La nueva PAC mantiene el apoyo al sector vitivinícola para mejorar su competitividad
Las empresas demandan medidas para la adaptación de la producción al mercado y a las nuevas expectativas de los consumidores
Había incertidumbre y la sigue habiendo en el sector vitivinícola respecto a lo que supondrá para el mismo la nueva reforma de la PAC que ya se prepara. Entre otras cuestiones, la industria vitivinícola está presionando para que se incluyan las propuestas de etiquetado de sus productos en la próxima PAC posterior a la reforma de 2020 “con el fin de dar a la autorregulación una base jurídica y certeza”. Para el sector, la nueva PAC debe tener como prioridades “la orientación al mercado a través del mantenimiento y mejora de los planes nacionales de apoyo al sector vitivinícola, la adaptación de las producciones al mercado y a las nuevas expectativas de los consumidores y un enfoque basado en la sostenibilidad medioambiental que permita garantizar la resiliencia del sector ante las amenazas climáticas del futuro y especialmente frente a los efectos del cambio climático”, según defendió hace unos días el Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV), entidad que representa al sector vitivinícola de la UE y que cuenta entre sus miembros con 24 organizaciones nacionales.
Lo que está claro es que, tal y como ayer aplaudió la Consejería de Agricultura la futura PAC mantendrá el apoyo al sector vitivinícola para mejorar su competitividad. La secretaria general de Fondos Europeos Agrarios, Concepción Cobo, considera “positivo” que se mantenga este apoyo específico al sector en el marco normativo propuesto respecto a la regulación de mercados. Para la representante de la Consejería, “es una buena noticia que se siga respaldando a un sector como éste, de tan marcada vocación exportadora como demuestran las cifras de ventas al exterior, con 117 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento del 18% en una década”.
Según Cobo, estos programas específicos son la vía más eficiente para organizar al sector y fortalecer su posición en la cadena alimentaria, mejorando su capacidad de adaptación al mercado. Por ello, calificó de acierto la apertura que plantean los nuevos reglamentos de extender este tipo de intervenciones a otros sectores agrícolas o ganaderos.
En el caso del sector vitivinícola, el marco normativo mantiene el apoyo económico al sector a través de planes que deben ser presentados a nivel nacional y en los que pueden seguir incluyéndose ayudas para mejorar la competitividad de las explotaciones vitivinícolas a través de la reestructuración y reconversión de las plantaciones de viñedo. A esto se añaden incentivos para la mejora de los procesos de transformación y comercialización de las bodegas, a través de los cuales en Andalucía se realizan inversiones que superan los nueve millones de euros anuales. Asimismo, podrán seguir accediendo a las subvenciones para la promoción del vino en países terceros, una línea en la que las bodegas e industrias vitivinícolas andaluzas invierten de seis a siete millones de euros anualmente con más de 60 programas a través de más de 20 industrias. Se mantienen igualmente las líneas de apoyo a la innovación, que ofrecen un enorme potencial para conseguir que el sector se adapte a las nuevas demandas del mercado y mejore su sostenibilidad económica y ambiental. Cobos defiende la necesidad de contar con un marco jurídico europeo más ambicioso que regule los temas de competencia o las relativas a las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria y aboga por la necesidad de establecer mecanismos más sencillos y ágiles para la revisión y actualización de los precios de activación de las medidas de intervención de mercado.