” y también porque “las empresas focalizan su interés” en la capital. Por este motivo, dijo que se “descubre” ante las empresas de ámbito regional que tienen su sede en Málaga.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge que Sevilla es la capital, pero la posibilidad de que la mesa otorgue el visto bueno a una Ley de Capitalidad podría suponer que la ciudad cuente con más competencias y recursos económicos que los que actualmente tiene, aunque el alcalde aún “no ha evaluado” ese posible impacto.
El gobierno municipal entiende que, por su tamaño, por las obligaciones derivadas de su condición de sede de las instituciones y por su posición como eje geográfico de la región, Sevilla necesita y merece un marco jurídico especial que le garantice una mayor capacidad para impulsar proyectos de envergadura y atraer talento a la ciudad. Agregan que el hecho de que la ciudad carezca de un régimen jurídico diferenciado coloca a Sevilla en clara desventaja frente a otras ciudades cuyas comunidades autónomas han impulsado una normativa singular que les ha dotado de mayores niveles de autonomía, incrementos en la financiación que reciben, más elevados niveles de autogobierno, un sistema de organización más ágil o mecanismos reforzados de participación ciudadana, entre otras medidas.
Los candidatos entran al trapo sobre cualquier tema para sacar tajada del electorado
Sobre la polémica ley para la ciudad no se hablaba desde principios de año