Condenada a seis años de cárcel la ex alcaldesa por el tren turístico
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a penas que suman seis años y nueve meses de cárcel a la ex alcaldesa del municipio de Peñarroyapueblonuevo Luisa Ruiz, cuando estuvo al frente del Ayuntamiento en su etapa socialista, por delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones, malversación y falsedad en documento oficial en los proyectos del tren turístico del Guadiato, el museo del ferrocarril y el vagón restaurante.
Según recoge la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Luisa Ruiz también es condenada a unos 19 años de inhabilitación para empleo o cargo público, destacando que en todos los delitos de esta segunda pieza del caso Rocket concurre la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, al tiempo que condena al presunto cabecilla de la trama a cuatro años y once meses de prisión y absuelve a tres empresarios.
En cuanto a la responsabilidad civil, el empresario considerado cabecilla de la trama es condenado a indemnizar al Ayuntamiento en más de 600.000 euros, de los que 401.075 euros son “por las cantidades facturadas y cobradas” por CGFT (Compañía general de Ferrocarriles turísticos) y Cehfe (Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español), que la Audiencia considera que eran “controladas y dominadas” por él. Estos importes están relacionados con “trabajos no efectivamente realizados” en el proyecto del tren turístico del Guadiato.
Mientras, la exregidora es condenada a indemnizar al Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras en 178.137 euros por las cantidades entregadas al Consistorio y no dirigidas al objeto de la subvención. La sentencia recoge que el Consistorio tendrá que responder subsidiariamente.
En concreto, se expone que la empresa pública municipal Pivag era “utilizada por los acusados para que, a través de la encomienda de gestión, se evitase la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público”.