Iglesias se impone en el Gobierno

Las exigencias de Unidas Podemos ganan terreno en la política sobre desahucios o en la reforma de las pensiones

El Gobierno impulsa una modificación de calado en el decreto que prohíbe los desahucios en el estado de alarma. Hasta el momento, esa norma contemplaba una importante excepción: el desalojo podía ejecutarse si la entrada en la vivienda constituía delito. Ahora, el Ministerio de Consumo cambia el texto y establece que el desahucio solo podrá producirse cuando la entrada, o permanencia, en el inmueble, se haya producido “mediando intimidación o violencia sobre las personas”. De este modo, ya no basta con alegar que se ha cometido un atentado contra la propiedad para que se proceda a la expulsión de las personas que se hallan ilegalmente en una vivienda. Sin duda, el daño que este cambio normativo pueda producir se ve limitado por el hecho de que solo tendrá vigencia por unos meses, hasta que el segundo estado de alarma decaiga. Sin embargo, no debe restarse importancia a su alcance dentro de la estrategia por imponer su voluntad en el Gobierno que sigue Unidas Podemos. La acción de Consumo está alineada con el anuncio del vicepresidente Iglesias sobre su intención de que la futura Ley de Vivienda prohíba todo desahucio que no contemple una “alternativa habitacional”. Las presiones de Iglesias también se adivinan en otros capítulos. En el ámbito de las pensiones, el proyecto de elevar de 25 a 35 años el periodo de cómputo de estas prestaciones se aparca. En su lugar, Moncloa habla ahora de un incremento sin especificar la cuantía. Iglesias gana batallas en el seno del Gobierno y eso constituye una pésima noticia para la economía. No en vano su influencia afecta a aspectos, como el sistema de pensiones, que la UE vigilará de cerca a la hora de decidir la liberación de las ayudas anti-crisis para España.