El PSOE apunta a las sicav, socimis y el catastro en la ley antifraude
Propone cambios en las desgravaciones al cine en sus enmiendas a la normativa
El PSOE quiere impulsar en el Congreso modificaciones fiscales que afectan a las socimis, las sicav, el catastro y las desgravaciones al cine dentro de su paquete de enmiendas al proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que se tramita en estos momentos en la Cámara Baja.
En estas enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE busca potenciar además los efectos de la revocación del número de identificación fiscal (NIF) y salvar las inspecciones de Hacienda sorpresa, tras su cuestionamiento por parte del Tribunal Supremo en una reciente sentencia.
A las sicav, concretamente, el PSOE busca fijar requisitos de inversión mínima de 2.500 euros, o 12.500 euros en el caso de una sicav por compartimentos, para contabilizarlo dentro del mínimo de cien participantes necesario para tributar al 1% en el impuesto sobre Sociedades.
Para aquellas sociedades que se disuelvan, propone un régimen transitorio de seis meses exento de impuestos, incluida la Tasa Tobin, condicionado a la reinversión en otros instrumentos.
En el caso de las socimis, una enmienda contempla la tributación al 15% de sus beneficios no distribuidos, una de las medidas pactadas en el seno del Gobierno de coalición para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
Este gravamen especial se aplicará sobre la parte de los beneficios no distribuidos que proceda de rentas que no hayan tributado al tipo general del impuesto de Sociedades que estén en plazo legal de reinversión y se adecúan las obligaciones de suministro de información a la nueva tributación.
Desgravaciones en el cine
Para aquellas sociedades que se disuelvan, propone un régimen exento de seis meses Para los inversores inmobiliarios pide una tributación al 15% de sus beneficios
Para las desgravaciones en el impuesto sobre Sociedades a producciones cinematográficas, quiere exigir una serie de certificados y se solicita la incorporación en los créditos de los lugares específicos, así como la autorización de uso del título de la obra y del material gráfico y audiovisual sobre el rodaje para la promoción en España y en el extranjero con fines culturales y turísticos.
No obstante, estos requisitos no serán exigibles a producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos ni otras obras cuyos contratos para la ejecución de la producción se hubiera firmado antes de la entrada en vigor.
En lo que respecta al catastro, el PSOE modifica la regulación del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en lo que respecta a la valoración que deba realizar la Dirección General del Catastro cuando la Agencia Tributaria solicite su participación ante alegaciones del contribuyente o reclamaciones.
Concretamente, el PSOE quiere que en sus informes el valor de referencia ratificado o corregido esté motivado mediante la resolución que traiga causa, así como sus módulos de valor medio, factores de minoración y el resto de elementos. También busca que la Administración no pueda comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos salvo que, en caso de inmuebles, la base imponible sea su valor de referencia o el valor declarado por ser superior.
Desgravaciones por alquiler
Otras propuestas pasan por impedir las desgravaciones por el alquiler de una vivienda durante un procedimiento de comprobación, adaptar el régimen fiscal del Instituto Catalán de Finanzas al aplicado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) o limitar la suspensión de los plazos de prescripción de los procedimientos tributarios aprobada por la pandemia de Covid-19.
El PSOE quiere que la suspensión de estos plazos se limiten a aquellos que, sin tener en cuenta suspensión, concluyan antes del 1 de julio de 2021.
Y es que, si bien argumentan que esta suspensión puede tener justificación para procesos con plazos de vencimiento más cercanos al período de alarma, cree que “va dejando de tener sentido, paulatinamente, respecto a aquellos períodos de tiempo más alejados”.
En sus enmiendas, el PSOE también propone cambios en la regulación de las limitaciones al pago de efectivo, suprimiendo un límite más elevado que contemplaba la redacción original para pagos de personas físicas que no actúen en calidad de empresario o profesional. En el proyecto remitido por Hacienda al Congreso se contemplaba que este límite, fijado en 1.000 euros, se elevara hasta los 2.500 euros, o su contravalor en moneda extranjera, para estos casos.