Entre Bolivia y Granada: la actividad del sacerdote expulsado de la Iglesia por abusos
● Pertenecía a la Iglesia de San Justo Pastor, era delegado de la Pastoral Universitaria y fundó una asociación para ayudar a jóvenes bolivianos
José Antonio Villena García, sacerdote de la Iglesia Católica en Granada, ha sido expulsado por el Vaticano de la Archidiócesis de Granada y de la Iglesia Católica después de hacerse pública una investigación contra él por varias denuncias de presuntos abusos y acoso, abusos de conciencia e irregularidades administrativas.
Villena fue “dimitido del estado clerical” de forma oficial el pasado 16 de mayo de 2023, por su presunta implicación en estos casos, aunque fue apartado de todas sus funciones en el verano 2021, mientras el Arzobispado de Granada comenzaba una investigación sobre él.
La expulsión de la Iglesia es la pena canónica más grande que el Vaticano realiza, y sólo se impone en casos extremos. Como ejemplo, en España sólo se conocía una expulsión de este tipo antes de la realizada a Villena, y data de 2013.
Villena, de 45 años, era sacerdote en la parroquia de San Justo Pastor, iglesia ubicada en pleno centro de Granada y junto a la Facultad de Derecho de la UGR. Natural de la localidad metropolitana de Padul, tomó el cargo de delegado de la Pastoral Universitaria de Granada en el año 2006, hasta que fue apartado de sus funciones.
Dentro de este grupo católico de universitarios realizaba reuniones para coordinar las diferentes actividades con universitarios y jóvenes, retiros, eucaristías, encuentros con la sociedad y acciones benéficas. Algunas de las actividades se realizaban en la misma parroquia de San Justo Pastor, en la que era coadjutor junto a otro sacerdote.
Fuentes de la pastoral universitaria y familias pertenecientes a la parroquia en la que Villena impartía eucaristía aseguran a este periódico encontrarse sorprendidos por la situación, y que ninguno sospechaba que estuviera siendo investigado hasta que fue apartado de la Iglesia Católica. Alegan que era un hombre leal y entregado a sus funciones y que han vivido con dolor el conocimiento de los presuntos casos de abusos.
Villena fue apartado de sus funciones por el Arzobispado en 2021, y la instrucción del caso fue llevada por el organismo eclesiástico granadino hasta verano de 2022, momento en el que se redirige al Vaticano, concretamente al Dicterio para el Clero, el organismo competente para casos de abusos en adultos por la Iglesia Católica. Este es el que dictamina el pasado mes de abril su expulsión definitiva.
Justo antes de ser apartado de sus funciones, fue responsable de organizar actividades de un campamento urbano parroquial de la iglesia en la capital, organizado por la Colegiata Parroquial Santos Mártires Justo y Pastor, con la participación de 65 niños y 23 monitores.
Villena, además de trabajar y realizar actividades en Granada, gestionaba proyectos de voluntariado en Bolivia a través de la Fundación Ahoringa Vuelcapeta, que fundó en 2008. Esta asociación es “fruto de la experiencia misionera realizada por 13 jóvenes en la selva boliviana en verano de 2007”, según reza en su descripción, y fue inscrita en el registro de asociaciones en 2012.
A través de sus viajes, trasladaban los beneficios que recaudaban en España y se encargaban de ayudar a los más necesitados de la ciudad de Bella Vista. Estos fondos eran destinados a ayudar a jóvenes sin recursos de este país de Latinoamérica, y era habitual que Villena viajara todos los veranos hasta tierras bolivianas junto a jóvenes universitarios también miembros de la pastoral universitaria. Se desconoce si sus víctimas son bolivarianas o españolas.
Actualmente, no es posible acceder a los perfiles de redes sociales de la fundación, que se encuentran cerrados por la organización. Tampoco se puede entrar en la web de Ahoringa Vuelcapeta, que se encontraba en proceso de rediseño en el momento en que Villena fue apartado de sus funciones. Sí que sigue activo su canal de Youtube, donde varios vídeos en los que aparece el propio sacerdote explican las labores que la fundación realiza.
Fuentes consultadas por este periódico han confirmado que la asociación fue disuelta en 2021, tras haber sido apartado Villena, y que todo el dinero recaudado durante ese año hasta entonces fue dirigido a Bolivia, como estaba previsto y como se realizaba desde 2008. Ahoringa Vuelcapeta
realizó durante varios años distintas galas benéficas en Granada en las que se involucraban a personas importantes de la ciudad para recaudar fondos. Además, entregó en 2020 un premio especial al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El propio presidente destacó entonces a través de su perfil oficial en la red social Twitter su agradecimiento al padre Villena y a la Fundación Ahoringa Vuelcapeta, “a la que me unen lazos especiales”. Tanto la mujer del presidente, Manuela Villena, como el sacerdote son nacidos en la misma localidad granadina.
