España nos roba y Madrid es un paraíso
Después de ordenar uno de los encierros domiciliarios más severos del mundo durante el estado de alarma, ahora no parece importar que miles de catalanes puedan infectarse por acudir a votar este domingo, 14 de febrero. El exministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, antepone así la política a la salud de los ciudadanos.
Los sondeos lo sitúan entre los favoritos. Pero el tiro puede salirle por la culata, porque la elevada abstención prevista pasará factura de votos en el cinturón industrial de Barcelona, uno de sus graneros de votos.
¿Qué cambiará si gana los comicios? Pues siento decir que las perspectivas son igual de pesimistas, tanto si vence como si no. En caso de victoria, la hipótesis de un gobierno tripartito entre socialistas, comunes y ERC es la opción favorita de los empresarios, porque aliviaría las tensiones en Cataluña, pero reforzaría la actual coalición de Gobierno en Madrid, que tantos quebraderos de cabeza ocasiona al mundo económico.
Sería como repetir el pacto del Tinell de 2003, una experiencia terrible, aunque esta opción ha quedado descartada después del acuerdo independentista para conjurarse contra el exministro de Sanidad.
El escenario de que Illa pierda tampoco cambia mucho las cosas. El pacto con Ciudadanos, PP y Vox es imposible y la repetición de un Ejecutivo, con marchamo independentista entre ERC, Junts pel Sí y la CUP, consolidaría la pésima gestión de la última legislatura, con alzas de impuestos indiscriminadas e inseguridad jurídica.
Artur Mas puso de moda la frase del “España nos roba”, porque las inversiones del Estado eran significativamente menores que en la capital de España. Este año, lograron elevarlas hasta el 16,5 por ciento del PIB. Pero el resultado será el mismo, porque el grado de ejecución de las obras es muy bajo, debido a la maraña burocrática creada por las administraciones. Del Fondo Social Europeo, donde no interviene el Estado, solo se ha gastado 70 de los 609 millones que tiene asignados (poco más del 10 por ciento) y en los fondos de desarrollo regional, 300 de los 1.671 millones, un poco más.
Desde el referéndum de 2017, Cataluña ha perdido su liderazgo, su Producto Interior Bruto (PIB) representa el 19 por ciento del español, tres décimas por detrás de Madrid. En 2019, el ejercicio previo al Covid, creció el 1,8 por ciento, frente al 2,6 por ciento de Madrid, y el año pasado aún fue peor. Barcelona se desplomó el 11,7 por ciento, frente al 10,5 por ciento de Madrid. Y en Girona, hubo un hundimiento del 14,2 por ciento, tres puntos por encima de la media nacional, debido al peso del turismo.
La gestión de la pandemia por parte del Govern ha sido desafortunada. Los estrictos cierres horarios suponen un mazazo para el turismo, que representaba el 12 por ciento del PIB catalán. Una tasa que prácticamente se duplica en ciudades como Barcelona. La renta per cápita de los catalanes (31.111 euros), que estaba ya por debajo de la de los madrileños (35.876 euros), sufrirá un varapalo adicional.
Para tapar estos malos datos, la estrategia de los líderes independentistas fue trasladar que, con los ingresos extra de la capitalidad, Madrid ejerce un dumping fiscal para atraer inversiones y patrimonio a su territorio. Una idea compartida con entusiasmo tanto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como por el candidato Illa.
Otra mentira como la del España nos roba, ya que Madrid devuelve estos ingresos como primer contribuyente del fondo de solidaridad autonómica. Tres de cada cuatro euros de este fondo son aportados por la Comunidad de Madrid.
