Los nuevos inspectores caen en el limbo: "Llevamos nueve meses cobrando sin trabajar"
Si se presentó a la convocato‐ ria de oposiciones para ins‐ pector de trabajo del 24 de marzo de 2021 y las aprobó, lo lógico parecería ser que ya hu‐ biese ocupado su puesto en la administración. En realidad, y como está ocurriendo con los 52 inspectores de última hor‐ nada que sacaron su oposi‐ ción aquel año, hoy estaría le‐ vantándose cada mañana a echar un vistazo al BOE para ver si hoy, por fin, han confir‐ mado su plaza. Muchos de estos funcionarios de la promoción LXV ya se han mudado a sus lugares de des‐ tino elegidos el pasado febre‐ ro, sin saber cuándo recibirán una confirmación que está “a falta de BOE”, como explica Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), que ha denunciado su situación junto a la Asociación de Técnicos de la Seguridad Social.
Los inspectores concluyeron sus prácticas el pasado 31 de julio, y nueve meses después, no han conseguido que se confirme su nombramiento. La última noticia la tuvieron el pa‐ sado 2 de febrero, cuando reci‐ bieron un listado provisional de destinos que, según el mi‐ nisterio, se tramitaría en un par de meses. Por eso, muchos decidieron mudarse a sus des‐ tinos este mes de abril, pero la fecha del nombramiento se ha retrasado y siguen sin saber cuándo podrán incorporarse. Como resultado, los 52 inspec‐ tores (más otros 15 de promo‐ ción interna) han pasado nue‐ ve meses cobrando un sueldo de prácticas de 1.290,60 euros brutos mensuales por no ha‐ cer nada. En total, el Estado ha gastado 650.000 euros en los sueldos de un grupo de ins‐ pectores que no han podido trabajar. “Desde el 1 de agosto llevamos sin hacer nada espe‐ rando nuestro nombramiento, tienes a funcionarios públicos cobrando un sueldo público durante más de nueve meses por no hacer nada”, lamenta uno de los afectados, que pre‐ fiere no dar su nombre.
"El contribuyente ha aportado un dinero que no se está utili‐ zando bien"
En todas las oposiciones pasa un cierto tiempo hasta que se producen los nombramientos, pero los inspectores denun‐ cian que en otros cuerpos ha sido de “apenas unas sema‐ nas” frente a los nueve meses que han pasado desde el ve‐ rano pasado. “Nuestra frustra‐ ción es temporal, porque lo que queremos es trabajar, sa‐ bemos lo que supone para el contribuyente que ha aportado un dinero que no se está desti‐ nando bien”, lamenta otro de los afectados, que ya se ha instalado en su provincia de destino y desliza que “si esto fuera una oposición a Hacien‐ da, nos habríamos incorpora‐ do en tres días”. Los afectados aseguran que han intentado contactar con el Secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, con la dirección del Or‐ ganismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con la Escuela de Inspección y
"ni nos responden rreos". a los co‐
El problema, para muchos de estos inspectores, se encuen‐ tra en la incertidumbre en la que viven tras recibir un des‐ tino provisional en febrero al que acompañaba la promesa de que se confirmaría en dos meses. No ha sido así. “De un día para otro no puedes mu‐ darte a una ciudad como Bar‐ celona, tienes que buscar piso, verlo, etc.”, lamenta uno de es‐ tos inspectores. La capital ca‐ talana es una de las ciudades más afectadas, porque han quedado 25 plazas libres que esperan ser cubiertas. Barcelona es una de las ciuda‐ des más afectadas. (Europa Press/David Zorrakino)
Eso les ha llevado a estar pa‐ gando pisos de alquiler con sueldos de prácticas, una ter‐ cera parte de lo que recibirán cuando ocupen sus plazas. “Algunos no pueden más y se van a ahogar económicamen‐ te, van a tener que pedir crédi‐ tos o dinero a sus familias, que es algo que no todas pue‐ den permitirse”, explica ese mismo inspector. “Hay gente que ya está en Barcelona, Va‐ lencia o Sevilla pagando alqui‐ leres caros sin saber cuándo van a incorporarse”, añade Er‐ coreca.
Un largo recorrido
La oposición a inspector de trabajo requiere un esfuerzo temporal y económico eleva‐ do, lamentan sus trabajadores. “La media oscila entre los cua‐ tro y cinco años, aunque algu‐ nos se la saquen en tres y otros en siete”, explican. “La prueba consiste en cuatro exá‐ menes eliminatorios con más de 250 temas que se dilatan mucho en el tiempo, así que para opositar necesitas un res‐ paldo económico importante de tu familia, porque todos los exámenes se hacen en Madrid y en el oral te avisan de un día para otro”.
