Más de 11.000 empresas se saltan la ley de atención al cliente sin números 900
Se enfrentan a sanciones de hasta 600.000 euros por no habilitar un teléfono sin coste para el usuario
Más de 11.000 empresas de casi una decena de sectores empresariales estratégicos se enfrentan a sanciones administrativas de entre 3.000 y 600.000 euros en el caso de que no habiliten un teléfono de atención al cliente gratuito. La decisión, aprobada por el Gobierno en el último consejo de ministros del año pasado, ocupa estos días a miles de compañías sin este tipo de servicios. Según ha podido averiguar elEconomista, “apenas unas pocas han cumplido con la normativa”, mientras que el universo afectado supera las 11.000 empresas, según estimaciones del sector.
En concreto, se trata del Real Decreto-ley 37/2020 de 22 de diciembre que introduce esta medida para las empresas de servicios básicos de interés general, que incluye a compañías de transporte de viajeros, mensajería, sanidad privada, suministro de agua, gas y electricidad, servicios financieros y de seguros, y todos los suministradores de recogida de residuos locales. Todos ellos están afectados por esta medida, que les obliga a costear íntegramente las llamadas que reciban de sus clientes.
Por lo pronto, organizaciones de consumidores como Facua ya han denunciado a seis aerolíneas por no tener teléfonos gratuitos de atención al consumidor, entre ellas IAG, así como la aseguradora Línea Directa y la empresa de mensajería y logística Seur. En todos los casos, las denuncias se han tramitado a través de las autoridades de Consumo de las 17 comunidades autónomas. Además, las organizaciones de consumidores no solo han empezado a movilizarse, sino que se preparan ya para una campaña masiva de información ciudadana, con el fin de “fomentar que se denuncien o den a conocer estas irregularidades, y movilizar al consumidor para que reclame su derecho a contar con un número de contacto gratuito con estos servicios”.
Desde que el Ministerio de Consumo impuso el pasado 22 de diciembre limitaciones al uso de líneas de tarificación especial obligando a las empresas de servicios básicos a ofrecer un número de atención al cliente gratuito, las asociaciones de consumidores han empezado a movilizarse y a denunciar a las empresas que no están cumpliendo con la ley. Empresas de transporte de autobús, aseguradoras o mensajerías aún están ofreciendo un número de teléfono geográfico o uno de tarificación especial, cuyo uso ha quedado prohibido para estas compañías.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua, señala que “estamos peinando todos los sectores afectados que deben contar con esta numeración gratuita, y muy pocas empresas lo están haciendo”. Se refieren a los sectores establecidos en el decreto, que menciona a las empresas de servicios de “carácter básico de interés general”.
La definición genérica del Real Decreto Ley no parece ser suficiente para especificar qué empresas se encuentran afectadas. Sectores como los de mensajería y paquetería no se consideran aludidos, tal y como nos confirma la Asociación Española de Empresas de Mensajería (AEM), que entiende que la Ley se refiere solamente a aquellas empresas que prestarían el llamado “servicio universal postal”, incluido en una categoría distinta a