El Gobierno confía en sacar el Presupuesto con los separatistas
El Ejecutivo rebaja la previsión de crecimiento de España al 2,6%
El Gobierno ha rebajado su previsión de crecimiento económico para el próximo año hasta el 2,3%, aunque confía en que este avance, unido a las nuevas figuras fiscales, permita financiar las medidas de gasto anunciadas y cumplir con la meta de déficit comunicada a Bruselas, el 1,8% del producto interior bruto (PIB) en 2019.
El Consejo de Ministros extraordinario abordó ayer el borrador de plan presupuestario para el próximo año, que remitió a Bruselas, así como una actualización del cuadro macroeconómico.
El Gobierno rebaja una décima su previsión de crecimiento para 2018 y para 2019, hasta el 2,6% y 2,3%, respectivamente, ante el ajuste del sector exterior (balance entre exportaciones e importaciones) que restará una décima al crecimiento este año y no aportará nada al de 2019. Las peores perspectivas de las exportaciones irán acompañadas de una moderación de las importaciones, mientras que mejoran las previsiones de demanda nacional, gracias sobre todo a las inversiones.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, explicó que el Gobierno prevé situar la deuda pública en el 95,5% del PIB al cierre de 2019, casi tres puntos por debajo del 98,3% con el que se terminó 2017.
Los Presupuestoss contemplan un límite de gasto no financiero o techo de gasto para el próximo año de 125.064 millones de euros, un 4,4% superior al de este año. Esto supone un incremento de 5.230 millones de euros que, según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deriva más de compromisos del PP (3.238 millones), como la subida salarial de los funcionarios, que de nuevas iniciativas de este Ejecutivo (1.992 millones).
Para financiar este aumento, Hacienda espera que los ingresos de los Presupuestos se incrementen en 11.724 millones, como resultado del propio ciclo económico (6.413 millones), nuevas figuras impositivas (3.811 millones) e ingresos no tributarios (1.500 millones). En la documentación que se remitirá a la Comisión Europea (CE), el Gobierno baraja un déficit público del 1,8% del PIB en 2019, que es la senda negociada con Bruselas, pese a que no está aprobada en Cortes, al considerar que es “realista” y corrige los errores de las cuentas de 2018.
Montero indicó que cuando se presente el proyecto presupuestario, a finales de noviembre o principios de diciembre, se contemplará la senda de déficit que esté vigente en ese momento, que previsiblemente será la del PP ante la dificultad de aprobar la nueva senda mientras no se cambie la Ley de Estabilidad.
En cualquier caso, subrayó que el techo de gasto será el mismo, ya que el déficit del Estado sólo se vería afectado en una décima del PIB. Las principales afectadas por esta corrección serán las comunidades autónomas.
El borrador presupuestario estima que las medidas fiscales que baraja el Gobierno supondrán ingresos adicionales por 5.678 millones de euros a nivel global y por 4.489 millones en los presupuestos, principalmente por la modificación del impuesto de Sociedades y la puesta en marcha de un impuesto a determinados servicios digitales.
Las medidas de gasto tendrán un impacto global de 5.098 millones –principalmente por la revalorización de las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC), el incremento de la financiación de becas y la mejora de la dotación para dependencia– de los que 1.992 millones corresponderán al Presupuesto.
Los ingresos estimados para el conjunto de las Administraciones Públicas el próximo ascienden a 493.329 millones y los gastos, a 515.552 millones.
La Comisión Europea tiene previsto emitir a finales de noviembre su opinión sobre el plan presupuestario, probablemente durante la semana que comienza con el lunes día 19, junto con sus dictámenes sobre los borradores enviados por el resto de miembros de la Eurozona.
Antes, el jueves 8 de noviembre, el Ejecutivo comunitario presentará sus últimas previsiones macroeconómicas.
Si no se aprueba la nueva meta de déficit, las regiones no podrán incrementar el gasto