El ex alcalde socialista de Guarromán acuerda una pena de dos años por una ayuda de los ERE

La Audiencia de Sevilla ha impuesto dos años de cárcel y cinco de inhabilitación absoluta por un delito de malversación y cuatro años y medio de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación a

Antonio Almazán, alcalde de Guarromán (Jaén) por el PSOE entre 2007 y 2015, por las irregularidades que cometió con una ayuda de los ERE de la Junta de Andalucía para poner en marcha varios invernaderos que en realidad nunca funcionaron. El juicio, celebrado ayer en la Sección Tercera, se ha resuelto así gracias a un acuerdo entre el acusado y la Fiscalía Anticorrupción, que además no se opondrá a que se suspenda la ejecución de la pena de prisión si el otrora alcalde no comete ningún delito en tres años. Por tanto, Almazán no será recluido si cumple esa condición.

Los hechos ocurrieron a partir del 18 de enero de 2008, cuando

Almazán, “sabedor” de que la Administración “podía otorgar fondos públicos para obtener liquidez inmediata al margen de los procedimientos legalmente establecidos”, mandó un escrito al director general de Trabajo del que “no consta registro de entrada” y consiguió que concediera a su Consistorio una ayuda por importe de 440.000 euros para “llevar a cabo todas las actividades necesarias para poner en cultivo las infraestructuras de invernaderos existentes en la finca propiedad del Ayuntamiento, sin que conste que dicha inversión se haya producido”.

“Lejos de destinar la ayuda recibida a los fines acordados”, el acusado, mediante la expedición de un Decreto de Alcaldía, “resolvió aprobar los gastos y ordenar los pagos a la Diputación Provincial de Jaén” sobre distintas liquidaciones en concepto de reintegro de subvenciones.