Borrell acepta la sanción por vender acciones de Abengoa

● Niega que usase información privilegiada pero no recurrirá porque sería “anómalo” que lo hiciese un ministro contra el Gobierno

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no recurrirá la sanción que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por vender acciones de Abengoa por un valor de 9.030 euros cuando era consejero de la compañía y conocía información relevante no publicada.

Borrell expuso ante los medios de comunicación en los pasillos del Congreso la parte de su intervención que no pudo concluir en el pleno, al acabarse su tiempo cuando respondía a una pregunta del diputado del PP José Ramón García Hernández.

El ministro se reafirmó en que no utilizó información que hubiera podido obtener en su condición de consejero para vender esas acciones, pero, como para recurrir la sanción de la CNMV tiene que presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Economía de un Gobierno del que forma parte, ha decidido no recurrir.

Borrell, que dijo que no actuó basándose en información privilegiada en la gestión de su cartera de valores y de aquellas propiedad de un familiar cuya gestión le había sido encomendada, indicó que para ir a los tribunales tendría que pasar “necesaria e inevitablemente” por ese recurso previo de alzada ante el Ministerio de Economía. Añadió que hacerlo le plantearía la “anómala situación” de que un ministro recurra ante el Gobierno del que forma parte, “lo cual no me parece políticamente correcto porque puede ser presentado como un conflicto de intereses y cualquiera que fuese la resolución del recurso daría lugar a interpretaciones políticamente interesadas”.

“Por eso, por responsabilidad política, renuncio a la posibilidad de recurrir que ejercería si fuese un simple ciudadano y aceptar la sanción por una falta administrativa que corresponda, aunque esté en desacuerdo con ella y la considere injusta”, afirmó Borrell.

El ministro reconoció que la operación de venta de acciones, que representaba una parte muy pequeña del total de acciones sobre las que tenía capacidad de operar, “no fue adecuada por el momento en que se produjo y por la apariencia de irregularidad que ha podido generar”.

Agregó que “fue un error que puede constituir, de acuerdo con nuestra legislación, sólo una falta administrativa” y que no afecta a “las condiciones que establecen mi idoneidad para ejercer una función ministerial”.