Trump, abocado al juicio político por la insurrección contra el Capitolio
El equipo económico de Biden, listo para lanzar el estímulo para la recuperación
Casi un año después del primer juicio contra Donald Trump, Washington vive un déjà vu. El miércoles, la Cámara de Representantes comenzó a debatir la segunda imputación formal del presidente saliente, en este caso por insurrección tras el asalto al Capitolio de la semana pasada. Un acto sin precedentes que el mandatario alentó en un discurso minutos antes de que sus seguidores asaltaran el Capitolio y provocaran cinco muertos en el caos que desataron.
Al cierre de esta edición, estaba previsto que la mayoría demócrata en la Cámara Baja aprobara los cargos que acusan al mandatario de altos crímenes y delitos menores por azuzar la insurrección. La presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, insistió antes de la votación que Trump debía marcharse dado que supone “un peligro claro y presente”. Paralelamente, el Partido Republicano comenzaba a romper filas con Trump. Cinco congresistas ya se posicionaron a favor del impeachment, liderados por la número tres del partido en la Cámara de Representantes, Liz Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney. No obstante, el legislador republicano, Jim Jordan, arremetió contra la “obsesión” por enjuiciar al presidente, al tiempo que enumeró los múltiples logros de Trump. También criticó la cultura de la cancelación, que prohíbe tuiter al presidente de EEUU pero no al ayatolá Ali Jamenei.
Mientras tanto, varios medios adelantaron la intención del Congreso de enviar inmediatamente después de su aprobación el artículo al Senado, donde se celebrará el juicio. El principal foco está ahora en el presidente saliente de la Cámara Alta, el republicano Mitch McConnell, que filtró a los medios que está a favor del proceso como una forma de purgar a Trump del partido. De McConnell depende que el juicio en el Senado se celebre con la mayor celeridad posible. La ofician de McConnell
confirmó ayer que no convocará al Senado para un juicio de emergencia lo que significa que el mismo no comenzaría hasta el día antes o el mismo día de la toma de posesión, el 20 de enero. Además, el abandono de Trump por parte del líder de los republicanos en la Cámara Alta potencia que su bancada consiga el mínimo necesario de 18 senadores para condenarle. Todo ello supone un factor decisivo, dado que retrasar un juicio político en el Senado amenaza con entorpecer la confirmación del gabinete del presidente electo, Joe Biden, que tiene previsto hoy jueves desvelar un oneroso plan económico con estímulos de hasta un 3,4% del PIB. En una reunión a finales de la semana pasada entre el líder entrante en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, y el equipo de transición del presidente electo se planteó un plan de 1,3 billones de dólares. De materializarse esto supondría la mitad de los 3,4 billones de dólares que los demócratas propusieron en el proyecto de ley Heroes, aprobado el verano pasado.
Eso sí, la inmediatez de aprobación de cualquier iniciativa dependerá tanto de la agilidad del equipo económico del demócrata como del apoyo bipartidista que pueda generar su propuesta de gasto. A comienzos de esta semana, Biden adelantó que ya había tanteado sus objetivos con algunos legisladores republicanos, lo que implica que demanda el apoyo de la oposición.
Incrementar los pagos directos de 600 dólares, según lo autorizado por el último paquete de estímulo, a 2.000 dólares costará al Gobierno estadounidense 363.800 millones de dólares. Esto podría aprobarse en las primeras semanas de la presidencia de Biden si se consigue sobrepasar el umbral de 60 votos en el Senado.
Esto requerirá el apoyo de algunos republicanos y mantener en cintura a todos los senadores demócratas. Cecilia Rouse, la candidata del presidente electo para dirigir el Consejo de Asesores Económicos, calificó la semana pasada los pagos directos a las familias como un “salvavidas”, que simplemente mantendrá la economía a flote, mientras que las inversiones en áreas como la infraestructura ayudarían a EEUU a comenzar a recuperar los niveles económicos anteriores a la pandemia.
Biden presenta una inyección que roza el 3,4% del PIB y que incrementará las ayudas directas