El juez de Tsunami prevé jubilarse en el momento clave de aplicación de la amnistía
El juez de la Audiencia Nacio‐ nal Manuel García-Castellón está a unos meses de cumplir los 72 años y baraja oficializar su jubilación antes de tiempo, en concreto el próximo verano, precisamente en la etapa clave de aplicación de la ley de am‐ nistía. El instructor de causas tan sensibles como el caso
Tsunami o las diligencias so‐ bre los CDRs radicalizados no tiene ninguna intención de alargar su estancia al frente del Juzgado Central de Ins‐ trucción 6. Según aseguran a El Confidencial distintas fuen‐ tes consultadas, ha comunica‐ do a su entorno que sopesa marcharse antes de la fecha lí‐ mite fijada en octubre.
La Ley Orgánica del Poder Ju‐ dicial fija el retiro de los magis‐
trados en los 70 años, pero da la opción de que soliciten, con dos meses de antelación, una prolongación de la permanen‐ cia en el servicio activo hasta que cumplan, como máximo, los 72. Eso es precisamente lo
que hizo Castellón hace casi dos años. El próximo octubre cumple el tope. Sin embargo, la unión de las semanas de va‐ caciones acumuladas y de los permisos de los que no ha dis‐ frutado le permiten anticipar el momento. La fecha coincidirá con la fase clave de la aplica‐ ción de la norma destinada a borrar los delitos del 'procés' ya que la entrada en vigor se prevé para el próximo junio tras la tramitación en el Sena‐ do. El texto da dos meses de plazo a los tribunales para pro‐ ceder.
En los últimos meses, el ma‐ gistrado se ha convertido en uno de los principales objeti‐ vos de las iras del independen‐
tismo. Sus decisiones en el marco de la causa sobre Tsu‐ nami le colocaron en la diana de Junts y ERC. Diferentes car‐ gos de ambas formaciones le han acusado, incluso desde el Congreso, de "prevaricar" y han puesto en duda en repetidas ocasiones sus intenciones res‐ pecto a la aplicación de la am‐ nistía. Han insinuado pública‐ mente que no dudan de que "maniobrará" para quedarse. El viceconseller del Govern ca‐ talán, Sergi Sabrià, lo aseguró a las claras en una entrevista concedida a El Diario. En ella indicó que nadie puede dar la garantía de blindar la ley de amnistía ya que existen "jue‐ ces con metralleta" que inten‐ tarán "agujerearla". Respecto a Castellón, dijo: "Me han dicho que se jubila en unos meses, ¿no? Pues supongo que lo in‐ tentará todo, incluso no jubilar‐ se".
El juez de Tsunami abre una vía para no amnistiar a Puigde‐ mont por la "gravedad" de los heridos
Pablo Gabilondo García-Caste‐ llón apunta a que las protestas atentaron contra el "derecho a la vida e integridad física" y
que el expresidente catalán asumió "la posibilidad de vícti‐ mas mortales"
Estas insinuaciones malinten‐ cionadas sobre el magistrado son solo un ejemplo de los in‐ sultos y amenazas de las que el instructor ha sido objeto en los últimos meses. Se le ha
acusado de tener una "obse‐ sión política" o de buscar "in‐ criminar al independentismo". Ha habido también señales de que el independentismo no descarta proceder penalmente en su contra y que trata de ci‐ tarle a las comisiones de in‐ vestigación que se pactaron con el Gobierno de Pedro Sán‐ chez.
Prórroga hasta julio
El motivo principal se encuen‐ tra en el caso Tsunami, un pro‐ cedimiento que afecta a perso‐ nas tan sensibles como Carles
Puigdemont por la parte de Junts o Marta Rovira y nume‐ rosos cargos intermedios de ERC, muchos de ellos huidos en Suiza, nada menos que por
delitos de terrorismo. Tras le‐ vantarse el secreto de suma‐ rio, el procedimiento acabó por implicar al expresident catalán, ahora en manos del Tribunal Supremo. El alcance fue tal que los autos del magistrado fueron tomados por las forma‐ ciones indepes como una me‐ dida de la amnistía, que fue mutando a golpe de enmienda por su sentido.