Esta promoción realizó las pruebas entre el 19 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022. Una vez se aprueba la oposi‐ ción, algo que en el caso de esta promoción ocurrió en ju‐ nio de 2022, deben pasar por la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se encuentra en la calle Rafael Alberti de Madrid. “Aprobamos en junio de 2022 y empezamos la escuela en no‐ viembre, ya más tarde de lo que esperábamos porque pen‐ sábamos que iba a ser en sep‐ tiembre”, explican. "Cuando salga en el BOE pode‐ mos ponernos a trabajar, pero no sabemos cuándo será" El paso por la escuela duró desde noviembre de 2022 has‐ ta marzo de 2023. Tras otro parón de un mes en abril, reali‐ zaron sus prácticas en la co‐ munidad donde estaban em‐ padronados entre mayo y julio. A partir de ese momento, solo les queda esperar. “Hicieron un listado de las plazas disponi‐ bles el 1 de febrero y el 2 lo en‐ viamos todo: en cuanto salga en el BOE podemos ponernos a trabajar, pero es que no sa‐ bemos cuándo va a salir”. Los rumores que circulan gracias a las llamadas de algunos de los afectados es que el proceso puede demorarse hasta finales de mayo debido a un nuevo trámite que ha ralentizado el proceso. El Ministerio de Tra‐ bajo, con el que se ha puesto en contacto este periódico, no ha ofrecido respuesta.
En total, más de tres años en‐ tre la convocatoria del examen y la incorporación final a sus puestos. Una demora que a su juicio muestra las ineficiencias de la administración. Como la‐ menta uno de ellos, “el minis‐ terio no puede decir lo impor‐ tante que son los inspectores y que luego cuando tienes aprobada y validada la oposi‐ ción no cumplas con los pla‐ zos”. En julio de 2021, la presi‐ denta de trabajo Yolanda Díaz firmó el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Segu‐ ridad Social que reflejaba equi‐ paración salarial, mejoras eco‐ nómicas, el desarrollo de ca‐ rrera profesional y refuerzo de personal administrativo, pero para el cuerpo de inspectores, no ha cumplido las expectati‐ vas.
Un sector en retroceso
Los inspectores de trabajo han sido uno de los grandes fren‐ tes abiertos del ministerio de la vicepresidenta segunda. En mayo del año pasado, convo‐ caron una huelga tras dos me‐ ses de paros parciales para protestar por la falta de perso‐ nal y medios. La huelga fue desconvocada en apenas un día ya que consideraban que el gobierno la había instrumenta‐ lizado durante la precampaña electoral, pero los paros mos‐ traban el malestar en uno de los sectores de la administra‐ ción que se consideran más agraviados comparativamente. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Día. (EFE/Paula García-Ajofrín) Estas dificultades se reflejan, por ejemplo, en el número de candidatos que se presentan a la oposición o en que en algu‐ nas comunidades queden puestos por cubrir. Por ejem‐ plo, como contaba Ercoreca a El Confidencial hace dos años, “si antes teníamos 20 oposito‐ res por plaza, ahora hay cuatro o cinco”. Uno de los ejemplos más reveladores es el País Vasco, donde alrededor de un tercio de las plazas (26 de los 80 disponibles) han quedado desiertas por la falta de candi‐ datos.
Aunque el número de plazas ha aumentado en dicha comu‐ nidad autónoma de 64 a 80 en‐ tre 2020 y 2024, son puestos difícil de cubrir porque muchos candidatos prefieren elegir otras ofertas públicas de em‐ pleo. A pesar de que la catego‐ ría del inspector es A1, la difi‐ cultad del examen y el largo período de preparación para el mismo la hacen menos atracti‐ va. Además, como explicaba a El Correo la viceconsejera de Trabajo de Euskadi, Elena Pé‐ rez Barredo, las comunidades dependen de que los funciona‐ rios elijan su comunidad para poder cubrir estos puestos y “el que es de fuera enseguida se marcha cuando se realizan los concursos de traslado”. El retraso en la incorporación de los inspectores de última hornada impacta no solo en sus vidas personales y supone un gasto innecesario, sino que además, repercute en el fun‐ cionamiento de las inspeccio‐ nes provinciales que están es‐ perando la incorporación de estos trabajadores. Uno de ellos lo aduce a “la dejadez del ministerio, que no tiene ni co‐ nocimiento ni interés: dispo‐ nen de 52 inspectores y nadie les presta atención cuando es‐ tán pidiendo constantemente más recursos. Estamos todos cabreados”. Como ironiza su compañero, “para el año que viene hay convocadas otras 80 plazas, pero a lo mejor no se incorporan hasta 2027”.