REACCIÓN TARDÍA

LA vicepresidenta Calvo anunció que el viernes el Consejo de Ministros aprobará la presentación de un recurso ante el Constitucional por la resolución apro- bada la semana pasada en el Parlament en la que se reprobaba el discurso del rey Felipe el 3 de octubre de 2017 y se pedía la derogación de la Monarquía.

El Ejecutivo se ha tomado el asunto con una tibieza que sorprende en un Gobierno obligado a defender a su Jefe de Estado. Sea una monarquía o una república, un gobernante debe demostrar respeto a su Jefe de Estado. Y hacerlo de forma inmediata.

Y de la misma manera que se in- formó ayer del recurso, lo lógico es que se hubiera adelantado la información de que el Gobierno no permanecía quieto. Así se transmitiría que se lo estaba tomando en serio, era consciente de su gravedad, y reaccionaría como se merecía ese nueva incursión en el rechazo a la Monarquía. El silencio tras el anuncio inicial hacía pensar que el Ejecutivo había pasado página.

Más aún cuando desde distintas instancias del Gobierno se insistía en que la resolución no tenía valor jurídico. ¿Y qué? No siempre es eso lo que importa, sino el objetivo que se busca con ese tipo de iniciativas que, en este caso, era advertir a los catalanes que el Rey no es una figura a la que se deba respetar.

El silencio ha provocado que, perversamente, se produjeran otras interpretaciones. Y que se haya puesto el acento en que la resolución la presentó En Comú, el alter ego catalán de Podemos.

Sánchez no sería presidente si no fuera por Podemos, ni aproba- ría los Presupuestos si no fuera por Podemos. Es presidente a través de una moción de censura gracias a Podemos y a los partidos que pretenden romper España. Todo un signo de cómo se las gasta Sánchez con tal de mantenerse en el poder, y la relevancia que le da a España y a lo que recoge su Constitución, un texto que pretende reformar, por cierto. Toda una oportunidad para que metan mano sus socios, que quieren trocear este país y cambiar su forma de Estado.