La Audiencia Nacional retrasa‐ rá la citación a Rovira para no interferir en las elecciones
Beatriz Parera El Central 6 ac‐ tuará así en consonancia con la decisión del Tribunal Supre‐ mo de ofrecer a Puigdemont y Wagensberg declarar de forma voluntaria entre el 17 y el 21 de junio
La causa está, en la actuali‐ dad, prorrogada hasta julio.
Quedan pocas diligencias pen‐ dientes de practicar. Debe fijar‐ se la citación de los investiga‐ dos y testigos y tras ella, solo quedará poner fin a la instruc‐ ción. Como publicó El Confi‐ dencial, el magistrado no quie‐ re interferir con estos interro‐ gatorios en el periodo electoral y su previsión es esperar a que se celebren los comicios en Cataluña para formalizar las fechas de las comparecencias. Al margen del caso Tsunami, el 6 que dirige Castellón instru‐ yó el procedimiento contra un núcleo radicalizado de los CDR a los que se acusa de planear atentados, sabotajes y un asal‐ to del Parlament para lograr la independencia. El fiscal solici‐ ta 27 años de cárcel para ocho de ellos por los delitos de per‐ tenencia a organización terro‐ rista, fabricación de explosivos y estragos de carácter terroris‐ ta en grado de tentativa. A otros cuatro los sitúa un esca‐ lón por debajo y pide ocho años de cárcel al acusarles so‐ lo del primer delito.
El Juzgado instruye, también, la macrocausa vinculada con el comisario Villarejo y acumu‐ la dos de las principales cau‐ sas sobre la corrupción del PP que aún permanecen abiertas:
Púnica y Lezo. La primera de ellas arrancó en el año 2014 y ha enfilado ya su última fase antes del cierre definitivo de la decena de piezas que acumu‐ la. Por el momento, solo se ha juzgado el chivatazo que reci‐ bió el principal acusado, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados. El juicio por la financiación irre‐ gular del PP de Madrid está a las puertas.
García-Castellón sitúa a Puig‐ demont como impulsor de Tsunami y prorroga seis me‐ ses la investigación
Beatriz Parera Asegura que una de las líneas de investiga‐ ción consistirá en determinar si el expresidente catalán par‐ ticipó en la creación de la pla‐ taforma junto a Òmnium Cultu‐ ral
García Castellón también ins‐ truye el caso Lezo, en el que se ha propuesto juzgar al expresi‐ dente madrileño Ignacio Gon‐
zález, por la compra presunta‐ mente fraudulenta y por unos 30 millones de dólares de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014. En otra de sus líneas se ha instruido la compra de la empresa colom‐ biana Inassa.
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Itziar Reyero Los de Otegi no retirarán su apoyo al Gobierno aunque el PSOE le corte el pa‐ so; al contrario, necesitan que la legislatura llegue hasta el fi‐ nal. “Si llega el PP se frenarán desarrollos legales para los presos”, avisan
Antes de la transferencia de competencias, las cárceles vascas podían proponer el gra‐ do de cumplimiento, pero
lue‐ go decidía Instituciones Peni‐ tenciarias,
dependiente del Mi‐ nisterio del Interior. Tras la transferencia de prisiones, es el Gobierno vasco el que deci‐ de el grado. Es decir,
en lugar de Ma‐
blece Vitoria lo esta‐
drid.
La clasificación se puede recu‐ rrir. El órgano competente es la Audiencia Nacional al tratar‐ se de presos condenados por terrorismo.
Pueden recurrir tanto el preso como la Fiscalía
en caso de que no estén con‐ formes con la decisión de la administración. Lo cierto es que el ministerio público se opone a la mayoría de los ter‐ ceros grados penitenciarios que otorga el Gobierno vasco porque entiende que los reclu‐ sos no cumplen los requisitos suficientes como
el perdón a las víctimas o la colaboración
con la Justicia.
