LA ARMONIZACIÓN FISCAL DE YELLEN
LA reacción en cadena provocada por la propuesta de armonización internacional de la fiscalidad sobre los beneficios de las empresas realizada por J. Yellen se debe a su reputación como economista, sólidamente reforzada tras su paso por la Reserva Federal y con su reciente nombramiento al frente del Tesoro norteamericano. Economistas prestigiosos la comparten y el respaldo de líderes internacionales y de portavoces de importantes instituciones garantizan su presencia en los próximos foros sobre economía global, aunque todo ello podría no ser suficiente para su viabilidad práctica.
El objetivo es eliminar la competencia fiscal y su inf luencia sobre la deslocalización de empresas, pero esta es una visión que no todos los especialistas comparten. Bajar o subir impuestos es una decisión política que básicamente implica una diferente concepción de la cantidad y calidad de los servicios que debe proveer el estado. El trasfondo ideológico es evidente, pero las dos opciones son legítimas y los planteamientos al respecto de Biden y Trump son buen ejemplo de ello.
De momento sólo han aparecido las reacciones de apoyo, pero probablemente también habrá munición en contra. Entre ellas, las empresas menos comprometidas con la gobernanza global y con menos reparos para beneficiarse del desorden y de la estrechez de escrúpulos de gobiernos dispuestos a la “negociación fiscal” para atraer empresas a su territorio. Además, para que la iniciativa funcione sería necesario alcanzar, como en el caso de las vacunas, algo parecido a la inmunidad de rebaño, lo que obligaría a un firme compromiso entre las economías más desarrolladas, más allá de los meros formalismos de apoyo. La prueba está en los paraísos fiscales, que siguen estando ahí, pese a las reiteradas manifestaciones formales, pero de limitada eficacia, sobre la necesidad de acabar con ellos.
El objetivo de la armonización en la tributación sobre los beneficios en Europa también persigue acabar con la elusión fiscal en las multinacionales, estimada por Moscovici, responsable de economía en la UE hasta 2019, entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales. El truco consiste en manipular los registros contables de forma que se consiga imputar la mayor parte posible de los beneficios consolidados en los denominados “regímenes fiscales preferenciales”, es decir, en los países donde se pagan menos impuestos.
Europa tiene, por tanto, una cierta experiencia en el tema, aunque con resultados bastante pobres hasta el momento. El problema no se reduce a la resistencia en algunos países al establecimiento de una tarifa única, sino también a la dificultad de alcanzar una postura común para el cálculo de la base imponible del impuesto. En otras palabras, criterios similares de cómputo de los ingresos y gastos deducibles que determinan el beneficio. Para algunos especialistas es incluso más importante que la armonización de la tarifa, porque abre una vía para conseguir que los beneficios se imputen donde efectivamente se generen y corresponda contribuir. Frenar la competencia fiscal exige más que una tarifa mínima o común en el impuesto de sociedades, pero podría ser un buen comienzo.