Los funcionarios acusan al decano de la Abogacía de ayudar “a la decrepitud” de la Justicia
● Critican que su discurso sobre los efectos de los paros “destila caspa” que visualiza “la calidad de la Justicia y los personajes que la sustentan”
Los funcionarios de Justicia de Córdoba acusaron ayer al decano del Colegio de la Abogacía, Carlos Arias, de “contribuir al mantenimiento del estado de decrepitud del sistema judicial” y de ser “complaciente con los poderosos y arrogante con los débiles” tras sus palabras de la semana pasada. Arias reclamó a la plantilla judicial que cesara en sus huelgas para exigir un aumento salarial, al entender que estos paros están llevando “a la ruina” a la profesión de la Abogacía.
En un comunicado emitido de manera conjunta por CSIF, STAJ, CCOO y UGT, la plantilla acusa a al decano de mantener un discurso propio “de tiempos pasados” enarbolando la defensa de sus clientes y lo acusan de “contradicciones”. “Si acudiera a un hospital para que le asista un médico, no consentiría que la asistencia se la prestara un celador actuando por delegación del médico. Pues esto es lo que ocurre en los juzgados”, donde “abogados que acompañan a sus clientes para que les asista uno de los cuerpos más preparados de la Administración al final son atendidos por un funcionario de la categoría profesional de un celador”.
“Pero en estos casos no hemos visto al decano exigir la presencia del alto funcionario para salvaguardar los derechos de su cliente”, expresan los funcionarios, que se preguntan si el decano de la Abogacía “defiende a todos los colegiados o a unos pocos privilegiados que acaparan la gran mayoría del trabajo o también a los que colaboran con ellos”. Se trata de los antiguos pasantes, “que en muchas ocasiones solo reciben ingresos por el turno de oficio después de extenuantes jornadas de trabajo”.
“Si defendiera los intereses de estos últimos estaría haciendo las manifestaciones de su homólogo del Colegio de Abogados de Madrid”, comparan. En cambio, muestran su estupefacción porque Arias entienda que “los privilegiados son los funcionarios de los cuerpos generales por hacer el trabajo que le pagan a otros, a cambio de un salario que supera por poco el salario mínimo interprofesional a un número importante de los empleados públicos que los prestan”.
“De cualquier forma –concluyen los sindicatos–, agradecemos un discurso de tiempos tan pretéritos, donde se destila tanta caspa porque así se visualiza la calidad de la Justicia que padecemos y los personajes que la sustentan”.
Los funcionarios, en todo caso, dicen que sienten “profundamente” los perjuicios que está ocasionando el “conflicto abierto” en la Administración de Justicia al usuario, al ciudadano en general y a los operadores jurídicos. E inciden en que el conflicto “no es caprichoso y supone una merma importante en las exiguas remuneraciones” que perciben, por lo que son “los más interesados en que se resuelva, pero tiene una base importantísima en el desarrollo de nuestra actividad profesional”.
“Por desgracia –exponen–, las relaciones laborales que tenemos con la Administración no se negocian como en cualquier empresa, se imponen a través de leyes orgánicas, en las que no solo no se negocia, no nos preguntan, ni les importa la opinión de quien las desarrollamos. Tenemos una organización del siglo XIX”, aseveran.