El recurso de la Fiscalía parali‐ za
la salida de prisión del eta‐ rra en régimen de semilibertad, pero son múltiples los casos en los que el Ejecutivo autonó‐ mico ha vuelto a conceder un tercer grado a un preso terro‐ rista,
aunque lo hubiese revo‐ cado la Audiencia Nacional. La
Asociación de Víctimas del Te‐ rrorismo (AVT) lleva un conteo pormenorizado de todos los terceros grados concedidos por el Gobierno que actualiza todos los meses. Terceros grados duplicados o triplicados
Según sus cálculos, los
67 ter‐ ceros grados otorgados
se co‐ rresponden con 54 presos de ETA, ya que en 13 casos se han duplicado o incluso tripli‐ cado
las decisiones de progre‐ sión al régimen abierto tras
de‐ cisiones judiciales contrarias al Gobierno 2021,
los jueces han revocado 16 terceros grados
y otras ocho están actualmente en suspenso por efecto del recur‐ so de la Fiscalía. En conversa‐ ciones internas en prisión a las que ha tenido acceso este pe‐ riódico, los presos de ETA se‐ ñalaban a la Fiscalía de la Au‐ diencia Nacional como su prin‐ cipal obstáculo.
Desde el inicio de la gestión carcelaria, las autoridades del PNV siempre avisaron que iban a
y la concesión de regíme‐ nes de semilibertad como el tercer grado. En esa estrategia los internos de ETA no han si‐ do una excepción a pesar de que tienen que cumplir unos requisitos especiales por la gravedad de sus delitos. Los permisos ordinarios de dos días
Pero además, la Consejería de Justicia del Gobierno vasco usan
ción
Vasco. Desde
apostar por la reinser‐ una segunda vía, mucho más discreta,
que contribuye a pacificar a los internos etarras y sus familias. Permite a los reclusos acogerse a un resqui‐ cio legal para salir de prisión con permisos ordinarios sin la supervisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
consiste en superiores
de dura‐ ción, según informan a El Con‐ fidencial diversas fuentes co‐ nocedoras de la situación.
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Alejandro Requeijo Las comu‐ nicaciones de los internos re‐ flejan las diferencias con el sector duro y el compromiso de la izquierda 'abertzale' de no dejarles atrás: “No vamos a hacer diferencias con nadie”
Cuando no superan las 48 ho‐ ras, no es necesario informar a las autoridades judiciales,
y la competencia para concederlos es exclusiva de la Consejería de Justicia. Se da la circuns‐ tancia de que la acumulación de esos permisos sin inciden‐ tes es luego un argumento a su favor para optar a la semili‐ bertad por medio del tercer grado. Tienen derecho por ley a pedir
fuera de la cárcel.
La clave en este caso es la du‐
año Este atajo solicitar salidas no dos días un total de 36 días al
ración de esos permisos. Pue‐ den ser de
un máximo de siete días seguidos,
pero si no supe‐ ran los dos días, no hace falta informar a la Fiscalía ni al juez central de Vigilancia Peniten‐ ciaria de la Audiencia Nacio‐ nal. Así lo establece el artículo 161.2 del Reglamento Peniten‐ ciario: cuando los permisos son de uno o dos días, los de‐ cide directamente el centro di‐ rectivo, es decir, el Gobierno vasco.
Según las fuentes penitencia‐ rias consultadas por este pe‐ riódico, de ETA repartidos en las tres cár‐ celes vascas salieron en 2023. Se trata de un porcentaje alto del colectivo. A esas cifras hay que sumar los que salieron por esta vía
al menos 48 presos en 2022, en torno a una veintena. Las mismas fuentes consultadas advierten además de que
este número de permisos concedidos
supe‐ ra significativamente la media
de los que se otorgan en el resto del Estado y en Cataluña, comunidad que también tiene las competencias penitencia‐ rias transferidas.