PP, Cs y Vox lanzan una rebaja fiscal por valor de 329 millones
● La reforma de Transmisiones Patrimoniales entrará en vigor en días y el resto, que afecta a todos los tributos cedidos a la Junta, en 2022
Cs no compareció tras una indicación de la dirección nacional para evitar posar con Vox
No es esa bajada masiva de impuestos que prometió Juanma Moreno en la campaña de 2018, pero sí es una pequeña revolución fiscal. El Gobierno andaluz y su socio parlamentario, Vox, se han embarcado en una reforma que cambiará por completo el sistema tributario autonómico –en lo que a impuestos cedidos se refiere– y que supondrá una reducción de ingresos de 329 millones, un 2% del total de la recaudación fiscal de la comunidad en 2020, que alcanzó los 15.975 millones de euros.
“Con esto y la Lista se justifica la legislatura”, apuntaba ayer una fuente del PP en referencia a la propuesta fiscal y la futura ley de urbanismo, que ayer comenzó su trámite parlamentario. La frase da pistas sobre la importancia que tiene esta reforma impositiva para la mayoría que controla la Cámara, que lleva meses trabajando en una proposición de ley que se registró ayer en la Cámara a través de dos documentos idénticos pero con firmas distintas. Uno lleva la rúbrica del portavoz de Vox, Alejandro Hernández, y el del PP, José Antonio Nieto; mientras que en el otro repite Nieto con su homólogo de Cs, Sergio Romero. Esto, explican fuentes del Gobierno se debe a un movimiento de última hora en la formación naranja, que recibió una llamada desde la dirección nacional para evitar una comparecencia conjunta con Vox en plena tormenta política por las elecciones madrileñas del 4 de mayo.
No sólo hubo doble firma, sino que la reforma fiscal también se presentó en dos lugares de forma simultánea. Por un lado, PP y Vox en la Cámara y, por otro, Juan Marín y Elías Bendodo en el Palacio de San Telmo. Esto se debe a que parte de la reforma entrará en vigor en los próximos días a través de un decreto ley que afectará al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). Este gravamen baja su tipo general al 7%, lo que supondrá un impacto económico de 223 millones de euros que se eleva hasta los 254 millones con la reforma que se hará por la vía parlamentaria.
El objetivo de este adelanto de parte de la remodelación es evitar una paralización de las actividades gravadas por este tributo –compraventa de viviendas, declaración de alquileres, etc– hasta que entre en vigor el conjunto de la reforma, lo que se prevé para finales de este año. La proposición de ley registrada ayer se tramitará por la vía de urgencia, lo que permitirá reducir los plazos hasta diciembre. Este calendario tiene una importante lectura política, ya que da cuenta de la voluntad de PP, Cs y Vox de mantener su entente, al menos, hasta final de 2021 pese a la tormenta de inestabilidad política que afecta resto de España. La reforma fiscal era una prioridad para PP y Cs. Hicieron bandera de ello en la campaña de 2018 y lo plasmaron en sus pactos. También lo es para Vox y así lo recoge también el acuerdo que permitió la investidura de Juanma Moreno. Esas prioridades quedaron en negro sobre blanco a pesar de las diferencias que hay a la hora de vender esta reforma en un nuevo episodio de la difícil relación que, por momentos, tienen Vox y Cs.
El texto remitido ayer al registro del Parlamento afecta a todos los tributos que gestiona el Gobierno autonómico y supondrá una rebaja fiscal para “más de cuatro millones de andaluces”, según dijo el vicepresidente Juan Marín. La mayor parte de esas personas se beneficiarán vía IRPF, ya que la reducción de este gravamen que ya estaba aprobada se adelanta un año para que entre en vigor en 2022 y afecta a los 3,8 millones de contribuyentes que hay en Andalucía.
A esto hay que sumar una ampliación relevante de las deducciones (compra y alquiler de vivienda habitual, gastos educativos en academias de idiomas, discapacitados, familias monoparentales y numerosas, víctimas de violencia de género, etc), que es donde está el “carácter social” que PP, Cs y Vox quieren dar a esta remodelación. En total, supondrá un coste de 31 millones para las arcas autonómicas que, según PP, Cs y Vox, se “compensará” con el aumento de contribuyentes.
Esta idea de que la reducción fiscal acaba suponiendo un aumento de ingresos es el eje sobre el que gira toda la reforma y la política tributaria general del Gobierno de PP y Ciudadanos y también empapa otras rebajas como la mejora de las reducciones de base imponibles del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las herencias de negocios, de familias. Hay otras medidas que van orientadas a la actividad económica y al afloramiento de fraude en alquiler de viviendas, como las reducciones de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como a las rebajas en la tasa al juego para casinos, bingos y rifas. “Queremos que los que pagan, paguen cantidades más justas; que los que no paguen y deberían hacerlo tengan mayor presión”, explicó José Antonio Nieto. Su homólogo en Vox, Alejandro Hernández, habló de un “cambio cultural”. Manuel Gavira, diputado de Vox, afeó a Ciudadanos su ausencia tras haber participado en las conversaciones que han servido para poner en marcha esta reforma fiscal.