Las redes justifican la censura en los Derechos Humanos
El poder de los gigantes tecnológicos amenaza la libertad de los usuarios en Internet
Tras años de incesante bombardeo de tuits a la esfera pública, con especial atención a sus 88 millones de seguidores, el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cruzó el pasado seis de enero, el día del asalto al Capitolio, una línea roja de Twitter, que decidió silenciar temporalmente su cuenta y, 12 horas después, cerrarla de forma permanente por “atentar contra la integridad cívica y glorificar el odio”, tal y como explica la tecnológica, a la que siguieron otras redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat o YouTube. El consejero delegado y cofundador de la plataforma del pajarito, Jack Dorsey, reconoció “no estar orgulloso” o “celebrar” esta prohibición que consideró “la correcta” dado que el daño físico como resultado del discurso online era demostrable. También la valoró como “un fracaso” de la compañía “a la hora de promover una conversación saludable”.
Las redes sociales, que cuentan con más de 3.800 millones de usuarios activos en todo el mundo, han establecido sus propias normas internas para decidir qué contenidos se pueden publicar y qué usuarios pueden tener o no perfiles. Fuentes de las grandes plataformas consultadas por este diario apelan a la carta de Derechos Humanos para justificar las normas impuestas para fijar “los límites de la libertad de expresión” sin el respaldo de ningún organismo independiente o de la Justicia que, en Europa, es la que determina si una persona ha cometido un delito de odio o ha vulnerado el honor de un colectivo con un mensaje o simplemente estaba haciendo uso de su derecho a expresarse libremente, que también recoge Naciones Unidas.
“Las redes sociales no tienen derecho a implantar un régimen de censura a la libertad de expresión. Vemos con preocupación el desarrollo de las redes sociales, que ya están afectado a la vida privada y al derecho a la intimidad, y creemos que una autoridad independiente debería regularlas para lograr el delicado equilibrio de evitar que se restrinjan libertades de los individuos y se difundan noticias falsas”, asegura a elEconomista Juan Caño, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).
En sus reglas o normas de la comunidad, plataformas como Twi
Twitter y Facebook usan la Inteligencia Artificial y reportes de usuarios para ver incumplimientos
tter, Facebook o Twich prohíben expresamente discursos o comportamientos que inciten al odio, promuevan el terrorismo o la violencia extremista, fomente el acoso o el suicidio o contenido vinculado a la explotación infantil. Estas normas, que se van actualizando y que Facebook elabora con ayuda de expertos en derechos humanos y fundamentales, entre otras áreas, buscan lograr “una conversación libre y segura” en la red, tal y como defiende Twitter.
En manos de la IA La red social del pajarito expulsa permanente a los usuarios que incumplen tres veces la normativa recogida en sus condiciones cerrando así una vía importante para verter opiniones políticas y comunicarse con el resto del mundo. Facebook, la red con más usuarios activos, tiene una política similar. En ambos casos, las plataformas usan dos vías para detectar incumplimientos, como lanzar mensajes de odio o incitar a la violencia o el acoso: los reportes de otros usuarios y la tecnología. Por ejemplo, Facebook ha invertido en Inteligencia Artificial para detectar de oficio los posibles contenidos que no respetan las normas de la comunidad. Una vez se genera una alerta, un equipo formado por 35.000 personas verifica que ese contenido es inapropiado y lo eliminan lanzando una advertencia al dueño del perfil. Si el usuario insiste en publicar mensajes o vídeos no aprobados por la política interna, cierran la cuenta. También analizan los reportes de los propios usuarios. “Creemos en la libertad de expresión, pero también queremos que Facebook sea un lugar seguro donde las personas no tengan que ver contenido destinado a intimidarlos, excluirlos o silenciarlos”, asegura el gigante tecnológico en la web. Así, el 38% del contenido eliminado en la red social en el tercer trimestre de 2020 fueron mensajes considerados de odio. En Twitter el sistema es similar, han implantado Inteligencia Artificial para detectar mensajes de odio y analizan las denuncias de los propios usuarios y suspenden temporalmente las cuentas directamente, sin permitir al afectado defenderse.
