Más de 2.500 jueces acuden a la UE por el riesgo de violación del Estado de Derecho en España
● Asociaciones urgen a Bruselas a frenar las reformas que afectan a la independencia judicial
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles, han remitido un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vera Jourova, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, denunciando lo que consideran un “riesgo de violación grave” del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.
En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitan a la Comisión Europea la adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la UE como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.
Concretamente, solicitan a la Comisión Europea, que tome conocimiento de su escrito acerca de las reformas legislativas sobre “el apagón y desapoderamiento” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –por la reforma que impide nombramientos estando este órgano en funciones– y su “colonización por los partidos políticos”, que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces, “y con ello su independencia e imparcialidad”.
A juicio de los firmantes, esta actuación pone en riesgo el Estado de Derecho, “lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión”.
Reclaman también que se inste al Gobierno de España para que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías que demanda el artículo 49 del Tratado, en los términos en que los viene interpretando el TJUE.
El CGPJ no se pronunciará oficialmente sobre dicha carta; no obstante, este movimiento es valorado positivamente por algunos vocales conservadores del Consejo, que no descartan que este asunto se ponga sobre la mesa durante el próximo Pleno ordinario, previsto para el día 22.
Silencio del CGPJ sobre la carta, aunque el día 22 analizará en el Pleno dicho asunto