El retraso electoral en Cataluña amenaza los fondos europeos
Los empresarios piden adelantar la fecha
La nueva fecha del 30 de mayo aboca a meses de precampaña que impiden los necesarios acuerdos políticos para la buena gobernabilidad del país y para captar recursos del fondo europeo de recuperación con los que combatir la crisis económica vinculada al Covid-19. Varias formaciones políticas han presentado recurso judicial y los empresarios claman por adelantar la fecha.
El retraso de tres meses y medio de las elecciones catalanas, hasta el 30 de mayo, tendrá efectos mucho más allá del territorio autonómico, perpetuando una precampaña que lastrará la gobernabilidad estatal y los deseables consensos para aprovechar el presupuesto del fondo de recuperación europeo que podría captar España.
Además de afectar a la relación con su socio de Gobierno -nada favorecido por los últimos sondeos catalanes-, y al consenso entre las principales fuerzas políticas de cara a esos fondos europeos, este retraso también acabará frenando otros acuerdos como la renovación del Consejo General del Poder Judicial -ahora que la UE ha vuelto a avisar de la necesidad de renovar este órgano contando con la oposición y la Comisión de Venecia-.
Por otra parte, y de modo notorio, paralizará las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat, aunque en este sentido se da por hecho que los indultos a los presos del 1O saldrán adelante.
A propósito de los fondos europeos para la Recuperación, la ministra de Industria, Reyes Maroto, afirmó ayer en un ágora de elEconomista que es prioritario para recibir esas ayudas enviar a Bruselas un plan cuanto más unánime y con mayor número de apoyos, mejor.
La mano de Casado En este sentido, el presidente del PP, Pablo Casado, volcado de lleno en la precampaña de las catalanas con visitas constantes a la región, señalaba también ayer desde el Círculo de Economía en Barcelona que el PP ya ofreció su apoyo a Sánchez para crear una autoridad independiente para gestionar los fondos europeos sin “clientelizar ni peronizar las ayudas”, pero que el presidente rechazó su “mano tendida”.
Incidió Casado en que España desaprovechó 38.000 millones de euros de fondos comunitarios el año pasado, y advirtió de que el PP ha propuesto sin éxito a los socialistas varios pactos de Estado y otros acuerdos, pero que no van a estar esperando a ser la segunda opción cuando el PSOE choca con sus socios de Gobierno de Unidas Podemos.
Así, instó a Sánchez a decidir: si está con sus aliados en el Ejecutivo, o con Europa y la recuperación. “No es compatible estar con Iglesias y suprimir las reformas del Partido Popular, y al mismo tiempo, pretender que apoyemos las contrarreformas”, dijo el líder del PP.
Preocupación con Illa Pero la precampaña, puede que no solo lastre los acuerdos de Estado que atañen a la economía y a la justicia. En clave política, la preocupación de Moncloa está en cuánto tiempo puede durar el efecto de notoriedad de Salvador Illa, que en estos momentos, y según sus encuestas internas, le sitúan en empate técnico con JxC y ERC, según fuentes consultadas por eE.
El desarrollo de la vacuna, el de la propia pandemia y el número de muertos, la crisis económica que se acrecienta, y los indultos que podrían acabar tramitándose en plena precampaña electoral, podrían dar al traste con la operación Illa arrancada en el seno del PSC con el apoyo del todavía ministro de Sanidad. En Moncloa jugaban con la carta de que la mitad de los votantes de Ciudadanos basculara su voto a las filas del PSC, pero, con este horizonte de incertidumbre, esta apuesta está más desdibujada.
Y a todo ello se suma una vez más la judicialización de la política catalana, con la presentación y anuncio de múltiples recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la nueva fecha prevista por la Generalitat.
Se trata de tres formaciones políticas minoritarias (Lliga Democràtica, Federalistes d’Esquerres e Izquierda en Positivo) y de un abogado particular, que consideran que la decisión responde a intereses políticos y no criterios sanitarios. Y
El Gobierno teme que los indultos, la pandemia y la crisis agoten el cambio de Miquel Iceta
también anunció recurso la entidad Impulso Ciudadano.
Hoy el TSJC debe analizar peticiones de medidas cautelarísimas vinculadas que podrían dejar sin efecto el decreto de cambio de fecha del 14 de febrero al 30 de mayo. Sin embargo, el vicepresidente catalán con funciones de presidente, Pere Aragonès, defendió ayer la legalidad del texto de aplazamiento, y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, afirmó que tras los recursos está el Gobierno central, que busca “un 155 encubierto”.
Los empresarios catalanes también rechazan de pleno la decisión del Ejecutivo autonómico, pero las patronales Foment de Treball y Pimec descartaron ayer -en sendas reuniones extraordinarias- presentar recurso judicial, para no tomar partido en disputas políticas, y viendo que ya se han realizado trámites desde dicho ámbito.
Con todo, ambas entidades empresariales sí claman por un adelanto de la fecha, en cuanto la situación epidemiológica lo permita, para minimizar los perjuicios para la economía de perpetuar una legislatura autonómica muerta desde hace meses por las desavenencias entre JxCat y ERC y ahora oficialmente en interinaje.
Foment reprochó al Govern “desidia en la planificación electoral” para ofrecer garantías sanitarias, así como arbitrariedad en los argumentos del retraso, mientras que el presidente de Pimec, Josep González, advirtió: “No se puede olvidar la economía cuando se toman decisiones de este calibre. Ahora lo aceptamos por la situación sanitaria, pero no quedará así en otras situaciones”. Y es que hace tiempo que patronales y sindicatos se sienten ninguneados por la Generalitat.