La crisis deja medio millón más de pobres
Tres de cada diez andaluces cobran un salario de 327 euros al mes La recuperación económica todavía no ha beneficiado a la clase media
La pobreza se democratiza. Este título, que en otro ámbito podría significar un síntoma de evolución, supone todo lo contrario cuando se habla de recursos económicos. Así lo constata el último informe que dio a conocer ayer la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), una plataforma compuesta por ONG de gran raigambre en este ámbito, como Cruz Roja, Cáritas o la Fundación la ONCE. En él se revela que en diez años el número de personas en esta delicada situación ha aumentado en medio millón en la comunidad autónoma. Un grave crecimiento que es consecuencia directa de la crisis, cuyos efectos son evidentes en la clase media.
Juan Reyes, presidente de la EAPN-A, considera que en esta década “la pobreza se ha cronificado en Andalucía”. O dicho con otras palabras, se ha producido “la democratización de la pobreza”. Es decir, la falta de recursos económicos para lograr un cierto grado de bienestar social afecta cada vez más a las capas intermedias. Para constatar esta situación, la citada plataforma recurre a la tasa Arope (que rige en toda Europa), la cual está conformada por distintos indicadores socieconómicos. Su cálculo arroja que en esta región hay 3,1 millones de personas en riesgo de exclusión social, una cifra que supera en medio millón a la existente en 2008, año en el que estalló la crisis.
Esta cantidad afecta al 37,3% de la población andaluza, un porcentaje que ha disminuido dos décimas respecto a 2016, pese a lo cual sigue siendo demasiado alto, pues supone que tres de cada diez andaluces no cuentan con recursos suficientes para disfrutar del bienestar. La tasa de pobreza andaluza es la tercera de España, detrás de Extremadura y Canarias.
Los indicadores que revelan este precario estado son varios y en la mayoría de ellos Andalucía ocupa los principales puestos. Así, por ejemplo, se encuentra el dato de las familias que no pueden irse de vacaciones una semana al año, que roza el 48%, el porcentaje más alto de España. También se incluyen aquellos andaluces sin capacidad para afrontar gastos imprevistos (el 49% de la población) y el de la tasa de pobreza severa, conformado por las personas cuya renta se encuentra un 30% por debajo de la media. En este último indicador Andalucía presenta la tercera tasa más alta del país, al llegar al 9,2%, es decir, nueve de cada cien andaluces pa- decen una grave carencia económica.
Tales datos demuestran que la recuperación que se constata a nivel macroeconómico está aún lejos de disfrutarse a nivel doméstico. Especialmente en los hogares más afectados por la crisis. Cierto es –como indicó Susana González, vocal de la EAPN-A– que se genera más empleo que hace unos años, pero la calidad de los contratos resulta insuficiente para la prosperidad. El estudio de la plataforma avala esta coyuntura con varios ejemplos. Uno de ellos se refiere al salario que predomina en la comunidad autónoma. La remuneración media de un andaluz se sitúa en 14.868 euros al año, frente a los 18.835 de la media estatal. Existe, por tanto, una brecha del 21%, lo que aleja la ansiada recuperación.
Pero aún más preocupante resulta otro dato que revela la mala calidad del empleo que se crea en Andalucía. Tres de cada diez trabajadores de esta región ingresan al mes 327 euros, un salario que resulta a todas luces insuficiente
Los trabajos que no cotizan son la salida que busca los andaluces con bajos sueldos
para afrontar los diversos gastos no ya sólo para disfrutar de cierto bienestar social, sino para lograr la supervivencia. González señaló, al respecto, que estos ingresos proceden en su mayoría de contratos que no duran una semana o de trabajos realizados varios días de un mes o en pocas horas.
La falta de empleos bien remunerados obliga a muchos andaluces a llegar a fin de mes a través del mercado negro, esto es, a desempeñar trabajos que no se cotizan. Un término que no salió a relucir en la rueda de prensa de ayer, pero que a nadie escapa que sin él sería difícil entender que con la situación dibujada no se hubiera producido un estallido social como ha ocurrido en otros países.
Prueba de que la economía sumergida se ha convertido en el resorte de muchas familias es el fraude fiscal de 2017, que también se incluye en este informe. Andalucía cerró el pasado ejercicio con 420 causas pendientes por delitos económicos contra la Hacienda Pública, valorados en 720 millones de euros, lo que representa un 4,76% de la recaudación tributaria total.
Desde la EAPN-A se insiste en que la ciudadanía, a través del salario y el consumo, aporta gran parte de lo que recauda el Estado. Por tanto, según la plataforma, cuando el sistema tributario “no es del todo eficiente” puede derivar en un aumento de la pobreza y de la desigualdad.