Según desveló el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, 65.000 de los 84.000 millones recaudados en la comunidad autónoma se destinan a financiar gastos de otras autonomías y corporaciones locales, mientras que Cataluña contribuye con 11.000 millones y Baleares, una de las autonomías ricas, solo con 2.000 millones. La presidenta Isabel Díaz Ayuso denunció en una reciente visita a Barcelona que los catalanes soportan 13 impuestos autonómicos frente a solo dos de Madrid . La diferencia está en la gestión manirrota del Govern. El proçés provocó el éxodo de 7.000 empresas a otras ciudades, principalmente la capital de España, mientras que atrajo a 2.500 nuevas. Los catalanes quitan importancia a este asunto, con el argumento de que, en la mayoría de los casos, solo ocasionó el traslado de unas pocas tareas administrativas, mientras que la mayoría de los trabajadores y los activos permanecen en Cataluña. El cristal siempre es del color con que se mira. Es cierto que el daño es mucho menor del esperado, pero el goteo de sociedades y de trabajadores es incesante. Un estudio de BBVA señala que el año posterior al 1-O, Cataluña creó 30.000 empleos menos que en una situación normalizada. En Quebec, que a finales de los 90 pasó por varios referendos independentistas, la decadencia sobrevino mucho más rápido que en Cataluña porque su riqueza estaba basada en grandes bancos y aseguradoras, que huyeron con todo el personal desde Montreal a Ottawa. El predominio industrial en Cataluña ralentiza el proceso por la dificultad en el traslado de los activos, como hemos visto, pero redirige las inversiones nuevas hacia otras regiones españolas o, incluso, hacia otros países. Así ocurrió, por ejemplo, con la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). La inversión extranjera en Cataluña creció el 64 por ciento en el trienio de 2016 a 2018, solo una cuarta parte que en Madrid (259% de aumento en el mismo período). En las elecciones del pasado 1 de octubre, el soberanista Partido Quebequés (PQ) quedó relegado a la cuarta posición, con el 17 por ciento de los
Madrid destina tres de cada cuatro euros recaudados al fondo solidario de las autonomías
votos, muy lejos del 49,4 por ciento alcanzado en el referéndum de 1995.
La prensa canadiense explica esta derrota porque muchos de los ciudadanos que se movilizaron en la consulta independentista de mediados de los noventa sufren “fatiga referendaria”, derivada de los profundos costes de división de la sociedad quebequesa.
La misma fatiga que comienzan a sentir los ciudadanos catalanes como consecuencia de la amenaza de una nueva declaración de independencia, si el bloque soberanista repite en el Gobierno; a lo que hay sumar otras incertidumbres como la politización de las instituciones; la ineficacia de la Generalitat, el deterioro de la seguridad jurídica o el conflicto social permanente.
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, alzó este jueves su voz para demandar seguridad jurídica en el mercado del alquiler, que sufre una fuga de inversores por los vaivenes en su regulación autonómica y local.
Ninguna de estas circunstancias, sin embargo, parece que es óbice para el apoyo al soberanismo, que sigue enraizado en la sociedad catalana con tasas de aceptación superiores al 45 por ciento, tras perder solo algunos puntos desde el referéndum. Las pymes y autónomos, pese a cargar con los efectos de la pandemia y los errores en su gestión, son uno de los bastiones del nacionalismo.
Con este panorama dantesco, Cataluña necesita un ejecutivo regenerador de la confianza perdida, para restablecer la normalidad. Una quimera, de momento.
El conflicto social y el deterioro económico no tienen visos de detener su curso sea cual sea el resultado electoral de este domingo. Cataluña es un garbanzo negro que oscurece aún más las perspectivas en toda España, donde la prolongación de la pandemia y la falta de ayudas directas a la hostelería han creado una economía zombi, que amenaza con provocar una catarata de concursos y quiebras a la vuelta del verano.
PD.-La polémica entrada del fondo de pensiones australiano IFM en el capital de Naturgy ha destapado las divisiones dentro del Ejecutivo. El todopoderoso ministro de Transportes, José Luis Ábalos, está en contra de la operación por la merma de españolidad para el control de un activo estratégico como el gas, al igual que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
El peso político de Ábalos como secretario de organización del PSOE supone una importante rémora para la operación. Para más Inri, como reveló elEconomista, un informe de los analistas de Credit Suisse, el banco que asesora a IFM, cuantifica en 4.3000 millones las desinversiones en Naturgy.
Una suma tentadora en el caso de que la intención de los fondos propietarios de la eléctrica sea venderla por trozos para sacar mayor partido a su inversión. Si la operación progresa, el Gobierno debería exigir garantías para que no sea descuartizada como una vaca en un matadero después de aprovechar su leche.