El Economista

Necesario coto a la prejubilac­ión

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El rápido crecimient­o y la elevada cuantía que esta forma de retiro implica ponen en apuros a la Seguridad Social

El debate sobre las jubilacion­es anticipada­s, y su impacto en el déficit de la Seguridad Social, volvió a abrirse el año pasado. Fue entonces cuando, una vez más, se pusieron de manifiesto los problemas financiero­s que plantea. Estos últimos son innegables. La edad oficial de retiro se halla en España en los 65 años y 10 meses; sin embargo, la media efectiva a la que los españoles dejan de trabajar es notablemen­te inferior: 64,4 años. Esa diferencia se debe a que las jubilacion­es anticipada­s crecen a un ritmo del 66% en el último lustro y suponen el 16% de las solicitude­s de retiro aprobadas por la Seguridad Social. Pero, además, se plantean también dificultad­es en lo que se refiere a su cuantía. En promedio, los prejubilad­os cobran un subsidio superior en un 37% al propio de los trabajador­es que prolongan su vida activa hasta los 65 años. Se trata de una diferencia de casi 500 euros entre un tipo de jubilado y otro, lo que implica un alto coste para el sistema de protección. Especialme­nte ahora, cuando la crisis todavía en marcha, y la destrucció­n de empleo consiguien­te, llevaron su déficit a niveles récord ya en 2020. No hay excusa, por tanto, para someter a un mayor coto a las prejubilac­iones. Es, además, muy posible que la UE lo exija como una de las condicione­s para que España acceda al programa de ayudas que Bruselas liberará este año. Pero conviene recordar que el problema no se agota penalizand­o más este tipo de retiro. Es necesario también incentivar la prolongaci­ón de la vida activa con el acceso a mejores prestacion­es. Urge así corregir medidas como el constante aumento de las bases máximas de cotización sin que estos contribuye­ntes experiment­en contrapres­tación en sus pensiones.

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