Armengol, ni dimite ni contesta

Todo eso redobla la sensación de cuenta atrás en la carrera política de Sánchez. Se agota el manual de resistencia y el deseo viene debidamente arropado por la realidad. Quien llegó al poder por corrupción ajena puede por corrupción propia. Pero las desgracias nunca vienen solas, porque lo uno lleva a lo otro.

Ahora el eje del análisis se centra en las posibilidades de que la legislatura termine antes de lo previsto por la eventual quiebra de un ya tambaleante pacto de investidura.

Me explico:

Si los veintisiete diputados de Sumar y los cuatro de Unidas Podemos (ahora en el grupo mixto) son incompatibles con la corrupción, como reza el espíritu y la letra de sus respectivas declaraciones de principios, me parece que la legislatura está en peligro, salvo que la consabida superioridad moral de la izquierda dedique una inesperada mirada distraída al gravísimo escándalo de las mascarillas detectado en el corazón de su socio de referencia en el Gobierno.

Hagamos el mismo razonamiento respecto a los siete escaños de Junts que pastorea Carles Puigdemont. Si van en serio cuando advierten de que si no hay una amnistía “integral” y “sin exclusiones” tampoco habrá apoyo para la supervivencia de Sánchez en el poder. Aunque eso puede tener arreglo si, como parece, Junts entiende que Puigdemont queda blindado con la nueva redacción de la Ley, que será sometida a votación este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

A la hora de escribir este comentario desconozco el texto del nuevo dictamen, pactado en furtivas negociaciones durante estos últimos días. Pero sí constan las reticencias de la Unión Europea con algunos puntos del texto que colisionan con una legislación europea que, por ejemplo, no considera amnistiables los delitos de terrorismo y malversación que le son atribuidos a Puigdemont.

De hecho, Bruselas ya ha advertido de forma más o menos clara que la Unión Europea actuará si la venidera ley de amnistía a los encausados del “proces” se desvía del Estado de Derecho (artículo 2 del Tratado de la UE). De ser así, la UE abriría un procedimiento de infracción a España. ●

FRANCINA Armengol, presidenta del Congreso, convoca rueda de prensa pero no contesta a dos preguntas esenciales: ¿quién intervino desde el Ministerio de Fomento para avalar la idoneidad de la empresa que facilitaba las mascarillas que a la postre resultaron inadecuadas? Pregunta sin responder. Y, sabido que el Gobierno de Baleares pagó la partida de mascarillas con fondos europeos, también nos hemos quedado sin respuesta a la pregunta de por qué cree que la Fiscalía Europea tiene abierta una investigación para averiguar si la compra de mascarillas dio pie a algún tipo de fraude, acusación que está en la base de la denuncia que ha puesto en marcha el procedimiento.

Armengol no responde, pero lanza insidias contra la gestión del PP de Baleares a sabiendas de que llevan siete meses en el Govern y ella tuvo tres años para reclamar la devolución del importe de la partida de mascarillas.

Ni tampoco dimite, como exige el Grupo Parlamentario Popular, por entender que las lagunas y sombras que rodean la gestión en este asunto desacreditan a la institución que preside. No es ocioso recordar que quien ocupa la Presidencia del Congreso es la tercera autoridad del Estado. Ha intentado eludir responsabilidades diciendo que se fiaron del Gobierno, pero no ha dado el paso que habría reportado credibilidad a su defensa, revelando el nombre de quién o quiénes avalaron a la empresa que ha resultado estar detrás de una trama de corrupción que, por girar alrededor del asesor de José

Luis Ábalos, invita a pensar que el aval venía de arriba. No ha pronunciado el nombre de quien hoy sigue siendo diputado aunque no ha tardado en hacer suya una insidia. Y lo ha hecho al decir que “en el sumario del caso Koldo solo aparecen los nombres de dos diputados” -en referencia al citado Ábalos y a Miguel Tellado, portavoz del PP-.

Una insidia que aparece en el argumentario del Gobierno y del PSOE, a sabiendas de que las grabaciones de la Guardia Civil dejan a las claras que los investigados sospechaban que estaban siendo escuchados y entre delincuentes es táctica común embarrar el terreno. El resultado es que en ningún pasaje del sumario se indica que Tellado mantuviera contacto alguno con los miembros de la trama. Tinta de calamar para oscurecer un caso ya por sí muy pinta muy negro. Como el porvenir político de algunos de los salpicados por este caso de corrupción. ●