El Gobierno activa el plan que acabará con el monopolio de la CEOE en el diálogo social
La promesa se plasma esta vez negro sobre blanco. Tras varias reuniones con la Confe‐ deración Nacional de Pymes (Conpymes) y un compromiso hasta ahora incumplido, Yolan‐ da Díaz parece dispuesta a abrir definitivamente el diálogo social a nuevos actores, aun a costa de recrudecer el males‐ tar de CEOE y Cepyme. O preci‐ samente por ello. Los empre‐ sarios, que acumulan una lar‐ ga lista de agravios con Díaz, se oponen a que el Ministerio de Trabajo legitime a otras or‐ ganizaciones patronales para ejercer la interlocución con el
Gobierno y los sindicatos, pero el departamento dirigido por la líder de Sumar lo tienen previs‐ to hacer este mismo año. Así lo recoge el Plan anual norma‐ tivo 2024, al que ha tenido ac‐ ceso El Confidencial.
Este documento, presentado el martes por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, contiene todas las normas que el Gobierno espe‐ ra aprobar a lo largo del ejerci‐ cio, a propuesta de los diferen‐ tes departamentos. Y, aunque Bolaños no hizo ninguna refe‐ rencia a la cuestión, la polémi‐ ca -y siempre aplazada- refor‐ ma de la representatividad de las organizaciones empresa‐ riales está entre los planes del Ejecutivo.
Se trata de un compromiso ad‐ quirido por el Gobierno durante la pasada legislatura, pero que nunca se había recogido en un documento oficial, más allá de una referencia en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar. "Se desarrolla‐ rán las reglas de representati‐ vidad empresarial, especial‐ mente las relativas a la mayor representatividad de las py‐ mes en el ámbito del diálogo
social, la negociación colectiva y la participación institucional. Asimismo, se actualizará la re‐ presentatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en principios democráticos", decía aquel texto.
Ahora, esa voluntad se ha tra‐ ducido en un plan explícito del Ejecutivo: la aprobación duran‐ te este año de la Ley regulado‐ ra de la representatividad em‐ presarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empre‐ sas, que tendrá como propo‐ nente al Ministerio de Trabajo. El objetivo de la norma será "desarrollar las reglas de repre‐ sentatividad empresarial, es‐ pecialmente las relativas a la mayor representatividad de las pequeñas y medianas empre‐ sas en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional", según señala el documento. En otras palabras: favorecer que las mesas se abran a la competencia de outsiders. La referencia a las pequeñas y medianas empresas no resulta casual. Es ahí donde está el meollo de la controversia La referencia a las pequeñas y medianas empresas no resulta casual. Es ahí donde está el meollo de la controversia, ha‐ bida cuenta de que ya existe una patronal relevante en este ámbito, más allá de Cepyme, la marca de la CEOE. Se trata de Conpymes, una organización que se presentó hace ahora casi tres años con la presencia de la propia Díaz y de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Aquel acto causó un gran revuelo en el mundo empresarial, ya que fue interpretado como la puesta de largo de la patronal progre‐ sista que estaría promoviendo el Ejecutivo para restar poder a la patronal conservadora dirigi‐ da por Antonio Garamendi. Nada más lejos de la realidad. Desde entonces, el presidente de Conpymes, José María To‐ rres, ha escuchado promesas desde todos los ámbitos del poder político -no solo desde el Ministerio de Trabajo- que jamás se han llevado a la prác‐ tica. La desconfianza de la pa‐ tronal de pequeñas y media‐ nas empresas ha ido en au‐ mento a medida que transcu‐ rrían los meses y los avances no llegaban, hasta el punto de que decidió sumar a la vía polí‐ tica otra judicial. La reciente sentencia del Tribunal Supre‐ mo contra las subvenciones de 30 millones de euros con‐ cedidas a dedo a CEOE, Cepy‐ me y UGT para impartir cursos de formación supuso un alda‐ bonazo a la estrategia de Conpymes, que desde enton‐ ces confía en ser reconocida por la fuerza de los hechos. Desde la patronal outsider siempre han negado cualquier relación con Díaz y, pese a que reconocen que apoyan un ca‐ pitalismo social, aseguran que coinciden en la mayoría de reivindicaciones con CEOE y Cepyme. Lo que les diferencia, aseguran, es que esta última no es más que un apéndice de la primera, por lo que no repre‐ sentaría realmente los intere‐ ses de las pequeñas y media‐ nas empresas. Desde el en‐ torno de la patronal oficial, en cambio, se ha caricaturizado a Conpymes como una organiza‐ ción independentista, ya que surgió a partir de Pimec, una organización catalana de py‐ mes que sí ha sido reconocida en el seno del diálogo social en su comunidad -además de en la Comisión Consultiva Na‐ cional de Convenios Colecti‐ vos (CCNCC)-, igual que la ba‐ lear Pimeb.
