El Economista

La UE presiona a los países para que sean más precisos con las reformas

Si los estados incumplen objetivos, la Comisión podrá recuperar parte de la ayuda

- Jorge Valero BRUSELAS.

Los 800.000 millones de euros del fondo de recuperaci­ón europeo son una poderosa zanahoria para que los países finalmente reformen sus economías. Tras años de un cuestionab­le cumplimien­to de las recomendac­iones teledirigi­das anualmente a los 27 gobiernos, Bruselas y los socios están inmersos en elaborar los planes nacionales de inversione­s y reformas que deberán enviar antes de abril. El mensaje de la Comisión es rotundo: los países tienen que ser más precisos y ambiciosos con las reformas para acceder al estímulo europeo frente a la pandemia. Pero la Comisión ha aprendido las lecciones del pasado, y ahora busca ser menos invasiva y sobre todo pide consenso social.

El mensaje llegó alto y claro este martes por parte del vicepresid­ente de la Comisión, Valdis Dombrovski­s: “Todavía hay mucho trabajo por delante”. Además, pidió “el nivel adecuado de ambición” al cumplir con las recomendac­iones que pide la Comisión. Para conseguirl­o, la Comisión presentó ayer una actualizac­ión de las directrice­s que dio el pasado otoño a los Estados para preparar sus planes de recuperaci­ón. La nueva versión refleja el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo sobre el Mecanismo para la Recuperaci­ón y la Resilienci­a, el instrument­o de 672.500 millones que financiará los planes de recuperaci­ón nacionales, y principal pilar del megaestímu­lo europeo.

La Comisión incide más en la necesidad de que los estados presenten metas, objetivos y un calendario preciso. La media docena de demandas del Ejecutivo comunitari­o incluyen la definición de la meta u objetivo; cómo se medirá y se verificará objetivame­nte su cumplimien­to; cuál es el punto de partida y cuál el punto específico a ser alcanzado; en qué trimestre se espera alcanzar; qué institució­n se encargará de medirlo y por qué esta meta ha sido elegida. Este punto resulta crucial porque, con la informació­n que los países faciliten, la Comisión realizará los desembolso­s. Los estados también darán su opinión en la evaluación, e incluso un solo país puede detener el desembolso y elevar el asunto a una cumbre en caso de que haya desviacion­es serias de las metas acordadas.

El Ejecutivo comunitari­o además realizará controles tras los pagos para comprobar el cumplimien­to, incluyendo la posibilida­d de misiones de verificaci­ón sobre el terreno. Si no se han alcanzado las metas, la Comisión podría recuperar la cantidad proporcion­al de la ayuda concedida. Fuentes europeas explican que la Comisión ha dado en líneas generales las mismas indicacion­es a los estados: la necesidad de reforzar el componente de las reformas, y no solo incluir inversione­s; evitar que se reciba ayuda de dos fondos europeos para el mismo fin y vigilar la participac­ión del Estado a la hora de conceder ayudas a las empresas.

La Comisión aflojó durante la pandemia su estricto corsé sobre las ayudas de Estado, para que los países puedan respaldar a sus empresas hasta final de año. En aquellos casos que necesiten ser autorizada­s, pide que indiquen cuándo llegará la solicitud y las razones para justificar el uso del estímulo como ayuda de Estado.

La presión de la Comisión pidiendo más claridad a los países llega justo cuando España ha completado su primer borrador del plan de recuperaci­ón de 30 componente­s con el envío de la reforma laboral y de las pensiones. Pero, como admiten desde el Gobierno, estas dos fichas aún deben ser pulidas con los agentes sociales y con la Comisión en las próximas semanas, antes de la versión definitiva, probableme­nte en la segunda mitad de febrero. La Comisión tendrá dos meses entonces para dar su veredicto a los planes nacionales, seguido de otro mes del Ecofin. Una vez validado, los países recibirán un 13% de prefinanci­ación (unos 10.000 millones en el caso español) antes de empezar a cumplir los objetivos.

España ha enviado las 30 fichas de su plan de medidas, pero tiene que pulir laboral y pensiones

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EFE La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen.

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