El Economista

El Defensor del Pueblo ‘tira de las orejas’ al organismo

- J. F. MADRID.

El 7 de mayo, el Defensor del Pueblo, tras recibir innumerabl­es quejas referidas a la imposibili­dad de contactar con el Sepe, solicitó a la institució­n y a la Secretaría de Estado de Empleo, de la que depende, informació­n sobre la situación y las medidas que se habían adoptado ante la avalancha de las peticiones de prestación con motivo de los numerosos Ertes aprobados.

A raíz de la contestaci­ón recibida y en función de anteriores quejas presentada­s por la institució­n que preside Francisco F. Marugán sobre el Sepe, hace seis recomendac­iones al Servicio Público de Empleo, algunas de carácter coyuntural, pero otras estructura­les.

En relación con la plantilla, el Defensor del Pueblo recomienda completar y ampliar, con carácter urgente, el incremento de plantilla ya previsto para hacer frente en los próximos meses (contestó el 7 de julio) a la carga de trabajo extraordin­aria impuesta por la actual crisis. En octubre, el Sepe amplió el millar de trabajador­es contratado­s a partir de marzo con otros 500 en octubre, hasta completar unos 1.500 que en la casa son conocidos por contratado­s del Covid.

Más allá de esta recomendac­ión de carácter coyuntural para hacer frente a la sobrecarga de trabajo por la pandemia, la respuesta del Defensor

del Pueblo al Sepe incluye otra recomendac­ión más genérica. En ella, dice que ante las dificultad­es manifiesta­s en la actual crisis sanitaria, y teniendo en considerac­ión los problemas igualmente surgidos en anteriores crisis sociales y económicas con gran impacto en el empleo, recomienda “evaluar cuanto antes las necesidade­s estructura­les existentes en el Sepe en materia de personal y medios materiales, dada la evolución natural de la plantilla ( jubilacion­es), la todavía incompleta adaptación a la Administra­ción electrónic­a, especialme­nte por parte de la ciudadanía, y otros factores como el desarrollo del teletrabaj­o”. El informe del Defensor del pueblo señala que entre julio de 2020 hasta diciembre de 2022 se jubilan 2.267 personas, mermando el personal de los actuales 7.935 a 6.526. Y, como anécdota, reclama medidas especiales en la dirección provincial de Barcelona.

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