Muchas veces es una máquina la que hace el primer filtrado para bloquear una cuenta durante 12 horas (primer strike), lo que implica que se censura o castiga a usuarios por utilizar determinadas palabras sin tener en cuenta el contexto (la ironía, la relación entre los usuarios, las metáforas). Por ejemplo, Twitter ha bloqueado la cuenta de @patergongora por escribir en un tuit “Cuando seas padre, comerás huevos”, que es un refrán español, al considerar que incitaba al odio tras ser reportado. En este punto, hay perfiles que se dedican a denunciar mensajes de usuarios con palabras controvertidas para que suspendan las cuentas, lo que lleva a muchos a denunciar que se censuran, aunque sea temporalmente, perfiles con una tendencia política alejada de la izquierda. Twitter permite apelar los bloqueos y los levanta cuando hay errores, pero no entra a analizar la delgada línea que separa la libertad de expresión del derecho al honor, por ejemplo.
En este punto, cabe recordar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca el pasado 26 de marzo que falla a favor de la red social del pajarito azul,
que había sido denunciada por @verdadesofenden por haber cerrado su cuenta. Aunque la magistrada da la razón a Twitter porque el usuario ha incumplido el contrato firmado, que establece una serie de hechos y obligaciones, en el texto que recoge de primera instancia se señala que uno de los tuits que publicó el usuario y que llevaron a su expulsión se ampara en el derecho de la libertad de expresión mientras que el segundo no, puesto que constituía “una incitación al odio sin justificación” contra un colectivo. Según la Audiencia Provincial, el segundo tuit implicaba “la humillación o vejación para todo un grupo de personas con una determinada sexualidad” y es “reprochable desde un punto de vista civil”. Es decir, que según la Justicia, el usuario no tendría que haber sido silenciado por el primer tuit, aunque fuera de dudoso gusto, ya que ejercía su derecho a la libertad de expresión.
¿Amoldarse a la Ley?
Así, algunas de las determinaciones de Twitter han generado controversia al carecer de consistencia o proporcionalidad. Por ejemplo, aunque la red social citó el “riesgo de mayor incitación a la violencia” en su resolución de bloquear a Trump, los tuits que señaló no parecían alcanzar el umbral legal común que define un abuso del derecho constitucional a la libertad de expresión. Mientras tanto, el ayatolá iraní Ali Jamenei continúa conservando su cuenta en la red social, desde la que manda mensajes contra EEUU.
“Trump ha sido considerado como el mayor impulsor de la desinformación sobre la pandemia y el más destacado difusor de desinformación sobre las elecciones, pero se permitió que sus cuentas en las redes sociales persistieran hasta que sus seguidores tomaron el Capitolio”, destaca Bhaskar Chakravorti, el decano de negocios globales en la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts en un editorial reciente.
Chakravorti señala que dada la amplia influencia de las redes sociales en el discurso global, en la economía mundial y en el mercado de valores, es inaceptable que
las grandes tecnológicas no hayan adoptado activamente una visión a largo plazo y anticipado los riesgos y oportunidades que ofrecen sus productos.
Precisamente, otro factor importante a tener en cuenta es la concentración de la industria tecnológica, donde no tanto Dorsey sino Mark Zuckerberg (Facebook), Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Alphabet) y Jeff Bezos (Amazon) toman decisiones de calado con consecuencias para la sociedad. A ambos lados del Atlántico un mercado más competitivo ayudaría a diluir la influencia de empresas particulares y a estimular nuevos modelos de negocio que no dependan de la viralidad. Al unísono, un control demócrata en el Capitolio y el malestar republicano sobre la forma en que las redes gestionan los contenidos augura una mayor regulación al respecto, incluso con un potencial apoyo bipartidista.
“Anticipamos nuevas propuestas en el Congreso dados los recientes acontecimientos que proporcionarán a las redes sociales mejores directrices y menos incertidumbre”, reconocen los analistas de Bank of America Securities, Justin Post y Benjamin Sherlund, en un informe distribuido entre sus clientes. Todo ello en un momento en que las demandas antimonopolio ya en curso contra Facebook y Alphabet, o las que podrían llegar próximamente, tardarán años en concluirse.
