El Gobierno vasco rechaza apelar el auto en su contra y deja abiertos los bares
La decisión alienta al sector hostelero nacional a presentar demandas y recursos
El Gobierno vasco confirmó ayer que rechaza recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) del pasado martes, que permitió la reapertura de la hostelería en municipios en zona roja por alta incidencia de contagios de coronavirus.
Esta decisión del tribunal supuso un fuerte varapalo a la gestión que realiza el Ejecutivo autónomico en su lucha contra la pandemia y que está respaldada por el comité técnico de expertos del Labi (Plan de Protección civil de Euskadi).
Además, animó a todo el sector hostelero nacional a presentar recursos en sus comunidades y reclamar indemnizaciones por los perjuicios causados por las restricciones impuestas. En el País Vasco, las indemnizaciones solicitadas pueden oscilar entre los 10.000 y los tres millones de euros, en función del establecimiento, que abarca desde pequeñas tabernas hasta restaurantes con estrella Michelin, como Arzak.
La hostelería vasca recurrió el decreto porque argumentó que el sector no era el causante del aumento de contagios tras la Navidad, sino “la relajación de las medidas de movilidad y reunión” acordadas por parte del Gobierno vasco.
Quebranto económico En el auto, el Tribunal Superior de Justicia vasco aclaró que “no se pueden establecer con claridad los efectos de la hostelería en los contagios de coronavirus” y que, por el contrario, sí se podía advertir el “grave quebranto económico” de la medida para los hosteleros.
Así las cosas, el lehendakari Iñigo Urkullu anunció ayer que los servicios jurídicos declinan apelar -aunque tenían plazo hasta el próximo lunes- por dos razones: no existe la posibilidad de aportar nuevas pruebas y, además, el recurso se realizar en la misma sala judicial, “con lo que las posibilidades de prosperar se reducen”.
Aseguró, asimismo, que respeta el auto, pero ni lo comparte ni lo entiende. “Ignorar la realidad y hacer una interpretación naif de la pandemia, solo puede llevar a decisiones inexplicables”, aseveró.
No obstante, el presidente vasco afirmó que “nos asiste la razón y lo probaremos cuando se dilucide el fondo de la cuestión, ya que ahora estamos en cautelares”.
El lehendakari rechazó la posibilidad de recusar al ponente de la resolución judicial, Luis Garrido, al entender que este no actúa contra el Gobierno, sino contra “la evidencia de la pandemia, de los criterios epidemiológicos y de los de los profesionales sanitarios”.
Carta a Sánchez Para evitar este tipo de trabas, Urkullu aprovechó para volver a reclamar al Ejecutivo central mecanismos legales necesarios, dentro del actual estado de alarma, para que las comunidades autónomas puedan adoptar sus decisiones contra la pandemia con “garantías jurídicas”. En este sentido, el lehendakari remitió una carta al presidente Pedro Sánchez solicitando las herramientas necesarias para gestionar la pandemia. Euskadi y el resto de CCAA siguen esperando la respuesta de Moncloa al respecto. Iñigo Urkullu compareció tras la reunión del Consejo Asesor del Labi, para presentar el Plan Bizi Berri III, que recoge la estrategia de respuesta comunitaria y de regulación de las actividades sociales para hacer frente al Covid-19 y garantizar la salud pública. Durante su intervención también leyó el dictamen elaborado por la comi
sión técnica del Labi, que muestra que “la evidencia científica disponible y las directrices de los organismos internacionales avalan, particularmente en contextos con tasas de incidencia muy alta, las medidas adoptadas en Euskadi”.
Urkullu explicó, además, que la estrategia del Gobierno vasco se ha actualizado y adaptado a la evolución de la pandemia con previsiones de actuación para el periodo febrero-junio. “El objetivo fundamental sigue siendo evitar el confinamiento riguroso, el colapso sanitario, el cierre educativo, el coma económico y el aumento de las brechas sociales.
Asimismo, el Plan Bizi Berri apuesta por un mayor acuerdo en Europa y en el Estado y plantea una propuesta para armonizar las principales medidas a adoptar.
El Labi acordó prorrogar el decreto vigente 20 días e introdujo dos excepciones al confinamiento municipal y permitir la movilidad entre municipios colindantes.