Perú da por seguro un arbitraje con Naturgy por la distribución de gas
La firma ha abandonado el país, pero reservando el derecho a apelar a la Justicia
El Gobierno peruano da por sentado que Naturgy va a presentar un arbitraje contra el país, que abandonó a inicios de diciembre tras devolverle una concesión de distribución de gas natural en el sur del país en la que ha invertido unos 100 millones de euros sin obtener ningún beneficio. Ambas partes pactaron el traspaso de dicha concesión, pero se reservaron el derecho a solventar sus diferencias –la española considera que ha habido incumplimiento por parte del Estado sudamericano– acudiendo a una corte de arbitraje.
“El arbitraje continuará, tal como lo ha solicitado Naturgy; ellos tienen sus puntos de vista, pero nosotros, como Estado, creemos firmemente que las condiciones en las que participó son las que ellos conocían”, dijo a finales de año el viceministro de Hidrocarburos de Perú, Víctor Murillo, en un acto telemático organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Murillo añadió que el país ha sido muy respetuoso con Naturgy y que lo seguirá siendo en las conversaciones que deben mantener ambas partes con relación a la resolución de la concesión de distribución de gas natural en las regiones de Arequipa, Tacna y Moquegua, que Naturgy obtuvo en 2013 y se truncó con la paralización del Gasoducto Sur Peruano en 2017.
Tras el freno a esta infraestructura por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la empresa presidida por Francisco Reynés tuvo que alimentar sus redes de gas con camiones cisterna, sufriendo una inesperada competencia y cosechando pérdidas: cuatro millones en 2018 y otros dos en 2019.
La filial de Naturgy en Perú declaró la quiebra en mayo y en septiembre inició los trámites para presentar un arbitraje internacional por “el incumplimiento del Estado peruano” de las condiciones de la concesión, en cuyas infraestructuras ha invertido 107 millones de dólares, unos 87 millones de euros al tipo de cambio actual.
En diciembre Naturgy anunció un acuerdo con el Gobierno para traspasar la concesión y sus 12.000 clientes a Petro-Perú, y abandonar el territorio; sus cuentas hasta septiembre ya recogen pérdidas de 12 millones por la interrupción de las operaciones. Sin embargo, tanto la empresa –que no hace declaraciones– como el Estado se reservaron el derecho a dirimir sus diferencias ante la Justicia internacional, algo que el Gobierno da por hecho.
La española ha perdido unos 100 millones por el incumplimiento del Estado peruano