La situación del Estado de Derecho en Polonia y Hungría preocupa a Bruselas
● Un informe de la Comisión Europea revela los “graves problemas” sobre la independencia del Poder Judicial y la situación de los medios de comunicación en algunos estados miembros
Polonia, Hungría y en menor medida Eslovenia, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la UE, acaparan las mayores preocupaciones de la Comisión Europea sobre el respeto al Estado de Derecho, de acuerdo con la segunda edición del informe sobre esta materia publicado ayer.
La evaluación efectuada en estos últimos diez meses, desde septiembre pasado cuando se presentó la primera auditoría, muestra una “evolución positiva” en la mayoría de estados miembros de la UE, pero también “graves problemas” y “preocupaciones”, que incluso aumentan, sobre la independencia del Poder Judicial y la situación de los medios de comunicación en algunos otros.
Polonia y Hungría no han resuelto los problemas de independencia de la Fiscalía y del poder
Esta segunda auditoría en 10 meses muestra la “evolución positiva” de la mayoría de los países
judicial en su conjunto, advierte el informe, que en el caso de Eslovenia apunta al “deterioro” de su libertad de prensa y su pluralismo.
Coincidiendo con la presentación del informe, Bruselas emplazó al Gobierno ultraconservador de Polonia a aclarar de aquí al 16 de agosto si está dispuesto a cumplir las últimas resoluciones de la Justicia europea contrarias a su controvertida reforma judicial y que su Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales.
De lo contrario, Bruselas solicitará que el Tribunal de Justicia de la UE le imponga sanciones financieras. “No vivimos en una UE de menú, donde puedes tomar lo que te gusta y dejar lo que no”, subrayó la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión, Vera Jourová, en la conferencia de la presentación de los resultados del informe, junto al comisario de Justicia, Didier Reynders.
Las reformas del sistema de Justicia polaco, incluidas las recientes decisiones de cuestionar la primacía del derecho europeo, siguen siendo fuente de “graves preocupaciones”, según el informe.
La falta de eficacia en la lucha contra la corrupción, el deterioro de la libertad de prensa, la presión sobre el sistema de controles y equilibrios, así como problemas relacionados con los derechos de las mujeres y los ataques a los grupos LGBTI completan la lista de puntos negros polacos.
En Hungría, la tendencia también va “hacia una reducción de las salvaguardias existentes” en el sistema judicial y, a imagen de Polonia, la inf luencia del Ejecutivo del ultraderechista Viktor Orban y del Legislativo en el funcionamiento del poder judicial es “creciente”, según la auditoría.
Este informe es “una herramienta preventiva útil” para identificar posibles disfunciones y estimular el debate necesario para corregirlas, dijo Jourová, mientras Reynders añadió que “puede ayudarnos a mantener un verdadero diálogo como Unión, codo con codo, con un espíritu honesto y abierto”.
Ambos dijeron que estos informes son fuente “importante” de información para evaluar el reglamento de condicionalidad de los fondos de recuperación pero no la única, pues se tendrán en cuenta las aportaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Fiscalía Europea o del Consejo de Europa sobre corrupción.
Los planes de recuperación presentados por Polonia y Hungría están aún en fase de evaluación, pero fuentes europeas aseguraron ayer que esta auditoría es “totalmente independiente” del nuevo mecanismo de condicionalidad que liga la recepción de fondos de recuperación al respeto al Estado de Derecho, el cuál necesita unanimidad para ser aplicado.