LA VERDAD Y EL BÁCULO
ANDABA Sancho estrenando gobierno en la ínsula Barataria cuando dos ancianos plantearon un pleito: uno, apoyado en un báculo, sostenía haber devuelto diez escudos de oro que el otro le reclamaba. El prestamista, confiando no obstante en la honorabilidad de su vecino, se contentaba con que jurara sobre la cruz que había saldado la deuda. Y así el anciano del báculo, dejándoselo un momento al otro con la excusa del juramento, declaró haberle dado en su propia mano los diez escudos de marras. El prestamista quedó conforme y, con ello, el pleito parecía haber llegado a buen fin. Hace días, la Delegación de Educación anunció, ante las insistentes quejas de sindicatos y AMPAs, que “a día de hoy no se ha eliminado ninguna unidad” y, a mayor abundamiento, que el sistema educativo público cuenta este curso con 138 aulas más. Previamente también había afirmado que el cierre del CEIP Quercus era un traslado reversible de su alumnado a Cardeña. Pero vayamos por partes.
Es cierto que la asignación de aulas no culmina hasta septiembre. Lo que culmina en breve es el plazo para solicitar la escolarización en tres años y para quienes desean cambiar de centro. Lo que la experiencia nos dice es que, cuando en este plazo crítico se impide la matrícula en un determinado nivel –o cuando se permite en cantidad menor a la ratio 25 para unir dos o más niveles–, el centro que lo sufre arrastra una cojera en su oferta educativa: su aula no cerrará en marzo –faltaría más– pero con altísima probabilidad sí que lo hará en septiembre. Y esa cojera, lejos de corregirse, se agrava año a año en los centros de titularidad pública.
Hablo de centros de titularidad pública, de los que son propiedad suya, mía, de millones de personas que no leerán esto. Hablo
Solo puedo decir que, en mis años de oficio, jamás he visto que un centro cerrado volviera a abrirse. No lo vi en el CEIP San Sebastián, de Fuente Obejuna. Ni en la EI El Brillante.
de centros donde el profesorado accede tras un proceso público basado en la igualdad, el mérito y la capacidad, donde la única ideología es el servicio público. No hablo de ese sistema público de enseñanza que integra escuela pública y concertada y es el fruto de una cuidada ingeniería terminológica para mezclar merinas con churras y hacerle un túnel a nuestra inteligencia.
En cuanto a la reversibilidad del cierre del CEIP Quercus, solo puedo decir que, en mis años de oficio, jamás he visto que un centro cerrado volviera a abrirse. No lo vi en el CEIP San Sebastián, de Fuente Obejuna. Ni en la EI El Brillante. Ni en los centros públicos rurales de Cortijuelos o Azuel. Conocí a muchos de sus docentes, compartí con sus equipos directivos la preocupación por esa herida que desangra nuestra provincia, por la grieta que engulle el relevo generacional del campo, de ese campo al que tanto debemos en Andalucía. No vi esos centros levantándose cual Lázaro y temo que tampoco veré la resurrección del CEIP Moreno de Pedrajas o la del CEIP Lucano.
Pero no hace falta que me crean. Ni tampoco a los compañeros de CSIF, Ustea, CCOO, ANPE, UGT y SIEP, tras clamar en un desierto cada año más árido. Ni a la FAPA Ágora, ni a la Plataforma Niños y Niñas del Sur, ni a los consejos de distrito… crean al Instituto Andaluz de Estadística: crean en las 193 unidades perdidas entre 2011 y 2019 en el 2°ciclo de Educación Infantil en Córdoba (de 971 a 778); crean en las 135 eliminadas en Primaria (de 1901 a 1766); crean en las 50 clausuradas en la ESO (de 1064 a 1014); crean en las 28 desmanteladas en Bachillerato (de 428 a 400).
Crean en las 406 unidades arrebatadas a nuestros centros públicos. Solo a ellos, porque en el mismo periodo, ante la misma natalidad, en Córdoba la Delegación aumentó la oferta educativa de los centros privados y concertados en 18 unidades (3, 4, 1 y 10, respectivamente). El mismo momento de natalidad baja en que la Junta, a toda prisa y con sus centros cada vez más vacíos, ha aprobado la futura concertación del Bachillerato. Pero esta nueva afrenta a la escuela pública –¡por parte de sus propios gestores!– bien merece un nuevo artículo.
Permítanme ahora volver al pleito de los escudos, pues Sancho quedó pensativo y pidió el báculo al anciano que ya partía. Tras observarlo con cuidado, lo entregó al prestamista diciéndole que en él ya tenía pago a su deuda. Ante su sorpresa, Sancho rompió el báculo y se obró el milagro: brotaron diez escudos de oro. Alejandro Casona, en la adaptación teatral de este episodio, pone en boca de Sancho una postrera sentencia. Aunque en Delegación habrá quien la conozca, la recordaré también aquí: “Tomad vuestros escudos, buen hombre. Y que se condene a ese otro por falsedad pública; que el que solo dice la mitad de la verdad es igual que el que miente”.
No me corresponde a mí condenar. Pero sí reclamar la verdad –toda la verdad– a quien gestiona lo que es de todos: por la dignidad de nuestra escuela pero, antes aún, por la de nuestra propia democracia.