El Supremo aumenta el beneficio de las eléctricas en más de 200 millones
La Cartera de Ribera debe concretar el monto para Endesa, Iberdrola y Naturgy
Una sentencia del Tribunal Supremo sobre un recurso presentado por el Gobierno contra una norma aprobada por él mismo, tras detectar un error en el cálculo de la retribución regulada de las redes de distribución, va a elevar los beneficios de las grandes eléctricas en más de 200 millones de euros, al regularizar pagos pendientes desde el año 2016. Endesa, Iberdrola y Naturgy, las más beneficiadas.
La distribución eléctrica es una actividad regulada que se retribuye en función del valor de las infraestructuras y de las inversiones que acometen las empresas. Dicha inversión está limitada al 0,13% del PIB anual y se ha elevado temporalmente al 0,14% entre 2020 y 2022 por el impacto de la pandemia.
En junio de 2017 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió de que al establecer la retribución de la distribución de 2016 –unos 5.000 millones– se había aplicado mal un parámetro para calcular la vida residual promedio de las instalaciones y no se había considerado una pe
Otros
Sistemas No Peninsulares nalización relativa a la lectura de los contadores, provocando una sobrerretribución de las empresas con más de 100.000 clientes –Begasa, EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy–,
Anualidades del déficit
Transporte en perjuicio de los consumidores.
El Gobierno, tras la advertencia de la CNMC, presentó en junio de 2018 un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Supremo contra la norma incorrecta, la orden IET/980/2016, por su lesividad para el interés público. Además, mientras se resolvía el recurso, ha considerado provisionales las liquidaciones anuales de la distribución.
Inseguridad jurídica Las compañías se han quejado reiteradamente de la inseguridad jurídica que les provoca la situación de provisionalidad y además han visto como se generaba una deuda con ellas, porque han seguido invirtiendo, a razón de unos 1.100 millones por ejercicio, sin obtener retribución por los conceptos objeto del recurso; han llegado a evaluar las cantidades pendientes en unos 750 millones.
El pasado mayo se conoció el fallo del Supremo, que consideró adecuado no incluir la penalización por la lectura de los contadores –la CNMC la estimaba en 4,9 millones–, pero anuló las disposiciones con los parámetros erróneos. En julio, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) emplazó al Regulador a formular una propuesta de retribución para 2016.
Pero el cálculo resulta ser muy complejo; por ejemplo, Endesa no tiene registrados elementos totalmente amortizados en sus estados contables y la vida residual de sus activos no varía, pero Iberdrola, Naturgy y Viesgo –hoy absorbida por EDP– han planteado la necesidad de reformular sus cuentas anuales de años previos, ya cerrados.
El Miteco publicó en septiembre la Orden TED/865/2020 para cumplir la sentencia del Alto Tribunal, publicando los nuevos parámetros que sustituyen a los incorrectos. Un mes después, la CNMC le presentó dos cálculos con relación a la regularización del ejercicio 2016, uno con la reformulación de las cuentas de las empresas y otro sin ella, decantándose por el segundo, que implica una reducción de la retribución de 70,1 millones; esta minoración de ingresos no afecta a Endesa, porque al no disponer de los citados registros, no le vincula la sentencia del Supremo.
Este mismo enero, la entidad dirigida por Cani Fernández ha publicado su cálculo de aplicar los nuevos
Costes regulados del sistema eléctrico en 2019
Un recurso del Gobierno contra una norma errónea regulariza pagos desde el año 2016
parámetros a las retribuciones provisionales de 2017, 2018 y 2019, elevando los pagos de la distribución eléctrica pendientes de regularizar hasta los 189,3 millones.
Puede llegar a 500 millones El Miteco quiere dar carpetazo al asunto y liquidar todos los abonos pendientes con una única norma. Para ello debe sacar consulta pública una propuesta regulatoria con su propia estimación del importe de la regularización, que las compañías podrán alegar, aportando sus cifras sobre los ingresos adeudados. A la vista del cálculo de la CNMC, y de que habrá que regularizar también 2020 y, como mínimo, parte de 2021, en el sector se calcula que el monto rondará los 500 millones.
De hecho, en la propuesta de resolución de la CNMC para establecer los peajes de las redes para este 2021, publicada el viernes, el Regulador hace cuatro estimaciones distintas, en función de que el procedimiento de lesividad se resuelva en 2021 o en 2022, e incluya o no incluya la reformulación de las cuentas, con subidas y bajadas que oscilan entre el 1% y el -4,4%.
Atendiendo a buenas prácticas contables, la regularización debería aumentar directamente el beneficio de las empresas, porque no deben haberse anotado pagos inciertos. De acuerdo con su peso en la distribución, Endesa obtendría un 42%, Iberdrola un 35%, Naturgy un 15%, EDP un 7% y Begasa un 1%.