Activistas climáticos alemanes denuncian su “criminalización”
La Policía ha efectuado 15 registros domiciliarios a raíz de una investigación de la Fiscalía de Múnich
Los activistas climáticos del colectivo Última Generación denuncian una estrategia de “criminalización” de las autoridades alemanas tras unos registros domiciliarios amparados por la sospecha de que integran una “organización criminal” y entre especulaciones acerca de una eventual prohibición.
“De repente te despiertas porque están aporreando tu puerta”, relató Carla Hinrichs, portavoz del colectivo, en un vídeo difundido en Twitter. “De repente hay un policía con chaleco antibalas ante tu cama y te apunta con un arma”, agregó.
La de Hinrichs fue una de las 15 viviendas registradas el miércoles por la Policía en siete regiones como parte de una investigación de la Fiscalía de Múnich contra siete integrantes del grupo ecologista, sospechosos de conformar y apoyar a una organización criminal.
La página web de los activistas –conocidos popularmente como Klimakleber o pegadores climáticos por su estrategia de pegarse al asfalto para cortar carreteras– también ha sido desactivada y remite ahora a la de la Policía bávara, y varias de sus cuentas bancarias han sido congeladas.
Según la Fiscalía muniquesa, los investigados son responsables de recaudar por lo menos 1,4 millones de euros en donativos para la organización, empleados para cometer actos delictivos, ya que los activistas han tratado de cortar oleoductos y lanzado pintura contra edificios u obras de arte.
No obstante, según juristas y expertos, la mayoría de las acciones del grupo se encuentran en la zona gris de la desobediencia civil y sus objetivos –como la instauración de un límite de velocidad en autovías– difícilmente pueden considerarse criminales.