La Guardia Civil registra la sede de Abengoa en Sevilla por una querella de 2016
● Las requisas de información se centran en proyectos de las filiales de Bioenergía y Solar para comprobar si se infló la facturación y los resultados comunicados a los mercados
El registro de la sede central de Abengoa que desde primera hora de la mañana de ayer practicaron una veintena de agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) se hizo por orden del Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado Ismael Moreno, en busca nuevas pruebas de falseamiento de las cuentas de la multinacional sevillana.
Las diligencias, que están declaradas secretas, forman parte de las investigaciones que realizan el juzgado para instruir la denominada querella Abengoa II, en la que son investigadas la propia multinacional y su auditor entre 2014 y 2016, Deloitte.
El juez Moreno dictó en febrero de 2020 un auto por el que amplió esa querella contra Abengoa y Deloitte por un presunto delito de estafa a los inversores, en la causa que investiga la supuesta alteración contable de las cuentas de 2014 a 2016.
La directora de la Guardia Civil, María Gámez, confirmó ayer que el registro en la sede de Abengoa estaba vinculado con "supuestos delitos en relación con el mercado y con los consumidores", a los que se refiere esa acción penal, según informó Efe.
La ampliación de la querella, que hasta febrero de 2020 sólo se dirigía contra el ex presidente de Abengoa Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, incluyó desde ese momento como investigados a las antiguas consejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde –que formaban parte de la Comisión de Auditoría– y al socio auditor de Deloitte Manuel Arranz. A todos ellos se les investiga por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.
Benjumea, Sánchez Ortega, Gracia y Velarde ya fueron absueltos por la Audiencia Nacional en la causa que investigó las indemnizaciones percibidas por los dos primeros tras su relevo al frente de la compañía en 2015. En esa sentencia, se dio por probado, además, que el Banco Santander impuso en septiembre de 2015 la destitución de Benjumea y ello provocó que fracasara la ampliación de capital propuesta en julio y la posterior petición de preconcurso de acreedores en noviembre de ese año.
Al ampliar la querella, el juez señaló en su auto de febrero de 2020 que apreciaba indicios de grave alteración y presunta falsedad de la realidad económica financiera y patrimonial, que se ocultó a las miles de personas que decidieron invertir en Abengoa.
Esa querella había sido presentada por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa y tenía ori
El juez ordena el registro, según los querellantes, porque no ha hallado aún pruebas
gen en el procedimiento que se admitió en febrero de 2017 para investigar si las “óptimas” cifras que ref lejaban los estados financieros de la empresa y la “idílica” situación patrimonial y financiera difundida por sus administradores antes de solicitar el preconcurso de acreedores era real.
También la Fiscalía, al estudiar las finanzas de Abengoa, aseguraba haber detectado una posible alteración contable de las cuentas de la multinacional y de sus filiales Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía. En concreto, mencionaba la “sistemática ocultación” de sustanciales pérdidas de sus activos, así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas. Todo ello provocaba una “notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad”, según la Fiscalía.
Precisamente, el registro hecho ayer en la sede central de Abengoa se ha centrado en estas dos filiales de Abengoa. En la requisa de información no sólo pedían datos de la sociedad matriz, sino también de distintas filiales del grupo. Las peticiones de información se centran en las filiales de Bionergía, cuyos activos ya fueron vendidos en la etapa de Gonzalo Urquijo como presidente, y en Abengoa Solar.
Además, durante todas las horas del registro, la Benemérita tuvo recluido en un despacho a David Fernández Fuentes, ahora director de Administración Abengoa, que en el periodo que investiga la querella era director de Administración de Abengoa Solar. La responsable de Contabilidad, Cristina Ruiz, que depende de Fernández Fuentes, también estuvo a disposición de los guardias para contestar a lo que se le pidiese. Los agentes también han requerido al actual director de Administración de Abengoa Solar, que estaba desplazado en Sudáfrica, donde el grupo tiene buena parte de su activos termosolares, para que regrese a Sevilla en el plazo de 48 horas.
Igualmente, la Guardia Civil, acompañada del director general de Simosa IT, la filial responsable de todo el sistema informático del grupo Abengoa, estuvo extrayendo del software SAP todas los datos contables que necesitaba.
También estuvieron pidiendo información durante todo el día a Gonzalo Zubiría, responsable del servicio de relación con los inversores, que es el que informaba a los mercados de la marcha de la compañía.
Fuentes de los querellantes señalaron por su parte, que esperaban que el juez hiciese algo contundente porque los requerimientos de información que ha ido realizando en las diligencias realizadas en los últimos meses apenas habían dado resultado, pues muchas de las personas que han declarado como testigos señalaban no recordar nada de lo que se les preguntaba.
La actuación de la Benemérita se produjo por sorpresa. Poco después de las nueve de la mañana, dos decenas de agentes de la Guardia Civil accedieron a las oficinas centrales de la compañía, en el Campus de Palmas Altas de Sevilla.
Nada más entrar, los agentes pidieron a los trabajadores que no tocasen ni los ordenadores ni nada de sus mesas y que pongan cada uno sobre éstas su Documento Nacional de Identidad.
La situación produjo desconcierto en los empleados, que no sabían de dónde venía la actuación y si estaba relacionada con las últimas informaciones de este periódico, sobre la gestión de la compañía.
Documentos contables del grupo Abengoa demuestran que el director general de la compañía, Joaquín Fernández de Piérola Marín, apenas un mes después de dar por finalizado el rescate de 2017 el 31 de marzo de ese año, con el que los acreedores financieros capitalizaron deuda por valor de 5.909,8 millones de euros a cambio del 95% de las acciones, en el informe de cuentas anuales que firma el 27 de abril como consejero de Abengoa Concessions Investments Limited (ACIL), la filial de la entonces dependía Atlantica Yield, afirmó: “Los consejeros [de Abengoa Concessions Investments Limited] piensan que pese al acuerdo de reestructuración de Abengoa se firmó en marzo de 2017, continúan vigentes incertidumbres respecto a la capacidad de Abengoa para ejecutar su plan de viabilidad revisado, lo que crea incertidumbre sobre la Compañía [ACIL] y una preocupación continua si no es capaz de recibir fondos de su matriz [Abengoa]”.
Además, ese informe se hizo justo cuando la banca acaba de vender asumiendo grandes pérdidas las acciones que se habían emitido para recapitalizar Abengoa.
Pronto, empezó a verse que la entrada y registro de la Guardia Civil no estaba formalmente relacionada con esos hechos, sino con la citada querella Abengoa II.
Y ello porque, desde el inicio de los registros, los agentes se centraron en los departamentos de contabilidad y administración, según testigos presenciales. Y con especial atención puesta en las filiales de Bioenergía y Solar.
En concreto, la Benemérita ocupó todo el Edificio D del Campus de Palmas Altas, al que accedieron por la puerta de emergencia. En él se encuentra la dirección general de la compañía, Contabilidad, Auditoría, Administración, la Asesoría Jurídica y Simosa IT.
Varios directivos permanecieron en sus despachos para facilitar los datos a los agentes