Los partidos reclaman un plan B a la alarma que el presidente insiste en no prorrogar
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó ayer que no prevé prorrogar el estado de alarma una vez que concluya el 9 de mayo al existir “herramientas jurídicas suficientes” para seguir actuando, si bien el grueso de los partidos reclamaron pactar una alternativa jurídica antes de que decaiga.
Sánchez aseguró que la aceleración del proceso de vacunación ha generado “un escenario completamente distinto” respecto a hace unos meses que permite suavizar las medidas vigentes desde finales de octubre, como el toque de queda o los confinamientos de las comunidades autónomas. “El Gobierno tiene una intención y trabaja para que sea posible esa intención. El Gobierno quiere que no haya más prórrogas. Con esa intención trabajamos”, zanjó el presidente en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa después de que varias autonomías se hayan inclinado por prolongar la alarma.
Sánchez subrayó que el Consejo Interterritorial, donde participan el Ejecutivo y las comunidades autónomas, tiene capacidad de dictar medidas de “obligado cumplimiento”, como han establecido los tribunales superiores de Justicia.
El PP reclamó un “plan B jurídico” ante el fin de la alarma, que pasaría por una reforma urgente de la ley de salud pública, tras culpar a Sánchez del “abismo” y la “incertidumbre” que podría darse a partir del 9 de mayo, según su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.
Algunos de los socios de investidura de Sánchez, como Compromís, Bildu y Más País, han abogado por un decreto pactado con las comunidades autónomas para crear un “paraguas jurídico”.
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, abogó por buscar una solución política al posible decaimiento del estado de alarma el 9 de mayo, a través de una “legislación puente”.