Los trabajadores han presentado dos demandas, pero todo depende de la Justicia
Air Europa no debe temer que las guerras sindicales trunquen el rescate de 400 millones que negocia con el Gobierno. Al menos en tiempo real. Pese a que la aerolínea ha sido denunciada por los pilotos y el comité de empresa de su filial de bajo coste en los últimos meses, y a que el acuerdo de Consejo de Ministros recoge el “cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa laboral aplicable” como condición sine qua non para otorgar las ayudas, fuentes jurídica explican a este diario que los conflictos “no van a interferir para nada en las negociaciones y aprobación” del salvavidas.
El requisito implica exigir a la compañía una declaración de que tiene a todos los empleados contratados correctamente y cumple con el Estatuto de los Trabajadores. Así, ni la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que gestiona el fondo de solvencia, ni el consejo gestor van a investigar o juzgar si la compañía realmente cumple el requisito para optar al rescate o no. La historia cambiaría si la Justicia condena a Air Europa por violar la ley. En ese caso, la aerolínea de Globalia tendría que devolver las ayudas inmediatamente e incluso podría enfrentar algún tipo de sanción, ya que habría cometido un delito de falsedad en documento. Puesto que las denuncias se acaban de interponer, es muy difícil que la Audiencia Nacional se pronuncie antes de febrero, que es la fecha límite para cerrar y ejecutar el rescate. La compañía de Juan José Hidalgo presentó la solicitud de ayuda a finales de agosto y el consejo gestor, formado por la Sepi y representantes de varios ministerios, tiene un plazo máximo de seis meses para resolver el expediente.
Además, fuentes empresariales consultadas por este diario indican que la denuncia presentada por los pilotos no preocupa nada en el seno de la Sepi, puesto que es “un conflicto enmarcado en una negociación colectiva” y lo más seguro es que el proceso decaiga cuando la aerolínea reciba los fondos, ya que podrá llegar a un acuerdo. Y es que, en medio de la negociación por los complementos del Erte y el reparto de la poca carga de trabajo, el sindicato Sepla ha impugnado el Erte por fuerza mayor ante la Audiencia Nacional por “vulnerar el convenio colectivo”. Según denuncian, la compañía aérea no puede aplicar “ninguna medida de reestructuración laboral sin negociar con los pilotos”.
En cuanto a esta denuncia, existen ciertas dudas ya que el Estatuto de los Trabajadores recoge que en los Ertes por fuerza mayor la empresa tiene que informar a los trabajadores del proceso, pero no negociarlo con ellos, y es la Administración la que, en un plazo de cinco días, resuelve si la empresa cumple o no las condiciones para aplicarlo. En el caso del Covid-19 queda claro que sí incurre en los supuestos de fuerza mayor. Además, fuentes empresariales señalan que tanto la Sepi como Air Europa esperan que la denuncia se retire cuando y se llegue a un acuerdo en las negociaciones, que se están viendo atascadas por el desigual reparto de los vuelos entre un colectivo que depende mucho de las horas de vuelo y el tipo de avión que opere para tener un salario digno.
Otra historia es la denuncia presentada por el comité de empresa de Air Europa Express. Una parte de los TCP se ha unido para demandar a la aerolínea ante la Audiencia por cesión ilegal de trabajadores, un delito que sí que está recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Los tripulantes de cabina de la filial de bajo coste están contratados por Aernova, una compañía del grupo, y sus condiciones laborales son mucho peores que las del personal que depende de la matriz, ya que no están incluidos en los convenios colectivos. Así, en la denuncia recogen que su verdadero empleador es Air Europa, ya que su departamento de recursos humanos es el de la matriz y sus jefes también. El pasado 11 de junio fue la conciliación, a la que no acudió Air Europa, y la demanda se presentó.