El proceso seguido hasta decretar la expulsión de José Antonio Villena García se ha producido tras la marcha del antiguo arzobispo de Granada, Javier Martínez, aunque la investigación se inició con él.
Su sucesor, José María Gil Tamayo fue nombrado arzobispo coadjutor en el verano de 2022 y compartió cargo con Martínez durante varios meses hasta febrero de 2023, cuando se produjo el traspaso de poderes.
En la página web de la Asamblea de Melilla figura un anuncio para premiar con mil euros a la mejor hoguera de la Noche de Sanjuan, según la tradición. Pero también se ofertan tres puestos de “oficial sepulturero” para integrar la plantilla de funcionarios de la ciudad autónoma. De momento, los que pretenden enterrar la democracia es una supuesta red dedicada a comprar votos por correo para luego revenderlos, se supone que a partidos políticos que confían en que con esta fórmula les será más fácil obtener algunos de los 25 escaños en juego de la Asamblea que se dirimirán el próximo 28 de mayo.
El caso está ya siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, que ha declarado el proceso bajo secreto de sumario. Ante este panorama, la Junta Electoral de Zona (JEZ) acordó el miércoles que los ciudadanos que votaran por correo depositaran la papeleta en la oficina de Correos de Melilla a la vez que se identificaran con su DNI; una medida que la Junta Electoral Central (JEC) ha decidido extender al resto de oficinas situadas en el territorio nacional cuya procedencia sea la comunidad autónoma.
Desde entonces, las colas que se sucedían a las puertas de la oficina principal de Correos y que daban la vuelta a la manzana han cesado. Y eso que el plazo para votar a través de esta vía se ha ampliado hasta el próximo jueves 25 de mayo. “De tener colas de 50 personas a no tener nadie”. Esta es la situación actual, según una agente que permanece en el puesto fijo de Policía Nacional habilitado tras los últimos incidentes: al menos cinco carteros han sido asaltados para robarles unos 80 votos que habían escapado del control de los mafiosos, que supuestamente los compran por un precio que oscila entre los 50 a 200 euros. Una inversión ilegal de poco más de un millón de euros para decidir el futuro de una población de poco más de 80.000 habitantes. Ante estos hechos, los carteros ahora desarrollan su jornada laboral acompañados por las Fuerzas de Seguridad, que llevan a cabo labores de escolta. Y en el fondo subyace el interrogante de si en estas condiciones se pueden celebrar con garantías unos comicios.
La cabeza de lista de Coalición por Melilla (CPM) a la Asamblea en la próximas elecciones autonómicas y locales, Dunia Almansouri, insiste en paralizar el proceso electoral para tener “unas elecciones con garantías que ahora mismo no se dan porque se desconocen en qué condiciones están los votos que se han depositado”; mientras que, la candidata a la presidencia por el partido socialista, Gloria Rojas, aboga porque las elecciones no se pueden suspender y señala que la Delegación del Gobierno ha puesto “todas las medidas para que el posible fraude electoral no se produzca”.
De lo trascendido hasta ahora, se sospecha que se trata del intento de mayor fraude electoral de la democracia. Según la última actualización, se han tramitado 11.707 peticiones de votos, lo que representa un 21, 21% del censo frente al 3,05% a nivel nacional. En este punto, cabe recordar que en las elecciones de 2019, poco más de 34.000 electores, un 64% del censo, ejercieron su derecho. De esta manera, con los sufragios emitidos ya, la trama podría decantar el resultado de entre seis y ocho escaños.
Hace cuatro años la sorpresa saltó a última hora. Una inesperada coalición entre PSOE, Coalición por Melilla y el único representante de Ciudadanos, Eduardo de Castro, le otorgó a este último la presidencia frente al favorito, el popular Juan José Imbroda. Entre gritos de traidor culminaban 19 años de gobierno en la ciudad autónoma. Imbroda repite como candidato. “Iremos a todos los barrios aunque Mustafá Aberchan nos mande a sus sicarios para reventar algunas de las actuaciones que convocamos”, aseguraba el dirigente popular a finales de abril, en plena precampaña.
Aberchán es el líder de Coalición por Melilla. En febrero de 2021, el Tribunal Supremo confirmaba la condena dictada por la Audiencia Provincial de Málaga tres años antes por la teórica compra de votos por correo en las elecciones al Senado en 2008. Dos años de cárcel aunque no ha llegado a ingresar en prisión– e inhabilitación para él y para el ex secretario general del PSOE en Melilla Dionisio Muñoz por dos delitos electorales y uno de falsedad. Las dos fuerzas políticas habían concurrido en coalición a la Cámara Alta. La Justicia consideró probado que las organizaciones idearon un sistema para convencer a ciudadanos para que pidieran ese voto por anticipado y les entregaran a ella los sobres en los que introducían la papeleta común que depositaban en Correos.
Los carteros realizan su trabajo con escolta después de que unos cinco fuesen asaltados