Ahora bien, las últimas acciones relacionadas con el cese a Trump han sido criticadas por altos funcionarios europeos, como el ministro de Finanzas galo, Bruno Le Maire, o la propia canciller alemana, Angela Merkel, quien recalcó que las empresas privadas no deberían determinar las reglas sobre la libertad de expresión. En este sentido, el comisionado de la Unión Europea, Thierry Breton, escribió en un artículo de opinión publicado en Politico que “el hecho de que un director ejecutivo pueda desconectar el altavoz del presidente de Estados Unidos sin ningún control y el equilibrio es desconcertante” y el activista ruso Alexei Navalni, que ha sido detenido al volver a Rusia tras sobrevivir a un intento de asesinato, recurrió a su cuenta en Twitter para denunciar el bloqueo de Trump como “un acto inaceptable de censura”. Más del 80% de los usuarios de Twitter y Facebook están fuera de EEUU. En la mayoría de los países, como es el caso germano, las empresas de tecnología deben adherirse a las leyes nacionales relacionadas con los contenidos y la libertad de expresión. En EEUU, desde una perspectiva legal, estas compañías cuentan con la libertad de actuar por cuenta propia. La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense protege la libertad de expresión, incluyendo la expresión de odio, pero la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 permite a las plataformas de Internet moderar sus contenidos sin responsabilizarse legalmente de los mismos. En otros países donde no existe la democracia, como China o Corea del Norte, estas plataformas están prohibidas y los usuarios tienen que acceder a través de VPN para evitar ser detectados por sus gobiernos. Por su parte, en Rusia, el Gobierno pide que se eliminen mensajes contrarios a sus leyes o subversivos.
La libertad en la red
La sentencia 00124/2020 de la Audiencia Provincial de Mallorca antes mencionada argumenta que prohibir a alguien estar en Twitter no implica atentar contra su libertad de expresión ni supone que el actor se vea privado de la misma, sino de la posibilidad utilizar un medio concreto para ejercerla (una red social de titularidad privada) ya que, entre otras cosas, podrá seguir teniendo acceso a Internet y derecho a expresarse en otras plataformas.
El planteamiento de la magistrada genera dudas en un mundo virtual controlado por cuatro grandes grupos tecnológicos que han pervertido la idea de un Internet libre al centralizar la web. Así, es casi imposible operar en la red sin pasar por gigantes online como Amazon, que tiene el 33% de la cuota de mercado de los servidores en la nube, Google, Apple o Facebook, que también controla Messenger e Instagram. En este punto, cabe señalar que los gigantes norteamericanos han puesto palos en las ruedas al surgimiento o crecimiento de redes sociales alternativas que no limitan ningún tipo de comentario y que han sido vinculadas en EEUU con la extrema derecha. Por ejemplo, Android y Apple han prohibido la entrada en sus tiendas de aplicaciones a las redes sociales Gab y Parler, lo que dificulta mucho que lleguen a los usuarios, y Amazon expulsó de sus servidores a Parler, que tuvo que dejar de funcionar hasta que ha conseguido volver a la red con un servidor propio, lo que supone una fuerte inversión y una limitación para crecer y ganar usuarios por falta de capacidad. Esta última iniciativa llegó justificada por la falta de una política de supervisión de los contenidos de Parler, que contaba con 130.000 usuarios diarios hasta el pasado 8 de enero.
Así, algunos consideran que la infraestructura de Internet, incluyendo los servicios de computación en la nube, que deberían ser neutrales, corren el riesgo de politizarse.
“Estas acciones han generado alivio para muchos. Sin embargo, también han provocado las advertencias de las decisiones de los gigantes de la tecnología no harán desaparecer la opinión disidente y que la purga podría contribuir a ampliar la división cultural y política de Estados Unidos”, avisa Jane Foley, estratega de Rabobank. Una situación que cuestiona nuevamente dónde están los límites de la libertad de expresión y quién es el responsable de marcarlos.