El Confidencial

Barones del PP amenazan con un frente judicial si Sánchez no convoca la Conferenci­a de Presidente­s

- Carlos Rocha. Sevilla

El PP no pretende quedarse de brazos cruzados después de que el Gobierno y el PSOE ha‐ yan activado una ofensiva en los tribunales contra las regio‐ nes gobernadas por los popu‐ lares. Varios presidente­s auto‐ nómicos amenazan con abrir fuego e impulsar un frente ju‐ dicial contra Pedro Sánchez como respuesta, valiéndose del poder territoria­l que ateso‐ ran los populares después del éxito de las autonómica­s del pasado 28 de mayo.

Es Juanma Moreno quien se ha puesto al frente de esta es‐ trategia con una vieja reivindi‐ cación del andaluz, la convo‐ catoria de la Conferenci­a de Presidente­s. El pasado lunes, en un acto en Sevilla, el presi‐ dente de la Junta se lo recordó a Sánchez en vivo y en directo, ya que ambos compartier­on atril en la inauguraci­ón de unas obras del metro en la ca‐ pital andaluza. Pero ahora quiere dar un paso más allá.

Juanma Moreno había recla‐ mado ya la celebració­n de esta reunión, que lleva meses de re‐ traso. Pero ahora el PP tiene la norma a su favor, ya que la convocator­ia puede activarse si lo solicitan diez presidente­s autonómico­s y el PP cuenta con 11 desde el pasado 28-M, pero también gracias a las vic‐ torias de Moreno, Alfonso Fer‐ nández-Mañueco y Alfonso Rueda, que ganaron sus elec‐ ciones en 2021, 2022 y 2024.

De momento, el Gobierno ha hecho oídos sordos y ha opta‐ do por saltarse la norma de convocar al menos dos Confe‐ rencias de Presidente­s al año. El barón andaluz ha elevado la voz y se ha puesto al frente de una ofensiva que respaldan to‐ dos los barones del PP y que cuenta con el visto bueno de Alberto Núñez Feijóo. El pasa‐ do viernes, durante un acto en Cádiz, el líder andaluz avanzó que tiene intención de tomar medidas "judiciales o adminis‐ trativas" para forzar la reunión de dirigentes territoria­les, que también cuenta con el apoyo del socialista Emiliano GarcíaPage.

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Carlos Rocha. Sevilla Los re‐ cursos a las normas de con‐ cordia en Aragón, Valencia y Castilla y León y el frente por la reforma de las leyes Trans y LGTBI en Madrid se suman a la bronca en Andalucía por los contratos en la pandemia Tras el anuncio, el presidente andaluz envió a la Moncloa un requerimie­nto formal con la fir‐ ma de 14 presidente­s autonó‐ micos, incluyendo los de Ceuta y Melilla, para que active el fo‐ ro de forma "inmediata". "Si no lo hace", advierte, "no tendre‐ mos otra alternativ­a que bus‐ car fórmulas de carácter jurídi‐ co y administra­tivo". La nueva ofensiva contra Sánchez, lide‐ rada en este caso por el presi‐ dente de la Junta, se coordinó en el retiro que Feijóo organizó junto a sus barones a princi‐ pios de marzo en Córdoba, se‐ gún fuentes presentes en el cónclave.

En realidad, la batalla empezó hace más de un año, cuando Moreno reclamó en una carta a Sánchez el encuentro. Des‐ pués le ha remitido una nueva misiva, pero ahora cuenta con el aval del resto de jefes auto‐ nómicos del PP. De hecho, otros presidente­s autonómi‐ cos, como el aragonés Jorge Azcón o el castellano­leonés Alfonso Fernández Mañueco, ya había agitado la opción de acudir a los tribunales si la Moncloa sigue ignorando su petición y bloquea la convoca‐ toria. El PP está dispuesto a exprimir su poder territoria­l y usar la Conferenci­a de Presi‐ dentes como ariete contra Sánchez

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No es la primera vez que los barones del PP amenazan con abrir la vía judicial para tratar de cercar a Sánchez. Un ejem‐ plo es la intención de los presi‐ dentes populares (y de GarcíaPage) de emprender acciones jurídicas ante el Tribunal Cons‐ titucional contra la ley de am‐ nistía si detectan desigualda­d entre regiones, una vez la nor‐ ma esté publicada en el BOE. La ley que sirvió al PSOE para blindar la investidur­a de Pedro Sánchez está atascada en el trámite del Senado, por lo que todavía faltan varios pasos pa‐ ra su entrada en vigor. Pero va‐ rios territorio­s del PP ya han activado sendos procedimie­n‐ tos internos para interponer el recurso llegado el momento. Hace apenas un mes, Alberto Núñez Feijóo reunió en Córdo‐ ba a la plana mayor del partido y fue ahí donde el Gobierno an‐ daluz desveló que ya estaba estudiando el posible recurso. El consejero de Presidenci­a, Antonio Sanz, explicó que ha‐ bía hecho una consulta al gabi‐ nete jurídico porque ya exis‐ tían "condicione­s más que su‐ ficientes" para explorar la vía judicial, con la vista puesta en el Tribunal Constituci­onal. Y es ahí donde tienen pensado acu‐ dir si en los pactos que el PSOE y el Gobierno cierran con los independen­tistas catala‐ nes hay un agravio comparati‐ vo, sobre todo en asuntos rela‐ cionados con la financiaci­ón autonómica.

No sería la primera ofensiva puesta en marcha desde las comunidade­s del PP contra el Gobierno. Y no siempre tienen que ver con las cesiones que miran hacia Cataluña. Tanto Moreno como Isabel Díaz Ayu‐ so fueron la punta de lanza del frente -fallido- contra el Minis‐ terio de Hacienda cuando aprobó el impuesto a las gran‐ des fortunas.

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Las tesis del andaluz y la ma‐ drileña partían de dos argu‐ mentos, la invasión de compe‐ tencias por el impuesto al Pa‐ trimonio, cedido a las regiones y bonificado en Madrid y Anda‐ lucía. Pero también la técnica utilizada por el departamen­to de María Jesús Montero para aprobar este impuesto, que lo sacó adelante como una en‐ mienda a la ley de creación de los impuestos a los beneficios extraordin­arios de la banca y las energética­s. El Constituci­o‐ nal dio la razón al Gobierno central y en Hacienda celebra‐ ron la "victoria política" de im‐ poner su criterio sobre el de Ayuso y Moreno, los barones más beligerant­es en los tribu‐ nales con el Ejecutivo de Pe‐ dro Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ahonda siempre que tiene ocasión la brecha con Sánchez, y anunció a princi‐ pios de año un recurso contra el Gobierno por invasión com‐ petencial en la licitación de un servicio estatal de captación y formación de familias para la acogida de menores tutelados, que el TC sí admitió a trámite. No es el único ejemplo. Tam‐ bién llevó ante el Supremo el Plan Hidrológic­o del Tajo o la ley de vivienda del Ejecutivo. La Conferenci­a de Presidente­s se atisba ahora como el nuevo gran frente entre Sánchez y el poder territoria­l del PP.

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