Prolongar la edad real de jubilación aumentará el gasto en pensiones
El 40% opta por retiros anticipados
La propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de endurecer las jubilaciones anticipadas, la opción de retiro elegida actualmente por el 40% de los trabajadores, subirá el gasto a largo plazo debido al coste de no aplicar las correspondientes penalizaciones. Se calcula que para el año 2050, retrasar la salida del empleo elevaría la factura en un 0,3% del PIB
La reforma de pensiones se encuentra en su fase decisiva, en la mesa de diálogo social, donde se discute con empresarios y sindicatos los aspectos técnicos de las modificaciones que sufrirá la ley de Seguridad Social. Uno de estos puntos es el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas, que es la opción de retiro elegida por el 40% de los trabajadores españoles y supone que el Estado deja de ingresar cada año 1.150 millones de euros. La intención del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es articular un esquema de penalizaciones e incentivos que sirvan para acercar la edad real de jubilación (64,5 años) a la edad legal (66 años desde 2021), endureciendo los coeficientes reductores y aumentando los de mejora. Ahora bien, según los expertos, en el medio y largo plazo, el hecho de que los pensionistas estirasen su estancia en el mercado laboral un año más, lejos de resolver parte del gasto de las pensiones -el Ejecutivo prevé resolver por esta vía un 25% del déficit del Sistema-, supondría un aumento del mismo, del 0,3% del PIB en 2050.
Los cálculos elaborados por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social (GIPPS) de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Extremadura sobre el impacto financiero que tendría el retrasar la edad real de jubilación un año, recogen una proyección a largo plazo de qué ocurriría con esas personas que estiran su estancia en el mercado laboral durante un año. Asumiendo como hipótesis que todos los que se iban a jubilar en 2019 retrasan un año la edad de jubilación (no solo los de anticipada) -para apreciar el impacto actuarial a largo plazo-, se produciría un ahorro en ese primer año de unos 4.000 millones de euros (el 0,32% del PIB de ese ejercicio), teniendo en cuenta la pensión que no van a cobrar ese año y la mayor cotización que tendrían que hacer. Pero a partir de ese momento las pensiones serían mayores que si se hubiera jubilado el año anterior. Ese ahorro iría disminuyendo hasta que a partir de 2035-2040 ya supondría un mayor gasto en términos de caja. En 2050 llegaría a suponer un mayor gasto de un 0,32% del PIB de ese año.
En el caso de los que se iban a jubilar anticipadamente, la explicación está en el impacto directo que tienen los coeficientes de penalización sobre el valor de pensión. Así, explican los expertos que solo supondría un ahorro en el primer año que se retrasara pero en los siguientes años la pensión sería mayor (entre un 6% y un 8%) -las jubilaciones anticipadas implican una reducción media de entre el 6% y 8% cada año, por lo que el ejercicio recoge el impacto de retrasar un año esta salida del mercado laboral, es decir, las penalizaciones que dejarían de aplicarse-. Además, actuarialmente el jubilado que retrasara un año la jubilación recibiría más en valor actual actuarial, es decir, elevaría el coste actuarial para la Seguridad Social, consecuencia de que las penalizaciones por anticipar la jubilación son demasiado altas; pero esto también se traduce en un mayor gasto en términos de caja.
Sin embargo, los que retrasen la edad de jubilación desde la edad ordinaria o posterior, sí que generarían un mayor ahorro en términos actuariales. Es decir, el menor gasto del primer año que se retrasara la jubilación sería superior que el mayor gasto de los años siguientes, debido a que las bonificaciones por retrasar la edad (entre un 2% y un 4%) son inferiores a las que teóricamente les correspondería. Entonces, como el número de personas que se jubilan a la edad ordinaria y posterior es mayor, este ahorro compensa el mayor gasto de los que se jubilan anticipadamente, en términos actuariales, aunque su valor es muy pequeño.
El Ministerio solo informa del ahorro en términos de caja, mientras que el enfoque del GIPPS es doble, desde el punto de vista de caja y también desde un punto de vista actuarial, que es el mejor modo de analizar esta problemática. En este último caso, sí que se produciría un ahorro muy pequeño en 2050, concretamente del 0,03% del PIB, que se podría interpretar como el cobro adicional que se recibiría ese año como consecuencia de la aplicación
El sistema sí ahorra con los jubilados demorados en el largo plazo por la baja bonificación
de la nueva medida correspondiente a la jubilación de la cohorte de ese mismo año.
Sobre la legislación actual Cabe recordar en este punto, que la proyección se realiza sobre los parámetros de la legislación actual. Uno de los puntos que también está valorando el Gobierno en materia de endurecimiento de las jubilaciones anticipadas es trasladar el impacto de la penalización no sobre la base reguladora como ocurre actualmente, sino sobre la cuantía de la pensión. “Lo que sí generaría un mayor ahorro”, tal y como reconocen los expertos. Si bien también generaría mayores recortes en la paga inicial para quienes anticipen el retiro laboral.