El Congreso rechaza la petición del Senado de parar la amnistía
● La Mesa aprueba el informe de los letrados y pide a la Cámara Alta “lealtad institucional”
La Mesa del Congreso acordó ayer rechazar el requerimiento del Senado de anular la ley de amnistía tramitada en la Cámara Baja con la mayoría del PSOE y de Sumar y los socialistas instaron al PP a que reclame al Tribunal Constitucional (TC) ante la seguridad de que tanto el fondo de la ley como su articulado es correcto.
“Le invitamos a que lo haga porque estamos seguros de que todo lo que hemos hecho y todo lo que se ha realizado por parte del Congreso de los Diputados es correcto”, recalcó el vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, Alfonso Gómez de Celis, tras recordar que el grupo parlamentario del PP en el Senado tiene el plazo de un mes para acudir al TC, aunque avisó de que “les puede salir el tiro por la culata”.
Los letrados del Congreso presentaron el documento que rechaza el requerimiento del Senado por considerar que es “improcedente” y se cumple con la “presunción de constitucionalidad” en toda la tramitación y en la propia iniciativa, al tiempo que el PSOE introdujo un nuevo punto en el informe solicitando “lealtad entre las dos cámaras y la necesidad de que el PP vuelva a la senda institucional”.
El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP) indicó eque la Mesa del Congreso no tiene la competencia para contestar al conflicto que le planteó el pleno de la Cámara Alta, sino que tiene que ser el pleno de la Cámara Baja el que dé una respuesta sobre la retirada de la ley de amnistía.
Rollán lo expuso así en una nota, que indica que una respuesta de ese tipo no cabe en las competencias de la Mesa del Congreso, según establece el artículo 31.1 de su Reglamento, ya que su atribución
El PP y el presidente del Senado alegan que es el Pleno y no la Mesa el que debe responder
residual no incluye aquello de lo que es competente otro órgano. Según apuntó Rollán, el requerimiento el Senado se lo hizo al pleno del Congreso, por lo que la competencia es suya, y la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, debió haber derivado el debate y votación del conflicto a una sesión plenaria.
Los letrados del Congreso no opinan de la misma manera, al entender que hay un precedente, cuando en 2016 el Gobierno también se dirigió a la Mesa con otro requerimiento y el Tribunal Constitucional señaló que se debía dirimir en ese órgano y no en sesión plenaria.
“Solo el Tribunal Constitucional es el competente para dirimir si alguno de los pasos dados (en la ley de amnistía) no cumplen con nuestra Carta Magna. No hay ningún otro órgano establecido en nuestro país, en España, que pueda subvertir la competencia que tiene el Tribunal Constitucional”, reiteró Gómez de Celis tras acusar al Senado de “travestirse” y en “convertirse en lo que no es”.
Gómez de Celis calificó el requerimiento aprobado por el pleno de la Cámara Alta como una “deslealtad institucional sin precedentes en la historia democrática” e incidió en que “no podemos admitirlo desde el punto de vista jurídico, pero tampoco desde el punto de vista político”. “El Partido Popular ahora se convierte en un partido antisistema.Es capaz de romper todas las lealtades institucionales. Es capaz de hacer todo lo posible por dinamitar el orden constitucional viendo lo que está haciendo con su mayoría en el Senado”, dijo.