Díaz mete en la agenda del Go‐ bierno el plan para que los sin‐ dicatos entren en los consejos
Juan Cruz Peña El Ministerio de Trabajo y Economía Social prevé llevar a aprobación del Consejo de Ministros este 2024 la ley de democracia en la empresa, que pretende "im‐ pulsar la participación de los trabajadores" en las compa‐ ñías
Para que esto ocurra en el con‐ junto del país, es imprescindi‐ ble que se le atribuya a la enti‐ dad en cuestión la representa‐ tividad suficiente. El Estatuto de los Trabajadores la fija en un umbral muy concreto: "Se entenderá que gozan de esta capacidad representativa las asociaciones empresariales que cuenten con el diez por ciento o más de las empresas y trabajadores en el ámbito es‐ tatal". Sin embargo, el Go‐ bierno nunca ha emprendido el desarrollo normativo para es‐ tablecer cómo se realiza ese conteo, que deberá ir en línea con los criterios "objetivos y proporcionados" señalados en una recomendación del Conse‐ jo Europeo de junio de 2023. Conpymes considera que ya cumple los requisitos, y lleva tres años pidiendo que se pon‐ gan las cartas encima de la mesa para medir fuerzas. Ade‐ más de Pimec y Pimeb, la or‐ ganización de José María To‐ rres integra a entidades de va‐ rias provincias de Castilla y León y de las ciudades autóno‐ mas, pero su mayor fuerza re‐ side en las sectoriales, con asociados tan fuertes como COAG (agricultura), Fenadis‐ mer (transporte), Uatae (autó‐ nomos) o Anpier (energía foto‐ voltaica).
Sin apoyos asegurados
La ley que ahora se compro‐ mete a aprobar el Ejecutivo as‐ pira a cubrir ese vacío, pero no lo tendrá fácil. Con toda segu‐ ridad, contará con la oposición de la CEOE. Desde hace me‐ ses, Garamendi ha denunciado que se suceden los cambios encubiertos del Estatuto de los Trabajadores sin pasar por el diálogo social, que sobrepasa‐ rían la reforma laboral acorda‐ da en 2021. Este sería uno más. En el ámbito político, to‐ davía está por ver si Díaz cuen‐ ta con los apoyos suficientes así en el Consejo de Ministros como en el Parlamento- para sacarlo adelante. Actualmente, en el diálogo so‐ cial bipartito solo se sientan CEOE y Cepyme, por el lado de la patronal, y CCOO y UGT, por el de los sindicatos, a los que se suma el propio Gobierno cuando la mesa es tripartita. De todos ellos, ninguno se ha pronunciado abiertamente a favor de la inclusión de nuevos actores en estos foros, donde se dirimen asuntos como la negociación colectiva o las le‐ yes y decretos que afectan al ámbito sociolaboral. Las más importantes contemplados en el Plan anual normativo 2024 son la hasta ahora fallida re‐ forma del subsidio asistencial de desempleo -esencial para recibir los 10.000 millones de euros del cuarto pago de los fondos europeos-, la ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, la subida del sa‐ lario mínimo interprofesional (SMI) para 2025 o el llamado estatuto del becario, que ya quedó pendiente tras el ade‐ lanto electoral de la pasada le‐ gislatura.