La pobreza amenaza ya al 39% de los menores cordobeses
El abandono escolar roza el 25% en la provincia y dos de cada diez jóvenes ni estudian ni trabajan En Andalucía hay tres millones de personas en riesgo de exclusión
El riesgo de pobreza y exclusión social amenaza al 39% de la población menor de 18 años en Córdoba, según revela el informe Crónica de una crisis crónica. 20082018: La pobreza que no cesa, elaborado por la Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN), un colectivo que en Córdoba agrupa a 14 asociaciones y a nivel andaluz a 53. El documento incide en que ese porcentaje en la totalidad de la comunidad autónoma es parecido, del 38,7% (un 7,4% por encima de la media estatal) y en que es especialmente crítica la situación de la infancia en familias monoparentales –en su mayoría monomarentales–, alcanzando la pobreza grave al 19% de los menores de 18 años. “La crisis no cesa. Una década después de su comienzo, la situación sigue siendo crítica, la pobreza y la exclusión social se cronifican. En Andalucía sigue habiendo tres millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión, un 37,3%, uno de cada tres andaluces. Somos la tercera comunidad con mayor porcentaje, y seguimos en niveles muy superiores a los de 2008”, puntualizó el coordinador de EAPN en Córdoba, Francisco Javier Jiménez.
Otro dato relacionado con la infancia y la educación destacados por la EAPN es que la tasa de abandono escolar en Córdoba es del 24,8%, frente al 23,5% de media andaluza. “También es alarmante el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que superan el 21%, los famosos ninis cuya mejor definición sería la de jóvenes que ni pueden estudiar ni pueden trabajar por falta de oportunidades”, incidió Jiménez. Además, puntua- lizó que durante el curso 20162017 en Córdoba las becas de estudio beneficiaron a 23.347 alumnos, “la cifra menor de las provincias andaluzas”, y contaron con un importe de 14.487 euros.
“El relato y la contabilidad oficiales nos dicen que hemos salido de la crisis, pero si se pone en duda que estemos aún en crisis económica, al menos tendremos que hablar de una crisis de las personas”, recalcó. Jiménez apuntó que la población se ve obligada a convivir con la precariedad y la inseguridad en la cobertura de sus necesidades básicas y que las pensio- nes inferiores al umbral de la pobreza representan el 32,9%, y ese porcentaje asciende al 46,1% en las pensiones de viudedad. El coordinador de EAPN en Córdoba incidió en que, “siguiendo con la tendencia de años anteriores”, la pobreza tiende a democratizarse afectando a las capas sociales intermedias. “Si bien la tasa de carencia material severa ha bajado, es llamativo el número de personas que no pueden permitirse irse de vacaciones una semana al año, el 47,9%, y quienes no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, el 49,1%”, informó Jimé- nez. “No se puede hablar de recuperación a no ser que presentemos sólo el punto de vista financiero”, puntualizó.
El coordinador de EAPN en Córdoba insistió en que uno de los síntomas de que las cifras macroeconómicas no sirven para un diagnóstico social es el crecimiento de las desigualdades estructurales, como la de género. “Se percibe una mayor conciencia social, pero hasta que no se aborde de raíz la pobreza en femenino, seguiremos hablando de un sistema que discrimina a las mujeres. Hacen falta más que gestos para revertir la si- tuación”, defendió, apuntando que la máxima manifestación de este desequilibrio es la violencia de género. Jiménez refirió que fueron 1.774 las mujeres víctimas de violencia de género en Córdoba en 2017, “lo que supone un aumento con respecto al año anterior, en el que hubo 1.511, aunque con menor ratio de las provincias andaluzas. Respecto a las denuncias por violencia de género presentadas en Córdoba, suben de 1.511 a 1.803”, relató.
El informe habla asimismo de que la crisis ha forzado el acceso de la mujer al mercado de trabajo
en un contexto de precariedad “y se ha aprovechado la poca estabilidad económica para justificar la discriminación”, puntualizó Jiménez, quien apuntó que “la brecha salarial se consolida. De hecho, en Córdoba las mujeres asalariadas cobran de media al año 3.336 euros menos que los hombres, lo que supone una brecha salarial del 28,2%”. El documento incide asimismo en que son las familias, y dentro de ellas las mujeres con el trabajo no remunerado de cuidados, quienes han compensado los recortes en gasto social. “La parcialidad –no elegida– de la jornada laboral es casi el doble para las mujeres; o sea, para el 43,88% de las trabajadoras, frente a un 22,3% de los hombres”, dijo Jiménez, quien puso de manifiesto que “además, la tasa de paro en 2017 para los hombres en Córdoba se situó en el 23,7%, mientras que para las mujeres fue del 33,8%”.
“Cuando se cumplen diez años desde el estallido de la burbuja inmobiliaria asistimos a la crónica de una crisis anunciada por el propio Banco Central Europeo, la del mercado de la vivienda”, sentenció José Carlos Cabrera, miembro de la junta directiva de la red andaluza de EAPN. Cabrera añadió que el aumento de precios y de la actividad de compraventa no implica que sean las familias las que
El colectivo insiste en que no se han llevado a cabo políticas adecuadas de vivienda social
estén accediendo a la vivienda en mejores condiciones. “Ya existe una nueva burbuja inmobiliaria, que además en esta ocasión también afecta al alquiler; los desahucios por impagos de alquiler han subido un 8%”, dijo. “Sigue habiendo desahucios aunque no se hable de ello. Las ejecuciones hipotecarias en Córdoba fueron 499 en 2017. Respecto a los lanzamientos, los asociados a ejecuciones hipotecarias fueron 300 y los de arrendamientos fueron 262”, informó Cabrera. Además, insistió en que el alquiler turístico está contribuyendo a la actual burbuja de precios incrementando los alquileres en más del 8%. “En 2017, el número de plazas en viviendas con fines turísticos en Córdoba fue de 2.742, lo que supuso un aumento del 82,9% respecto a 2016, unas viviendas turísticas a las que la Administración no les pone coto, que suponen una mercantilización extrema y que están expulsando a las familias con menor poder adquisitivo a la periferia”, dijo. Desde la EAPN insistieron en que las distintas administraciones no han llevado a cabo políticas de vivienda social adecuadas para combatir los efectos de la crisis en las personas más vulnerables.