LA ‘OKUPACIÓN’ CASTIGA LA INVERSIÓN EN ALQUILER
Póngase en situación. Sin previo aviso, el inquilino deja de pagar el alquiler durante meses. La primera medida, como es lógico, es preocuparse por la situación que motiva los retrasos. Buscar una alternativa que permita solucionar el problema. Pero la insistencia en los impagos obliga a iniciar un proceso judicial para recuperar la vivienda. Entre que se produce el impago y se acude a la Justicia pueden pasar de 2 a 3 meses. Y la sentencia, después de sortear diferentes estrategias procesales para dilatar la resolución, todas ellas bien conocidas por los okupas y sus asesores, puede tardar en llegar perfectamente alrededor de un año más. Mientras tanto, el okupa sigue utilizando la vivienda, gratuitamente.
Tras conseguir la sentencia favorable, sin perjuicio del posible recurso de apelación en segunda instancia, viene el trámite del lanzamiento, o lo que es lo mismo, recuperar la posesión de la vivienda, pero entonces aparece la pandemia, con la paralización del sistema judicial y la ya de por sí saturada administración de justicia se colapsa y todo el proceso se ralentiza un poco más. En resumen, un año y medio después de obtener una sentencia dictando la resolución del contrato y el desahucio del inquilino, aún no se ha conseguido recuperar la vivienda y el okupa lleva ya más de dos años viviendo a costa del propietario.
Esta historia es real y con mínimos cambios, es una historia lamentablemente habitual, que se repite a diario a lo largo de toda la geografía española, y que padecen muchas familias.
Partimos de la idea de que, efectivamente, hay muchas personas en una situación económica complicada y que tienen derecho a una vivienda, pero la obligación de asistencia social corresponde al Estado y, en ningún caso, a los propietarios privados. Y se da la situación paradójica de que, muchos de los propietarios de viviendas en alquiler okupadas, pagan también los impuestos para la asistencia social de esos mismos okupas. Porque
El derecho a la vivienda es una obligación del Estado, no de los propietarios
hay que recordar que, en su inmensa mayoría, los propietarios de inmuebles en alquiler en España son particulares que, con esfuerzo y ahorrando parte de su vida profesional, adquieren una vivienda, buscando conseguir unos ingresos extra para la familia, y no grandes fondos de inversión o grandes inmobiliarias, como a veces se aduce para justificar un cierto tipo de ocupación okupación reivindicativa.
Si una familia se declara en situación de necesidad, es el Estado el que (por ley) debe garantizar el acceso a una vivienda y a las ayudas que sean necesarias, pero en ningún caso trasladar ese mandato constitucional al dueño de la vivienda al que, al menos, debería pagar el Estado el alquiler impagado como responsable subsidiario de la situación de necesidad en que se encuentra esta familia.
El 95% del parque de viviendas en alquiler en España está en manos de pequeños ahorradores, según el informe Claves del Mercado Residencial en España 2020 de CBRE.
Sin embargo, los últimos estudios también demuestran que cada vez hay un mayor interés por parte de fondos e inversores extranjeros en participar en el mercado mediante la construcción de urbanizaciones enteramente destinadas al alquiler. Se trata de un mercado muy desarrollado en otros países y que podría conseguir elevar la oferta de este tipo de viviendas en España y, por tanto, también conseguir un cierto equilibrio en los precios que facilite el acceso a un mayor número de población.
Sin embargo, la incertidumbre legal y el sistema desmesuradamente garantista para el infractor, es el peor enemigo de cualquier apuesta inversora que necesita, ante todo, un escenario reconocido y reconocible para todos. En este sentido, si a las dificultades legales que debe sortear un propietario para recuperar su casa de unos okupas le añadimos además la amenaza de una legislación que pretende actuar sobre los precios del alquiler, no sería de extrañar que esos actores interesados en nuestro mercado inmobiliario busquen destinos más estables, con los consiguientes perjuicios para nuestra economía. Y no está el país para permitirse prescindir de inversiones e inversores de los que, al final, nos beneficiamos todos.