El TSJA estima un recurso del ex director de la Faffe por el gasto en prostíbulos Juanma Moreno presume de la inversión en 1.400 colegios desde 2019
● El Alto Tribunal acuerda la exclusión de la causa de la información bancaria relativa a Villén con posterioridad a diciembre de 2011 El presidente de la Junta recuerda los 240 millones de euros invertidos desde que es presidente
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado parcialmente un recurso del ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, que será juzgado en los próximos meses por el uso de varias tarjetas en distintos prostíbulos en los que se abonaron 32.556 euros con fondos públicos.
En un auto al que ha tenido acceso este periódico, el Alto Tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por la defensa de Fernando Villén y ha acordado la exclusión de la causa de la información bancaria relativa al acusado posterior al 31 de diciembre de 2011. La defensa de este acusado había solicitado la nulidad de las actuaciones desde una providencia de 6 mayo 2019 dictada por el juzgado de Instrucción número 6 y que se expulsara la documentación bancaria obtenida como consecuencia de la misma, y la retroacción de las actuaciones a aquel momento, devolviendo la causa al juzgado de Instrucción.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, destacó ayer el esfuerzo inversor de la Junta para mejorar las infraestructuras educativas, con 240 millones dedicados a construir o renovar colegios e institutos con 1.400 obras desde 2019. Moreno hizo estas consideraciones durante la colocación de la primera piedra de un nuevo instituto en Albolote, una infraestructura que solventará la falta de aulas que sufre este municipio desde hace quince años.
El presidente de la Junta recordó
La defensa alegaba que se había vulnerado su derecho a la intimidad (artículo 18 CE) por haberse acordado “una medida de intensa injerencia por providencia y sin ninguna motivación, sin que las razones expuestas en el auto que confirmó dicha providencia resulten suficientes”. Así, defendía que la medida, además de especialmente invasiva por el alcance material y temporal de la investigación bancaria que se acordaba, “era innecesaria, por cuanto la finalidad invocada (determinar si determinadas devoluciones en metálico subsiguientes a gastos privados efectuados con cargo a los fondos de Faffe, fueron reales y no meras operaciones contables sin soporte real), sería inocua, en tanto que la tesis policial cuando se solicitó tal medida era que existían indicios suficientes de que las devoluciones o ingresos en metálico no existieron en realidad”.
Concluía la defensa que se trataba de una “investigación patrimonial prospectiva que habría de suministrar una información del acusado y de terceras personas (pues en la información recabada se incluían productos de los que también fueran titulares terceras personas) innecesaria para la causa y con un contenido especialmente sensible respecto de la intimidad (al menos patrimonial)”.
Sin embargo, el TSJA considera, como la juez Mercedes Alaya –que preside el juicio con jurado que se celebrará por el uso de las tarjetas de la Faffe–, que la medida por la que se acordaba la investigación de los productos bancarios del acusado “era idónea, tendía a la investigación de un hecho delictivo concreto (y por tanto a una finalidad constitucionalmente legítima), y resultaba proporcionada”.
En efecto, prosigue el Alto Tribunal andaluz, la existencia de una real devolución de cantidades dispuestas con cargo a los fondos de la entidad pública “era y es un hecho controvertido, afirmado por la defensa, dotado de al menos alguna apariencia documental, pero puesta en duda en aquel momento por la Policía Judicial (y en este por las acusaciones), que apreciaba indicios de la inexistencia que, desde 2019, el Gobierno andaluz ha completado casi 1.400 obras en toda la región gracias a una apuesta por ofrecer mejores condiciones a la comunidad educativa que continuará con casi 800 obras ahora en ejecución con un presupuesto de 300 millones.
Señaló también además que los Presupuestos aprobados para este año contemplan 8.500 millones, 2.100 más desde su llegada a la Junta. “Hemos incrementado los recursos de la educación de nuestros niños y jóvenes en más de un 34% desde 2019”, apreció Moreno, quien agregó que esa atención a la educación incluye la apuesta por incrementar y consolidar la plantilla docente, 108.000 profesionales, 7.000 más desde 2019.
“Seguimos muy lejos del objetivo de abandono cero, pero Andalucía ha reducido desde 2018 su índice en casi siete puntos. Esto demuestra que estamos siendo más eficaces que la media nacional, donde se redujo en cuatro puntos”, aplaudió Moreno, que reiteró el protagonismo que da la Junta a la FP Dual, que ha duplicado su alumnado hasta superar los 14.000. de un soporte real de tales operaciones”. “La Sala ignora por completo si de tal medida de investigación se han derivado informaciones útiles sobre lo pretendido, pero situada en el momento en que se adoptó, aprecia que se trató de una medida adecuada y difícilmente sustituible para la finalidad pretendida, en la investigación de un delito grave”, añaden.
No obstante, los jueces dan la razón a la defensa de Villén en lo que respecta a la utilización de la información bancaria posterior al 31 de diciembre de 2011, al afirmar que el hecho de que su inclusión “derive de un error material en el oficio librado, que no haya resultado útil, y que ni siquiera haya habido mención en los oficios policiales, no excluye que su permanencia en la causa suponga daño para el derecho a la intimidad del acusado. Es precisamente su inocuidad desde el punto de vista de su valor probatorio lo que justifica que no deba permanecer constancia de dicha información que afecta a la intimidad del acusado”, concluye.
Una vez resueltas las cuestiones previas, la Audiencia de Sevilla tendrá que fijar el juicio por el uso de las tarjetas de la Faffe, que se celebrará en un jurado popular que presidirá la magistrada Mercedes Alaya y que podría fijarse para los próximos meses.
La Fiscalía solicita una condena de seis años de cárcel para el ex director de la Faffe por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
La Fiscalía solicita seis años de cárcel por malversación y falsedad documental